De pronto, como sin proponérselo, a la chita-callando, las narco bandas se iban incrustando en el gobierno mexicano: federal, estatales y municipales, en las Cámaras legislativas también…
Pero por supuesto nadie desde el gobierno o las instancias electorales ya controladas por el gobierno 4-T hacían caso de la advertencia de muchos especialistas en materia electoral, en materia de criminología y de políticos que sí lo son.
Había algo que llamaba mucho la atención durante las campañas electorales-2024. Por lo menos así entre los más suspicaces. Incluso lo reportaron las agencias de evaluación electoral nacionales e internacionales, lo que en México, entre la clase política y la gente de a pie, causaba estupor pero también silencio cómplice:
El proceso electoral 2023-2024 fue el más violento en la historia moderna de México, con 39 candidatos a puestos de elección popular asesinados, según publicó la Consultora Integralia el 8 de julio de 2024 en su evaluación de las elecciones en México de 2024. Asimismo reportado por CNN:
Que a lo largo del proceso hubo 889 víctimas: secuestrados, desaparecidos, amenazados, golpeados y, sobre todo, el asesinato de 39 aspirantes o candidatos a cargos de elección popular.
El análisis de la firma, comprendía el período que va de septiembre de 2023 hasta el 2 de junio de 2024, día de las elecciones generales: El lapso registró mayores niveles de violencia que los procesos electorales de 2018 y 2021, según su informe.
Cifras similares reportaron el 2 de julio de ese mismo año “Votar entre Balas”, las organizaciones “Armed Conflict Locationand Event Data”; “Data Cívica” y “México Evalúa”. Y, según esto, la violencia se concentró en las regiones del centro, occidente y sureste del país.
Al respecto el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador justificó: “Hay más homicidios pero hay menos violencia”. Y que ‘El ascenso en esa cifra responde a la creación de bandas durante gobiernos anteriores, que son las que hoy actúan’.
Es muy probable que los sistemas de inteligencia del gobierno mexicano sepan quién es quién en los puestos de elección popular, legislativos y la función pública. Porque muchos de los delitos ocurridos entonces pudieron ser para sustituir a candidatos o aspirantes naturales por gente comprometida con el crimen organizado.
El gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum y gobernadores, presidentes municipales y legisladores lo han negado.
Pero a la llegada del republicano y ultraderechista Donald Trump a la presidencia de EUA comenzó a presumirse el involucramiento de estos grupos en el gobierno mexicano en sus distintos niveles.
Trump tiene información de lo que ocurre en México por sus propios sistemas de inteligencia, espionaje, infiltraciones… Pero también tiene a la mano la declaración de los detenidos mexicanos vinculados al narcotráfico que se han declarado inocentes para ser ‘informantes protegidos’, lo que significa que colaboran con el gobierno de EUA para dar a conocer quién y quiénes están involucrados con el crimen organizado en México.
Trump ha insistido en que el gobierno mexicano denuncie y detenga a miembros de gobierno vinculados con el narcotráfico. El gobierno mexicano ha insistido en que no hay ese vínculo y que, en todo caso, corresponde a México investigar cualquier caso de excepción con base en su soberanía y a los modelos de colaboración que se han establecido con EUA.
Lo dicho: La presidente de México niega que ocurra este fenómeno político-criminal. Está en su razón para negarlo. Es un tema espinoso y tiene que ver con el futuro político de su “Movimiento” como su compromiso con fuerzas políticas de México, de hoy y antes.
Pero Trump insiste. Y si la presidente quiere seguir siendo “la mujer elegante, inteligente y gran líder”, como la ha calificado, y si quiere evitar aranceles o sanciones o intervenciones militares en territorio mexicano ha tenido que comenzar esa limpia de gobierno.
Es el caso del presidente municipal de Tequila Jalisco, Diego Rivera Navarro, quien fue detenido junto con tres de sus altos mandos el jueves 5 de febrero allá mismo.
Llegó a la alcaldía por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), al ser electo en 2024. Se le acusa de presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación y del delito de extorsión a empresas tequileras…
El 13 de mayo de 2025, Diego Rivera se compareció ante la Fiscalía Estatal por permitir que el día 4 de ese mismo mes se presentara el grupo musical “Los Alegres del Barranco” y que interpretaran un corrido dedicado a Nemesio Oseguera Cervantes, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, por lo que se configuró el cargo de apología del delito para la agrupación.
El 18 de junio se presentaron agentes federales al Museo Nacional del Tequila ya que el alcalde lo había ocupado y habría ordenado modificaciones no autorizadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Regidoras, incluso de su mismo partido, lo denunciaron de acoso; sus propios compañeros del Cabildo lo han señalado de hostigamiento y acoso también.
Desde el principio de su administración, varios tequileros manifestaron su inconformidad ante presuntas extorsiones que realizaba el presidente municipal.
Además existe presunta responsabilidad en el secuestro del precandidato de Morena a la alcaldía de ese municipio, Guillermo Cordero García, y de su suplente, Julio Alejandro García Gutiérrez, en 2021, “Con la intención de despejar su camino rumbo a la elección.”
Poco a poco se irá desgranando la mazorca; poco a poco sabremos quién es quién en la política mexicana. Por ahora las detenciones del gobierno federal refieren a funcionarios de medio pelo. ¿Ocurrirá lo mismo con políticos y funcionarios de alto nivel?
A diferencia de lo que le pudieran argumentar sus asesores a la presidente Sheinbaum, los mexicanos veríamos con buenos ojos esa limpia nacional en la política-crimen. A menos que no se quiera mover una hoja del árbol político nacional porque podrían caer muchas ramas… o el árbol mismo.
