El consumo de K-dramas (series surcoreanas ) es visto como una amenaza existencial para el régimen de Kim Jong-un, que responde con ejecuciones públicas y otros castigos extremos que no logran frenar el impacto cultural creciente del país vecino entre los jóvenes norcoreanos, según testimonios presentados por desertores este miércoles en Seúl.
Esta semana, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) en Seúl comenzó un foro público, de dos días, con desertores norcoreanos, que han sido víctimas y testigos de violaciones de DDHH, para documentar los últimos diez años de abusos del régimen de Kim Jong-un.
El evento forma parte de los trabajos preparatorios para un informe especial que será presentado en septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Los testimonios recogidos en las sesiones, celebradas en formato presencial y remoto arrojaron luz sobre el impacto del consumo de cultura surcoreana, el recrudecimiento de la represión tras la pandemia y el endurecimiento legal con la promulgación de tres normativas clave: la Ley de Rechazo a la Ideología y Cultura Reaccionarias (2020), la Ley de Garantía de Educación Juvenil (2021) y la Ley de Protección del Lenguaje Cultural de Pionyang (2023).
Con estas medidas se intensificó la censura, castigó con mayor severidad el acceso a contenidos extranjeros y reprimió cualquier desviación cultural o lingüística, especialmente entre los jóvenes.
Los desertores coincidieron en que la pandemia de COVID-19 marcó un punto de inflexión en la represión interna de Corea del Norte, al coincidir con un deterioro drástico de las condiciones de vida y la adopción de tales medidas legales para reforzar el control ideológico.
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Kim Il-hyuk, un desertor que escapó por mar en 2023 junto con su esposa embarazada, relató que conoció personalmente a un joven de 22 años que fue ejecutado a tiros por compartir telenovelas y canciones pop de los 70.
Kim afirmó que las ejecuciones públicas por fusilamiento se llevaban a cabo aproximadamente dos veces cada tres meses, y que en algunas ocasiones hasta una docena de personas eran ejecutadas al mismo tiempo, la mitad de ellas por infringir la ley que prohíbe ideologías y expresiones culturales consideradas reaccionarias.
