Durante la conferencia presidencial, la presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada de Ernestina Godoy, consejera jurídica del Ejecutivo, y Arturo Zaldívar, coordinador de Política y Gobierno, defendió la controvertida iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, la cual ha generado alarma en sectores jurídicos, fiscales y de derechos humanos.
Zaldívar explicó que el objetivo principal es acotar el uso excesivo del juicio de amparo, particularmente en casos de deudores fiscales que, pese a que ya existe una resolución definitiva de la Suprema Corte o un Tribunal Colegiado, siguen retrasando el pago con recursos legales.
“No se afecta el derecho de defensa, se limita el abuso de la defensa”, afirmó el ministro en retiro.
SOLO UN AMPARO POR CASO FISCAL: EL NUEVO LÍMITE
La reforma contempla que, una vez determinado un crédito fiscal firme, solo podrá interponerse un juicio de amparo, para evitar que pasen “años y años” sin que el fisco pueda ejecutar el cobro.
Esta medida, según Zaldívar, no busca restringir derechos, sino frenar el uso estratégico del amparo como mecanismo de evasión fiscal prolongada.
Sin embargo, especialistas han advertido que limitar el número de amparos —sin un diseño legal equilibrado— podría dejar indefensas a personas físicas o empresas en caso de errores o abusos de la autoridad.
INTERÉS LEGÍTIMO, UIF Y JUSTICIA DIGITAL: LOS OTROS CAMBIOS
La reforma también plantea modificar el concepto de “interés legítimo”, figura clave en litigios de interés colectivo, como los ambientales o comunitarios. Aunque el Gobierno niega que esto afecte esos derechos, las organizaciones civiles han mostrado preocupación por una eventual reducción en la protección de causas colectivas.
Sobre los bloqueos de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Zaldívar aseguró que el amparo sí podrá proceder en caso de errores, y que las cuentas podrán ser desbloqueadas si se acredita la legalidad de los recursos.
También anunció que se busca una justicia más ágil y digital, aunque no se detallaron mecanismos o tiempos de implementación.
¿JUSTICIA MÁS RÁPIDA O INSTRUMENTO DE CONTROL?
Pese a las explicaciones oficiales, el proyecto ha generado serias dudas entre juristas, académicos y opositores, quienes temen que la reforma, bajo la bandera de eficiencia, termine debilitando un derecho clave para la defensa legal frente al poder público.
Señalan que en un contexto donde el Estado controla mayorías legislativas, órganos de seguridad y cada vez más espacios del Poder Judicial, reducir el acceso al amparo puede facilitar arbitrariedades o incluso la persecución selectiva de adversarios políticos, empresariales o sociales.
¿SE ACABARON LOS DEUDORES FISCALES?… O SOLO LOS INCÓMODOS
La narrativa oficial pone el foco en los “grandes evasores fiscales” que abusan de los vacíos legales para no pagar, sin embargo, no está claro si la reforma afectará solo a ellos o también a pequeñas y medianas empresas, activistas o ciudadanos comunes.
La línea entre combatir abusos y desmantelar las garantías procesales puede ser muy delgada, especialmente en un país donde el aparato estatal ha sido históricamente usado para proteger a aliados y castigar a críticos.
¿QUÉ SIGUE?
Con mayoría en el Congreso, Morena y aliados podrían aprobar la reforma sin modificaciones de fondo, aunque la presión de organizaciones civiles y expertos podría forzar ajustes en los artículos más polémicos.
Finalmente, la presidenta Sheinbaum insiste en que se trata de una modernización judicial, pero el tiempo —y su aplicación concreta— revelará si esta reforma será una herramienta de justicia eficaz o un boomerang autoritario.
