En los últimos años, la Presidencia de la República ha convertido en política administrativa encomendar a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) tareas que rebasan por mucho sus funciones constitucionales. Hoy, además de labores propias de seguridad y ayuda humanitaria en desastres, la SEDENA participa en programas sociales, proyectos de salud, educación, infraestructura urbana y vial, obras ambientales y de asociaciones civiles coordinadas con el gobierno.
Su intervención se extiende a infraestructura estratégica de gran escala: la refinería de Dos Bocas, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la administración del Sistema Aeroportuario Metropolitano, la modernización y construcción de aeropuertos, el Tren Maya —incluida su operación, mantenimiento, estaciones y hoteles—, así como aduanas marítimas y terrestres y centros logísticos para distribución de bienes estratégicos. En el caso del Tren Interoceánico, aunque la obra fue realizada por contratistas civiles, la SEDENA participó en tareas de seguridad y logística.
El problema central es la falta de transparencia. Todo lo que ejecuta la SEDENA queda clasificado como “seguridad nacional” y, por tanto, como información reservada, conforme a la Ley General de Transparencia. Esta reserva impide conocer contratos, costos, licitaciones y beneficiarios, lo que contradice los estándares internacionales de transparencia promovidos por la ONU, la OCDE, Transparencia Internacional y el Banco Mundial, que exigen máxima publicidad y rendición de cuentas en el uso de recursos públicos.
Solo la Suprema Corte puede ordenar la apertura de información, pero cualquier resolución es impugnada de inmediato por el Ejecutivo, quedando la decisión en manos de ministros afines al gobierno. Así, la opacidad se institucionaliza.
La ley de transparencia fue una conquista de la oposición frente a décadas de opacidad del antiguo régimen. Por ello, no es válido trasladar obras a la SEDENA para evadir el escrutinio público. En este esquema, las principales víctimas son los ciudadanos, cuyo derecho a saber cómo se ejercen los recursos públicos queda relegado.
