Inhabilita SFP a Cyber Robotics, empresa del hijo de Bartlett
Un ventilador espera ser utilizado para un paciente con Covid-19 que sufre un paro cardíaco en el Hospital St. Joseph en Yonkers, Nueva York.
Ciudad de México. La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó a la empresa Cyber Robotics Solutions S.A. de C.V., propiedad de León Bartlett Álvarez, hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, por irregularidades detectadas en contratos con la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo para la venta de respiradores mecánicos.
Esa empresa vendió en 31 millones de pesos 20 ventiladores a la delegación del IMSS, por lo que cada equipo tuvo un costo de un millón 550 mil pesos, precio muy elevado y “fuera del rango del mercado”, según la dependencia.
La SFP informó este lunes en el Diario Oficial de la Federación que las sanciones aplicables a esta compañía privada son 24 y 27 meses de inhabilitación para establecer contratos con el gobierno de la República, así como dos multas, que suman más de dos millones de pesos.
Además, fueron suspendidos cuatro servidores públicos adscritos al IMSS-Hidalgo por su posible complicidad en estas acciones irregulares.
La titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, informó que a lo largo de la pandemia se han supervisado más de dos mil procesos de contratación en el sector salud y recibido 722 denuncias ciudadanas por presuntos hechos ilícitos.
El pasado 17 de abril se le adjudicó de forma directa un contrato a la empresa de Bartlett Álvarez, hoy inhabilitada, la cual no produce insumos médicos, con la justificación de que había una necesidad urgente de atender a enfermos de Covid-19 en Hidalgo.
“Las oportunas acciones de la SFP evitaron cualquier daño patrimonial al Estado y revelaron que la contratación se sustentó en falsedades”, indicó en un comunicado.
Injustificada urgencia; equipos en mal estado
En su investigación, la dependencia identificó que el precio ofrecido por la empresa estuvo fuera del rango del mercado. Así quedó demostrado por la compra, en el mismo momento, de equipos similares a otra empresa por un precio mucho menor, así como por el costo de los equipos adquiridos recientemente por la cancillería y otras entidades del gobierno federal.
Agregó que la supuesta urgencia para adquirir los ventiladores en el IMSS de Hidalgo no tuvo sustento durante las fechas de la contratación. Los equipos jamás fueron utilizados en la entidad, así que la justificación de “entrega inmediata” resultó insostenible.
La empresa de Bartlett Álvarez proporcionó información falsa respecto a la supuesta disponibilidad inmediata de los equipos adjudicados, los cuales “se entregaron tarde, en abierto incumplimiento de las bases de adjudicación y desmintiendo de nuevo la supuesta urgencia”.
La SFP subrayó que ni uno solo de los 20 equipos entregados cumplió con las especificaciones técnicas contratadas, pues se entregaron equipos viejos, usados y en mal estado: 11 estaban rotos y totalmente inservibles, tal y como ahora lo reconoce el propio IMSS.
Se evitó daño patrimonial
La SFP indicó que ante las denuncias contra esta empresa se actuó de inmediato y como resultado de una visita de verificación realizada el pasado 7 de mayo de 2020, el IMSS se vio obligado a devolver los equipos al proveedor, lo cual evitó el daño patrimonial al Estado.
“Durante el viejo régimen no se castigaron ni los desfalcos más dispendiosos, inmorales y evidentes, como el icónico Fobaproa, que mermó la riqueza de la nación por generaciones y que incluso hoy seguimos pagando. Hoy, en estricto apego a la legalidad y garantizando el debido proceso para todos los involucrados, el gobierno actúa y sanciona todas las infracciones cometidas, incluso sin que se hubiera consumado ningún daño al erario”, señaló la secretaria Sandoval Ballesteros.
Además de las irregularidades cometidas por la empresa sancionada, la SFP también investiga la posible comisión de faltas administrativas por parte de servidores públicos vinculados al proceso de adquisición.
Dada la relevancia de las presuntas faltas que se imputan en el contexto de la contingencia sanitaria, la Función Pública ordenó como medida cautelar —en apego a las disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas— la inmediata suspensión de cuatro servidores públicos investigados, adscritos al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Hidalgo.
“Ya se han concluido todas las etapas procesales de este procedimiento administrativo y próximamente se emitirá la resolución sancionadora correspondiente”.
La funcionaria afirmó que con estas acciones “se demuestra con hechos que la transformación de México y su cruzada contra la corrupción avanza con buen paso y que en esta lucha no hay intocables ni perseguidos. Ya no se permite el contubernio entre intereses públicos y privados que durante el neoliberalismo causaron la profunda y vergonzosa desigualdad económica, la violencia y la degradación de lo público”.
