La relación entre el actual gobierno con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) revela una compleja interacción entre afinidades ideológicas y tensiones políticas. Aunque en el discurso comparten narrativas, las diferencias en estrategias y prioridades han generado fricciones, especialmente en el contexto de las recientes protestas magisteriales en la Ciudad de México.
Desde 2018, el régimen ha manifestado sus coincidencias ideológicas en temas sociales y de mejora de las condiciones laborales de los trabajadores del Estado. El gobierno morenista y la CNTE tienen una relación estrecha y son cómplices de estrategia política y electoral.
Sin embargo, las diferencias emergen en la implementación de políticas y en la respuesta a las demandas específicas de la CNTE. La principal exigencia del magisterio ha sido la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y el regreso a un sistema de pensiones solidarias. Aunque Sheinbaum retiró una propuesta de reforma a dicha ley, argumentando falta de presupuesto para revertirla completamente, la CNTE consideró insuficientes las medidas ofrecidas, como aumentos salariales y apoyos complementarios para las pensiones más bajas.
Esta discrepancia ha llevado a la CNTE a mantener un plantón en el Zócalo capitalino durante más de tres semanas, exigiendo soluciones integrales a sus demandas. La falta de avances en las negociaciones y la percepción de intransigencia por parte del gobierno han exacerbado las tensiones, evidenciando una estrategia gubernamental que prioriza la estabilidad fiscal sobre las reformas estructurales solicitadas por el magisterio.
Las protestas han escalado en intensidad, incluyendo bloqueos en puntos neurálgicos de la capital y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Estas acciones han generado críticas hacia la CNTE por las afectaciones a la ciudadanía, mientras que el gobierno ha reiterado su disposición al diálogo, aunque sin ceder en las demandas centrales del magisterio.
La situación actual refleja un dilema para la presente administración: equilibrar la responsabilidad fiscal con la atención a las demandas sociales de un sector históricamente movilizado y políticamente influyente. La resolución de este conflicto requerirá voluntad política, apertura al diálogo y la búsqueda de soluciones que reconozcan las legítimas preocupaciones del magisterio sin comprometer la estabilidad económica del país. El pasado viernes 6 de junio se dio una tregua, un repliegue táctico, pero las exigencias no se han cumplido. Ninguna de las partes espera que se cumplan.
La relación con la CNTE ejemplifica las complejidades de gobernar en un contexto de demandas sociales persistentes y limitaciones estructurales. La convergencia ideológica no garantiza la ausencia de conflictos, especialmente cuando las estrategias y prioridades gubernamentales divergen de las expectativas de los movimientos sociales. Es una relación amor – odio: “Pégame, pero no me dejes”.
El gobierno de la llamada Cuarta Transformación ha utilizado al “pueblo” como un sujeto político absoluto: todo lo que se hace —o no se hace— es en su nombre.
Ante críticas específicas (por ejemplo, la falta de atención a demandas estructurales de la CNTE o de otros sectores), el gobierno responde con generalidades: “no se puede privilegiar a unos sobre el pueblo”, “hay que cuidar el presupuesto para todos”, “ya no hay corrupción como antes”. En lugar de enfrentar el reclamo, se recurre al mandato popular como justificación.
La 4T construyó una narrativa donde la crítica, aunque sea legítima, parece ir en contra del pueblo mismo. Esto limita el espacio para el disenso sin que se perciba como traición o conservadurismo.
Por su parte, la CNTE se escuda en “las bases”, para evitar responsabilidades centralizadas y, en ocasiones, para legitimar tácticas de presión extremas.
Su táctica tradicional consiste en ocupar el espacio público (bloqueos, marchas) como mecanismo de negociación. Esta práctica ha sido efectiva históricamente, pero hoy genera tensiones incluso dentro de sus propias filas, no todos están de acuerdo en prolongar las acciones sin resultados visibles.
Tanto el gobierno como la CNTE afirman actuar en nombre del pueblo, pero conciben al pueblo de manera distinta: uno lo reduce a una mayoría electoral abstracta y homogénea; el otro, a un sujeto en lucha constante, con derecho a imponer su agenda más allá de las urnas.
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