Comuneros de Bajos de Coyula y Bajos del Arenal, pertenecientes al núcleo agrario de Santa María Huatulco, que han sido afectados por la inclusión de sus viviendas y terrenos de cultivos en las poligonales que con un decreto presidencial pasarían a ser parte de Áreas Naturales Protegidas (ANP), exigen que se haga una revisión del caso, a fin de evitar movilizaciones por parte de la comunidad agraria, ya que no han sido escuchados por el gobierno federal.
Al no ser atendidos, los comuneros del núcleo agrario de Santa María Huatulco promoverán un juicio de amparo para la reversión de más de 20 hectáreas de las que fueron despojados desde hace un poco más de 39 años, después de que se les expropió sus tierras de las cuales posteriormente se hizo cargo el fondo Nacional para el Turismo (Fonatur).
Luego del decreto presidencial y que se encuentra en plena transición del Fonatur al gobierno del estado para que sea administrado a partir de enero próximo, además de que el pasado 6 de julio la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP) publicara un estudio para la declaración de tres poligonales que suman alrededor de 6 mil hectáreas, los afectados directamente, comuneros y habitantes de las comunidades de Bajos de Coyula y Bajos del Arenal, se muestran desconcertados por la actuación del gobierno federal al no hacerles “justicia”, ya que han sido excluidos del proyecto de desarrollo turístico; así como de programas federales desde hace varias décadas.
En litigio desde 1984
El presidente de Bienes Comunales de Santa María Huatulco, Julio César Cárdenas Ortega, explicó que desde el decreto presidencial del 28 de mayo de 1984, existen temas aún vigentes; “el litigio de las tierras no ha terminado, la comunidad agraria tiene un juicio en proceso, el juicio del pago justo, se reclama el pago de una indemnización que no fue correcto lo que se le pagó a la comunidad agraria y desde esa fecha no ha estado de acuerdo de lo sucedido y pugnado para que se le restituya; además de la superficie de tierra que Fonatur no desarrolló durante todo este tiempo”, detalló.
A raíz del anuncio por parte del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, sobre la desaparición de Fonatur en Huatulco, los comuneros han buscado la manera de aprovechar la coyuntura para que la superficie no desarrollada por la dependencia federal, se le restituya a la comunidad agraria a quien le fue expropiada.
Se trata de una superficie ingresada en la escritura 150 “y que lo más viable, que de una desincorporación de esa escritura, se le asigne a la comunidad agraria y sea la propia comunidad que le dé la asignación de acuerdo a como ha sido ocupada la posesión desde años antes de 1984. Hay gente que tiene 70, 80, 90 años y que nació en Bajos de Coyula, Bajos del Arenal y Cacaluta, pero el gobierno básicamente desde el 25 de mayo de 1984 lo constituyó como comunidad agraria para que a los tres días pudiera desarrollar un decreto expropiatorio, con la idea de poder aprovechar las tierras agrícolas”, manifestó el comisariado de Bienes Comunales.
Explicó que la expropiación de esas 20 mil 925 hectáreas sería para utilidad pública, sin embargo, no se llevó a cabo y se le asignaron a Fonatur para que comercializara la superficie, lo cual convirtió en una escritura 150 para desincorporar en predios que fue vendiendo o desarrollando turísticamente.
Derecha: Infraestructura de Bajos de Coyula.
De utilidad pública a Áreas Protegidas
Con la idea del gobierno federal de crear Áreas Nacionales Protegidas, “le cambia el giro u objeto para lo cual fueron expropiadas esas tierras, no para reservas naturales, sino para utilidad pública y desarrollo urbano”, comentó Cárdenas Ortega.
Agregó que desde organizar un desarrollo turístico para Huatulco, el gobierno ha creado un negocio para el propio Fonatur, “que no fue un negocio para la comunidad agraria y que desde ahí ha estado mal, desde la expropiación, el 23 de mayo de 1984 se firma el convenio de expropiación y el 25 de mayo de ese mismo año se constituyen la comunidad agraria y a los tres días expropian el territorio”, dijo.
Señaló que como hace 39 años hicieron mal las mediciones, a como lo está realizando actualmente el gobierno federal, “no hacen las mediciones en el terreno físicamente, lo hacen sobrevuelo, a través de drones generan los polígonos para cumplir con un proceso; el gobierno lo que está haciendo en este 2023 es, desaparecer todo el territorio repartir todo ese territorio que no desarrolló Fonatur en Áreas Nacional Protegidas y una vez que se vuelva decreto se la entregará a la CONANP”, agregó.
Con la entrega de los polígonos a la CONANP, cualquier actividad que se desarrolle o que se ha venido realizando que no se encuentre dentro del Plan de Manejo puede causar un delito federal; existen en la comunidad muchas familias que viven de la agricultura, ganadería y pesca.
Hasta el momento, dijo el entrevistado, el gobierno federal no ha tenido contacto con las comunidades de Bajos del Arenal, Bajos de Coyula y Cacaluta, en donde viven ciudadanos oriundos y muchos de los que formaron esas comunidades han muerto.
El gobierno sigue un proceso y la comunidad en un incierto
Para los comuneros, el tiempo transcurre y se encuentran en un incierto, están en un proceso para llevarse a cabo dicho decreto de nuevas hectáreas de Áreas Naturales Protegidas y los tiempos vencen el 5 y 6 de agosto próximo a consideración de las autoridades estatales, municipales, organizaciones, personas físicas y quienes se encuentren a favor de una consulta pública.
El tema de las nuevas Áreas Naturales Protegidas vence el 17 de agosto de este año para que sea entregado a la CONANP y a partir del 1 de enero 2024 lo que administra el Fonatur será administrado por el gobierno del estado.
Centro: Polígonos a convertir en Áreas Naturales Protegidas.
Derecha: Julio César Cárdenas Ortega, presidente de Bienes Comunales de Santa María Huatulco.
A 39 años de abandono
La comunidad agraria no está de acuerdo y exige un juicio de pago justo; reclama las 900 hectáreas que vendió Fonatur fuera de su escritura 150 y pide la certeza jurídica que les fue arrebata el 28 de mayo de 1984 a las comunidades de Bajos de Coyula y Bajos del Arenal, tierras que han tenido en posesión pobladores de dichas comunidades por generaciones.
Se trata de terrenos agrícolas altamente productivos, ubicados en lugares indudables que la población conoce desde hace varios años, hasta dónde son los niveles que alcanzan los ríos para generar las zonas urbanas.
Desde hace 39 años, las comunidades de Bajos de Coyula y Bajos del Arenal han quedado en el completo abandono por parte del gobierno federal, “una vez que nos metieron en el polígono de expropiación quedaron abandonados la infraestructura carretera, eléctrica, obra pública que hay como agencia, clínicas, casas de salud, canchas de futbol, de basquetbol, las ha generado los mismos gobierno municipales con recursos propios que tiene la comunidad, bajo algunas exigencias o demandas que ha tenido con sus autoridades y el gobierno federal no ha hecho ninguna inversión en esas poblaciones”, expresó Julio Cárdenas.
Sin escuchar al pueblo, se van al amparo
El presidente de los Bienes Comunales recordó que existen documentos que desde el año 1960 el gobierno federal tenía la intención de una expropiación para formar comunidades agrarias, con una resolución presidencial y colindancia con el núcleo agrario de San Mateo Piñas, no obstante, con un amparo interpuesto por el núcleo agrario de Benito Juárez se vino abajo.
Si el gobierno no escucha a la comunidad agraria mediante un oficio en el que nos inconformamos sobre lo que está realizando, así como oficios elaborados por habitantes y comuneros de las poblaciones de Bajos del Arenal y Bajos de Coyula como comunidad, hacia la Secretaría del Medio Ambiente, y si el gobierno no escucha que está incurriendo en un delito porque está dejando dentro de un polígono dentro del Área Natural Protegida a viviendas y terrenos de cultivos, nos iríamos a un amparo”, sentenció.
