Con el objetivo de reintegrar al pueblo lo robado, el Gobierno federal, a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), anunció la reactivación de las subastas públicas de bienes asegurados al crimen organizado, a exfuncionarios corruptos y a redes de contrabando.
Del 25 de julio al 6 de agosto, se llevará a cabo una macro subasta nacional con más de 218 bienes inmuebles y al menos 145 mil 429 bienes muebles, entre ellos vehículos de lujo, joyas, motoniveladoras, camiones blindados y residencias millonarias.
La subasta se realizará de forma electrónica y presencial, bajo un esquema de vigilancia notarial y control interno. Según autoridades, más de 7 mil personas ya se han registrado para participar.
Entre los artículos más destacados se encuentran:
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Una residencia de lujo en Zapopan, Jalisco, con tres niveles y cochera para cuatro autos, con un precio base de 15.2 millones de pesos.
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Una Chevrolet Tahoe blindada 2013, decomisada en Reynosa, con un valor inicial de $325 mil pesos.
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Una motoniveladora en Zacatecas con precio de $576 mil pesos.
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Un Chevrolet Camaro 2016 disponible en Veracruz, con base de $141 mil pesos.
Todos los precios están estipulados sin incluir IVA.
El destino: salud y bienestar
El Gobierno federal detalló que los recursos recaudados se destinarán al fortalecimiento de centros y hospitales de salud, así como a la expansión del Tianguis del Bienestar, una estrategia social que atiende comunidades de alta marginación en todo el país.
Los bienes provienen de aseguramientos realizados por la Fiscalía General de la República, la Aduana, el SAT y diversas corporaciones de seguridad, como parte de acciones contra el narcotráfico, el contrabando y la corrupción.
Requisitos para participar
Las y los interesados deberán realizar un registro en el portal oficial del INDEP, donde se solicitará:
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Identificación oficial
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CURP
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Comprobante de domicilio
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Constancia de situación fiscal
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Pago de una garantía reembolsable
La subasta está abierta al público general y busca garantizar transparencia en la venta de estos activos mediante la participación de notarios públicos.
Con esta reactivación, el Gobierno de México busca cumplir su compromiso de devolver al pueblo los recursos confiscados al crimen y destinarlos a las causas más urgentes.
