Durante años, la frase “en México gobiernan los cárteles” fue descalificada como exageración, propaganda o incluso traición a la patria. Se dijo que era una narrativa fabricada desde Washington y amplificada por la oposición. Sin embargo, hoy esa afirmación regresa al centro del debate público, no ya desde el sexenio de Felipe Calderón, sino desde la posición cada vez más explícita de Estados Unidos, que observa a México como un país donde el crimen organizado no solo disputa territorios, sino que influye —o sustituye— funciones básicas del Estado.
Calderón fue duramente criticado por haber declarado la “guerra” al narcotráfico. Morena construyó buena parte de su identidad política sobre la idea de que esa estrategia fue fallida, sangrienta e innecesaria. Y es cierto: la violencia se disparó, hubo costos humanos y se cometieron errores. Pero una cosa es cuestionar la estrategia y otra negar el diagnóstico de fondo. Hoy, incómodamente, ese diagnóstico parece más vigente que nunca.
Estados Unidos no habla por hablar. Sus alertas, informes de agencias, acusaciones de tráfico de fentanilo y señalamientos sobre territorios controlados por el crimen no surgen de la nada. Reflejan una preocupación real: la expansión del poder de los cárteles mexicanos, su capacidad para corromper autoridades locales, controlar rutas, imponer reglas y desafiar abiertamente al Estado. Desde el norte se dice que “los cárteles gobiernan”, por la red de complicidades y que en amplias regiones del país son la autoridad de facto.
Aquí entra el papel del partido gobernante. Morena llegó al poder prometiendo un cambio de paradigma: atender las causas, pacificar al país, acabar con la corrupción. La estrategia de “abrazos, no balazos” buscó diferenciarse del pasado, pero se convirtió más en consigna que en política pública efectiva. Los homicidios se mantuvieron en niveles históricamente altos, el control territorial del crimen se expandió y la impunidad siguió siendo la norma.
La actual presidenta de México ha heredado este escenario. Su discurso, alineado con el proyecto de Morena, insiste en la defensa de la soberanía y en el rechazo a cualquier intervención extranjera. Desde su posición, las declaraciones de Estados Unidos son vistas como injerencistas, exageradas o políticamente motivadas. Y en parte lo son: Washington también tiene responsabilidades claras en el consumo de drogas y el tráfico de armas. Pero descalificar el mensaje no elimina el problema.
El riesgo para México no es solo la presión externa, sino la normalización interna. Cuando comunidades enteras viven bajo el control del crimen, cuando candidatos se bajan de elecciones por amenazas, cuando policías municipales obedecen más al narco que a la ley, el debate ya no es ideológico: es existencial. Negar esa realidad por razones políticas solo profundiza la crisis.
Por eso la frase “Tenía razón Calderón…” incomoda tanto, ya que obliga a aceptar que el Estado mexicano nunca recuperó plenamente el control, y que las estrategias posteriores tampoco lo lograron. Morena criticó el uso de la fuerza, pero no construyó instituciones suficientemente fuertes para sustituirla con inteligencia, justicia y presencia estatal real.
Hoy, Estados Unidos dice en voz alta lo que muchos mexicanos viven en silencio. Y la respuesta no puede ser solo indignación diplomática o nacionalismo retórico. La presidenta enfrenta una decisión histórica: seguir defendiendo una narrativa que ya no convence ni dentro ni fuera del país, o reconocer la magnitud del problema y replantear, sin dogmas, la estrategia de seguridad.
Se puede cuestionar la estrategia de Calderón. Pero en el qué —la amenaza real del crimen organizado como poder paralelo—, la historia parece estar dándole la razón. Ignorarlo sería el error más costoso de todos.
La sola posibilidad de un envío de tropas de Estados Unidos a México debería estremecernos, no por orgullo herido, sino porque evidencia hasta dónde ha llegado la desconfianza sobre nuestra capacidad para garantizar seguridad. Ningún mexicano quiere ver fuerzas extranjeras en su territorio, pero tampoco puede ignorarse que esa discusión surge del vacío que deja un Estado rebasado en muchas regiones. Defender la soberanía no basta con decirlo; se defiende ejerciendo autoridad, protegiendo a la gente y recuperando el control del país. Si no lo hacemos nosotros, otros intentarán hacerlo, y ese sería el fracaso más doloroso de todos.
@aguilargvictorm
