En una acción que abre interrogantes sobre quién vigila las calles y con qué fines, un operativo coordinado en Juchitán de Zaragoza derivó en el aseguramiento de 23 cámaras de videovigilancia no registradas en los sistemas oficiales del Estado ni del municipio. Estos dispositivos estaban instalados en diversas calles del municipio, fuera del control de los centros de comando C2 y C4. Y presuntamente, eran utilizadas con fines distintos al interés público.
El hallazgo fue producto de un operativo desarrollado como parte de la estrategia ‘Operación Sable’. Con la que se busca restaurar el orden y la paz en la conflictiva región del Istmo de Tehuantepec. La cual ha sido afectada por el aumento de la criminalidad, extorsiones y redes delictivas.
CÁMARAS FUERA DEL CONTROL OFICIAL: ¿VIGILANCIA CIUDADANA O HERRAMIENTA DEL CRIMEN?
Las autoridades no han revelado públicamente quién o quiénes eran los propietarios o responsables de estas cámaras, pero su desconexión del sistema oficial de seguridad pública levanta sospechas sobre su posible uso con fines ilícitos.
La operación, que involucró a corporaciones federales, estatales y municipales, tuvo como objetivo detectar infraestructura de videovigilancia alterna que pudiera estar siendo utilizada para monitorear movimientos policiales, controlar territorios o vigilar posibles víctimas.
Aunque no se ha especificado si las cámaras estaban activas, conectadas a redes privadas o vinculadas directamente a grupos delictivos, la desinstalación masiva de estos dispositivos abre un foco de alerta sobre la sofisticación con la que operan actores fuera de la ley en zonas urbanas.
JUCHITÁN, FOCO ROJO EN EL ISTMO: VIGILANCIA BAJO SOSPECHA
La presencia de estas cámaras en diversas colonias y secciones de Juchitán —una ciudad que en los últimos años ha sido escenario de violencia armada, ejecuciones y bloqueos— refuerza la percepción de que la delincuencia organizada ha avanzado en la captura y control de espacios públicos.
Durante los recorridos de inspección realizados paralelamente al aseguramiento, se identificaron otros posibles puntos de vigilancia no oficial. Lo que sugiere que esta red podría no estar limitada a las 23 cámaras retiradas.
ACCIÓN TÁCTICA, PERO CON MÁS PREGUNTAS QUE RESPUESTAS
Aunque el aseguramiento de cámaras es presentado como un avance en la estrategia de pacificación del Istmo, el operativo deja preguntas clave sin respuesta:
¿Quién instaló estas cámaras?
¿Estaban conectadas a una red de monitoreo criminal?
¿Fueron utilizadas para vigilar a ciudadanos o autoridades?
¿Qué otros municipios podrían estar bajo vigilancia paralela?
Hasta ahora no se han reportado detenciones ni responsables identificados. Lo que mantiene el tema en una zona de opacidad e incertidumbre. Mientras tanto, la ciudadanía continúa expuesta en un entorno donde la vigilancia no garantiza seguridad, sino control.
MÁS QUE CÁMARAS: UNA LUCHA POR EL TERRITORIO
Este operativo no solo revela un tema técnico de videovigilancia, sino que expone un conflicto de poder territorial en una de las regiones más golpeadas por la violencia en Oaxaca. En el Istmo, las cámaras no siempre protegen: también pueden perseguir, vigilar o intimidar.
La operación coordinada —en la que participaron fuerzas militares, navales, Guardia Nacional, Policía Estatal y vial, entre otros— forma parte de una ofensiva más amplia. Pero el reto no está solo en desinstalar aparatos, sino en desmantelar redes criminales complejas que han tejido estructuras de control social en espacios públicos.
