El Gobierno de México invirtió dos millones de pesos para realizar un nuevo monitoreo acústico de la población de vaquita marina, reveló María Luisa Albores, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Durante la Segunda Sesión Ordinaria del Grupo Intragubernamental sobre la Sustentabilidad en el Alto Golfo de California (GIS), la encargada de la política ambiental del país, dio a conocer que del 21 al 26 de julio se instalaron 33 hidrofonos dentro del refugio del mamífero en mayor peligro del mundo, que serán recuperados en la semana del 15 de agosto, para poder estimar un nuevo número de ejemplares.
Excélsior informó en febrero de 2019 que pescadores furtivos se robaron más de 30 detectores acústicos tipo boya colocados en altamar que servían a la comunidad científica a monitorear la actividad de la vaquita marina y que tienen un costo aproximado de 30 mil pesos cada uno.
En la reunión en la ciudad de Mexicali, Baja California, la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Blanca Alicia Mendoza, aseguró que con la publicación de los factores detonantes para el cierre de las pesquerías en la región, no se mina ni disminuye la protección en la “Zona de Cero Tolerancia” de la vaquita marina.
De acuerdo con organizaciones ambientalistas y activistas como Leonardo DiCaprio y Jean-Michel Cousteau, el permitir hasta 65 embarcaciones menores en la zona núcleo de la vaquita marina antes de prohibir la pesca, se elimina de facto esta área donde históricamente se registró la mayor presencia de la especie, y en la que no debería existir ni una sola actividad ilícita.
La procuradora ambiental detalló que esta nueva regulación lo que busca es ir disuadiendo a los pescadores furtivos, porque no sólo se requiere el uso de la fuerza pública y el ejercicio de la facultad sancionadora del Estado, “sino irlo manejando de la mejor manera posible”.
“Quiero reiterar que la intención de la autoridad, por supuesto que no es de ninguna manera llegar a estas medidas extremas, como ustedes lo ven, nuestra intención como autoridades, y por eso nuestra presencia, es estar cumpliendo con el ejercicio de las funciones de vigilancia e inspección invariablemente conforme a Derecho”, indicó.
La titular de Profepa también aprovechó la oportunidad para tratar de explicar el cierre de la oficina en Ensenada, ya que momentos antes, el representante del Gobierno de Baja California le recriminó esta situación, ante la necesidad de combatir los delitos ambientales.
Blanca Alicia Mendoza dijo que sigue las indicaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de trabajar en unidad y coesión, porque hasta ahora tres subdelegaciones en distintos puntos del estado “estaban desbalagadas”, además de que acusó a inspectores de actos ilícitos que ya fueron denunciados ante la Contraloría Interna, que tienen que ver con el establecimiento de montos de reparación del daño en la pesca ilegal de pez Totoaba.
“Porque hemos trabajado fuerte con la FGR para llegar a una conclusión en cuanto a lo que tiene que considerarse como monto de reparacion del daño, tratándose de la pesca ilegal de Totoaba, y nos ha costado mucho trabajo y después de mucho trabajar, hemos tenido asuntos en los que lamentablemente detectamos y tuvimos que presentar, – y no sin que nos duela por supuesto, porque todos somos servidores publicos -, denuncias a la Contraloría, porque se bajó de manera irresponsable y de manera totalmente ilegal el costo del ejemplar de Totoaba afectando nuestros asuntos”, indicó.
