Durante la conferencia matutina de este lunes, la periodista Anahí Torres denunció públicamente haber sido víctima de un atentado en San Luis Potosí el pasado 2 de octubre. En un acto que atribuye directamente a su labor periodística y a presuntas represalias por parte del gobierno estatal.
“Cuatro hombres con armas largas me interceptaron afuera de mi oficina. Hicieron amenazas directas hacia mí y hacia dos periodistas más: Omar Niño y Carlos Domínguez”, relató ante la presidenta Claudia Sheinbaum, en un momento que tensó el ambiente en Palacio Nacional.
EL COSTO DE INVESTIGAR AL PODER
La reportera explicó que el ataque ocurrió después de publicar una serie de investigaciones periodísticas que documentan una presunta red de espionaje operada desde el aparato estatal en San Luis Potosí.
Los trabajos, difundidos principalmente en redes sociales, alcanzaron alta visibilidad y, según Torres, generaron molestia entre las más altas autoridades del estado:
“Por su alcance en redes y su contenido, los reportajes incomodaron al gobernador Ricardo Gallardo y al secretario de Gobierno Guadalupe Torres Sánchez”, afirmó.
La periodista dejó claro que no se trató de un hecho aislado, sino de una posible campaña de intimidación contra periodistas críticos al gobierno local.
PREOCUPACIÓN POR EL CLIMA DE HOSTIGAMIENTO
La denuncia expuesta en la mañanera pone el foco nuevamente en la vulnerabilidad del periodismo en México. Especialmente en estados donde la concentración del poder y la falta de contrapesos institucionales permiten este tipo de represalias sin consecuencias inmediatas.
En este caso, el hecho se vuelve aún más grave al implicar —según la denunciante— la existencia de una estructura de vigilancia clandestina desde el gobierno estatal que no solo afecta la privacidad, sino que también pone en riesgo la vida de periodistas y activistas.
¿ESPIONAJE POLÍTICO EN SLP?
Aunque no se han presentado pruebas públicas hasta ahora, los reportajes mencionados por Torres habrían detallado presuntos mecanismos de espionaje digital, seguimiento físico y uso indebido de recursos estatales para monitorear a opositores, medios y figuras incómodas al gobierno de Gallardo.
Organizaciones de defensa de la libertad de expresión ya habían alertado anteriormente sobre el clima adverso para el ejercicio periodístico en San Luis Potosí. Pero esta nueva denuncia da un giro alarmante a la situación.
FALTA DE PROTECCIÓN Y SILENCIO OFICIAL
Hasta el momento, el gobierno de Ricardo Gallardo no ha emitido una respuesta oficial sobre la denuncia hecha en cadena nacional. Tampoco se ha informado si la periodista cuenta con algún mecanismo de protección tras el atentado.
La falta de acción inmediata ha sido duramente cuestionada por defensores de derechos humanos y periodistas que temen un nuevo ciclo de impunidad en un país donde el periodismo sigue siendo una de las profesiones más peligrosas.
¿UN NUEVO CASO DE CENSURA POR INTIMIDACIÓN?
El ataque a Anahí Torres, de confirmarse su vínculo con el trabajo periodístico que realiza, se sumaría a una preocupante lista de casos en los que la censura se ejerce a través del miedo, las amenazas y la violencia directa.
En un país donde más de 150 periodistas han sido asesinados en las últimas dos décadas, la denuncia obliga a las autoridades federales a pronunciarse. Así como actuar de inmediato para garantizar el derecho a la libertad de expresión.
