El reciente “Operativo Pescador”, implementado por el gobierno estatal con el objetivo de erradicar la delincuencia y las adicciones en la Central de Abasto de Oaxaca, ha generado una creciente controversia y rechazo en diversas comunidades de los Valles Centrales.
¿UNA LIMPIEZA SOCIAL ENCUBIERTA?
Según denuncias de habitantes de distintas comunicades de Oaxaca el operativo ha consistido en la detención y posterior traslado de personas en situación de calle, presuntamente adictas o con antecedentes delictivos, a comunidades como Zimatlán, Tlacolula, Miahuatlán y San Pablo Huixtepec. Estas personas, en su mayoría, han sido abandonadas sin ningún tipo de atención médica, social o psicológica.
“Los mandaron a morir”, expresan con indignación los pobladores, quienes aseguran que las autoridades no proporcionaron información previa ni consultaron a las comunidades receptoras sobre la llegada de estas personas.
¿VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS?
Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que el operativo contraviene principios fundamentales. Tales, como el derecho a la dignidad humana y a la salud. Expertos en derechos humanos advierten que la ausencia de protocolos adecuados para el tratamiento de personas con adicciones y la falta de infraestructura en las comunidades receptoras podrían constituir una forma de “limpieza social” encubierta.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca ha guardado silencio ante estas denuncias. Lo que ha incrementado la desconfianza y el malestar entre la población afectada.
REACCIONES Y DEMANDAS CIUDADANAS
Ante la situación, habitantes de Zimatlán han emitido un ultimátum a las autoridades: si a la brevedad no se retiran a las personas trasladadas, se organizarán para llevarlas a las instalaciones del Palacio de Gobierno o a la Fiscalía General del Estado.
Además, en redes sociales se informó que, regidores del Ayuntamiento de Zimatlán han expresado su rechazo a las acciones del presidente municipal, calificándolas como una “traición” a la comunidad. Además, asegurando que no serán cómplices de lo que consideran una “porquería”.
CONDICIONES DE SALUD Y ABANDONO
Testimonios de ciudadanos indican que, tras ser abandonadas, algunas de las personas afectadas han sido auxiliadas por personal paramédico en la carretera a El Tule, debido a su estado de salud deteriorado. Sin embargo, la falta de recursos y la ausencia de centros de atención adecuados en las comunidades han dificultado su recuperación y reintegración social.
La situación actual pone de manifiesto la necesidad urgente de que las autoridades estatales y federales revisen y reformulen sus estrategias de seguridad y atención a personas en situación de vulnerabilidad. Es imperativo que se implementen políticas públicas integrales que respeten los derechos humanos y que cuenten con la participación activa de las comunidades receptoras.
Mientras tanto, la tensión y la incertidumbre continúan creciendo en las comunidades afectadas, que exigen una pronta respuesta y solución a esta problemática.
