El expresidente Donald Trump ordenó el despliegue de fuerzas federales en Los Ángeles con el objetivo de, según sus palabras, “liberar a la ciudad de la invasión migratoria”, en un movimiento que ha desatado intensas protestas, críticas políticas e interrogantes legales.
La medida, anunciada tras una serie de redadas masivas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), generó enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden. Al menos 27 personas fueron arrestadas por la policía local por negarse a dispersarse, mientras que el Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles informó la detención de tres sospechosos acusados de agredir a un agente, además de reportar tres oficiales heridos con lesiones leves. Las autoridades confirmaron el uso de “fuerza menos letal” para dispersar a los manifestantes.
Por orden directa de Trump, unos 2,000 efectivos de la Guardia Nacional de California llegaron a la ciudad para sofocar las protestas. El Comando Norte de Estados Unidos confirmó el despliegue, que ha sido justificado por la administración bajo una disposición del Título 10 del Código de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, analistas legales señalan que la autorización de este tipo de movilización debe pasar por los gobernadores estatales, lo que pone en duda la legalidad del operativo sin el aval del gobernador de California, Gavin Newsom.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, advirtió que se aplicará una política de “tolerancia cero” contra cualquier ataque a agentes federales, y no descartó la movilización de unidades de Marines si las protestas continúan escalando.
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El conflicto ha exacerbado las tensiones políticas entre la Casa Blanca republicana y las autoridades demócratas de California. La ciudad de Los Ángeles, gobernada por líderes progresistas y con una importante población hispana e inmigrante, ha sido uno de los principales focos de resistencia a las políticas migratorias restrictivas de Trump.
En un pronunciamiento enérgico, la congresista demócrata Nanette Barragán acusó al expresidente de provocar un “espectáculo político”, mientras que el gobernador Newsom declaró que la policía estatal y local cuenta con los recursos necesarios para manejar la situación sin intervención federal. Ambos líderes denunciaron que el despliegue militar solo busca incrementar las tensiones sociales.
Mientras tanto, ICE confirmó la detención de al menos 44 personas durante los últimos operativos, y la administración Trump reiteró su meta de deportar cifras récord de inmigrantes, apuntando a realizar hasta 3,000 detenciones diarias.
Desde el extranjero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó las redadas y el uso de fuerzas militares para atender el fenómeno migratorio. “No es con redadas ni con violencia como se va a resolver una situación tan compleja como la migración”, declaró la mandataria en conferencia de prensa.
Aunque funcionarios del gobierno han calificado a algunos manifestantes como “insurrectos”, Trump no ha invocado formalmente la Ley de Insurrección de 1807, la cual le permitiría desplegar a las fuerzas armadas para reprimir disturbios civiles. La omisión ha dejado abierta la posibilidad de que la medida se considere más una táctica política que una respuesta legalmente justificada.
