“Me enredé en lo del tráfico cuando me separé del papá de mis hijos, una mujer con dos hijos, tenía un trabajo estable pero no ganaba lo suficiente para mantener a dos niños, mantenerme a mí, a mis papás y a un hermano, conocí amigos, esos amigos me llevaron a otros amigos, amigos, y así me fui metiendo más y más hasta hacerme yo de mi negocio propio”, es el relato de una de las mujeres recluidas en el penal de Tanivet por narcomenudeo, un delito del fuero común por el que en 2016 fueron encarceladas en el país mil 911 mujeres, la mayoría, de acuerdo con la organización Equis, justicia para las mujeres, en condiciones de pobreza previas a su detención.
En el panorama de reclusión por narcomenudeo en Oaxaca hay mujeres indígenas, extranjeras, madres solteras. A través de entrevistas con mujeres recluidas en el centro penitenciario femenil de Tanivet, Tlacolula, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), uno de los centros de derechos humanos y políticas públicas de Estados Unidos con mayor incidencia en América Latina, y la organización mexicana Equis, Justicia para las Mujeres, han constatado que “son condenadas por transportar o poseer pequeñas cantidades de droga, llenando las cárceles con mujeres que no ocupan posiciones de poder dentro del narcotráfico, y quienes no han cometido ningún acto violento”.
A nivel federal en 2014, mil 73 mujeres ingresaron a penales federales por delitos relacionados con drogas; mil 242 en 2015 y mil 169 en 2016.
Por el delito de narcomenudeo, del fuero común, en 2014 las mujeres que ingresaron fueron 940; en 2015, mil 617 y, en 2016, mil 911 mujeres. De 2014 al 2016 el incremento fue de 103.3% en los últimos dos años.
La historia de Gaby
Otro de los testimonios recogidos en Tanivet es el de Gaby, una mujer que relata que en su pueblo “todos trabajan el tema de la marihuana. Nos dedicamos a encintarlo, empaquetarlo y prepararlo. De ahí lo transportamos a donde lo compran y lo necesitan”.
La situación económica, continúa el relato, “era muy difícil, fui un año a la secundaria pero empecé a faltar mucho porque mi mamá también se empezó a enfermar y no había quién nos ayudara, yo iba a pedir dinero prestado, présteme 100 pesos, présteme 200 pesos para comprarnos comida… llegó un día que me topé con una persona de ahí mismo del pueblo y le dije que si me podía prestar dinero, me dijo que debíamos ganar el pan.
“Me dijo, yo te ofrezco un trabajo, te ofrezco a que me acompañes, vayamos a México, tú vas a cargar un paquetito que yo te voy a dar, yo te voy a dar dinero a cambio de eso”. Gaby resultó embarazada tras una violación a los 16 años, posteriormente tuvo dos hijos más, uno de los cuales requería un tratamiento médico que no podía pagar.
En Tanivet está a cargo de la tienda donde vende galletas, pan tostado o papás fritas, elabora además bolsas artesanales. En su pueblo, la relación con la droga “era un trabajo común, un trabajo digno, honesto, porque simplemente llegaba la mercancía, la mariguana, la limpiábamos, la etiquetánbamos, la encintánbamos y era como un proceso, en el pueblo la gente se ponía contenta cuando empezaba ese tipo de trabajo porque hay hasta niños, hasta ancianos, de cualquier edad, ellos estaban ahí”. En el pueblo, agrega, “es como si vendieras pan”. Gaby fue arrestada y condenada a 10 años de prisión.
Indígenas y extranjeras
En el caso de las mujeres indígenas encarceladas por delitos relacionados con drogas, la gran mayoría se encuentran en el estado de Chihuahua, con 61 -48 del fuero federal y 13 del fuero común-; Oaxaca reporta cinco mujeres pertenecientes a alguna etnia encarceladas por delitos contra la salud, mismo número que Chiapas.
En estos casos, de acuerdo con el informe Políticas de drogas y encarcelamiento en México elaborado por Equis, resalta la cooptación, por parte de grupos del crimen organizado de territorios marcados por la pobreza y la exclusión social, la presencia del Estado únicamente como fuerza represiva que actúa de manera desproporcionada, sin tomar en cuenta las especificidades económicas, étnicas y de género de las experiencias individuales; y que las personas involucradas tienen una “percepción reducida del riesgo de ser detenidas, procesadas y privadas de la libertad”.
Sobre las mujeres extranjeras recluidas por delitos relacionados con drogas en 2016, la mayoría, 36 por ciento, provienen de Colombia; 34 por ciento, de Estados Unidos; 7 por ciento de Honduras, y 6 por ciento de El Salvador.
Mientras en el fuero común los delitos contra la salud representan aproximadamente el 13.5 por ciento del total de las reclusiones, en el fuero federal el porcentaje es de 43 por ciento. Entre las principales razones declaradas para involucrarse en estos ilícitos destaca en primer lugar solicitud de la pareja hombre; darle de comer a sus hijos e hijas y “rebeldía” o “ambición”.
La mayoría de estas mujeres, señala el reporte, provienen de entornos socioeconómicos de marginación, con bajos niveles de estudio, de sitios marginados de la sociedad y responsables de delitos no violentos, están atrapadas en un círculo de consumo-criminalización que se repite una y otra vez.
A través de las entrevistas, se logró caracterizar el curso de acción de algunas mujeres, muchas de las cuales se involucran en estos delitos inducidas por sus parejas o introducen drogas a los centros penitenciarios para llevárselas.
Propuesta de ley
El pasado 17 de mayo, la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados federal publicó una iniciativa elaborada en coordinación por Equis y las legisladoras priistas Mariana Benítez Tiburcio y Erika Araceli Rodríguez Hernández. La iniciativa propone modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Salud (LGS), el Código Penal Federal (CPF) y la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP).
Una de las modificaciones al código de procedimientos penales busca que en el caso de personas detenidas que sean las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad, se garantice la debida atención de los involucrados.
Respecto a la Ley de Salud se propone que las penas se reduzcan incluso a la mitad en casos de que las mujeres detenidas por delitos relacionados con drogas vivan en condiciones de pobreza y exclusión social; estén embarazadas; tengan hijos e hijas lactantes de hasta por lo menos dos años de edad; Sean las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad; sean adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad; hayan participado en el hecho condenado bajo presión, intimidación o coerción.
Datos
- 332 mil 179 personas fueron detenidas entre 2009 y 2017 por posesión y consumo de mariguana
- 100 mil portaban cantidades equivalentes a menos de 200 pesos
- 62% de las personas del país sentenciadas en centros penitenciarios federales en 2012 lo estaban por delitos contra la salud
- 58.7% reportó que había sido sentenciada por un delito relacionado con la marihuana
- 38.5% de los encuestados dijo que había sido detenido por delito de posesión
- 34 mil 25 averiguaciones previas por posesión de drogas se registraron entre 2012 y 2016
- 5 grs. es la cantidad admitida para consumo personal en 8 estados de los EU y Uruguay
