El mensaje del presidente de Estados Unidos de América, Donald J. Trump, al gobierno mexicano no puede ser más claro:
Tienen datos, tienen información y tienen elementos de prueba para señalar a algunos funcionarios públicos y políticos de México, en sus tres niveles de gobierno, de tener presuntos vínculos con el crimen organizado y narcotráfico, o por lo menos eso hacen suponer.
Y el mensaje también incluye la advertencia de que, si el gobierno mexicano no actúa en contra de estos personajes, y en contra del crimen organizado y narcotráfico a los que califica como “terroristas”, será desde EUA como se les persiga, lo que comienza con el retiro de visas de acceso a aquel país como muestra de reclamo; también prometen endurecer las medidas en contra de lo que consideran peligro para su seguridad nacional.
Así que, de pronto, el esposo de la gobernadora de Baja California, Carlos Torres Torres, ex diputado panista y ahora morenista, anunció la noche del sábado 10 de mayo que el gobierno de Estados Unidos canceló su visa de acceso a ese país. Minutos después la gobernadora Marina del Pilar Ávila publicó que también a ella le suspendieron la visa.
La decisión del gobierno de EUA fue calificada por la mandataria estatal como producto de un “contexto binacional complejo”.
Esto sin duda es un golpe muy serio al gobierno de la 4-T y al morenismo en general. Un partido que se jacta de sustentarse en “los valores de no mentir, no robar y no traicionar”, como pilares fundamentales de su acción política.
En todo caso esto no significa que ni la gobernadora morenista de Baja California ni su esposo el neo morenista sean culpables de tener vínculos con el crimen organizado y el narcotráfico.
Esto lo tendría que determinar un juez en base a las investigaciones de la Fiscalía correspondiente. No obstante, el gobierno de EUA podría aportar información que permitan llegar a conclusiones legales en México.
Pero mientras son peras o perones, el golpe de Trump ya está dado al gobierno federal mexicano, aunque por su parte la presidente mexicana, Claudia Sheinbaum dice que el gobierno “no fue notificado de esta medida” y que se va a pedir información. Como se pidió información por la detención del “Mayo” Zambada la tarde del 25 de julio de 2024, sin tener respuesta de EUA.
Por supuesto, la gobernadora Marina del Pilar y su esposo deberán dar pruebas de su probidad y honorabilidad. No porque estén obligados con el gobierno estadounidense mientras éstos no aporten pruebas en contra, pero sí lo están con los bajacalifornianos y con todos en México.
Su honestidad está en entredicho y bajo estas circunstancias será muy difícil que ella pueda gobernar a un estado del país con tantos problemas, sobre todo por su vecindad con EUA y sobre todo porque es en la frontera norte en donde se aglutinan gran parte de los grandes problemas de tráfico de enervantes y de migrantes que quieren ingresar al “sueño americano”.
De unos cuantos años a esta fecha cada vez más se conocen casos de políticos y funcionarios públicos que están vinculados con la delincuencia organizada y el narcotráfico en México.
Durante los procesos electorales recientes murieron muchos candidatos de partidos distintos para dar paso a gente impuesta por estos grupos criminales. Muchos otros fueron amenazados. Otros están sometidos los designios de estos grupos.
Tan sólo de octubre de 2023 a los días previos a la elección del 2 de junio de 2024, al menos 4 mujeres y 26 hombres que aspiraban a una candidatura, participaron en una contienda interna por una candidatura o eran candidatos a un puesto de elección popular fueron asesinados, de distintos partidos políticos.
El gobierno mexicano también tiene su propia información y, sin duda, conoce quién es quién en el gobierno mexicano. Y quién puede estar involucrado en asuntos criminales. Pero como es sabido, el silencio y la evasión de la verdad son más un síntoma que una excepción en el caso de la política mexicana.
Negar-negar-negar es la regla. Ocultar también. La sobrevivencia partidaria y de gobierno sí están por encima de la justicia, a pesar de aquel apotegma juarista al que tanto y tanto se recurría durante la presidencia anterior: “Nada ni nadie puede estar por encima de la ley”.
Pero el que haya gente en el gobierno, funcionarios públicos, legisladores, que estén inmiscuidos en asuntos criminales, por acción o complicidad, no sólo empaña los actos de gobierno de la 4-T, de gobiernos estatales o municipales. Sobre todo, pone en peligro a la población nacional.
También es cierto que todo acto o proceso que busque justicia e involucre a mexicanos –políticos, funcionarios públicos o legisladores- debe hacerse en México y sólo en México, mediante procesos de investigación confiables, seguros, rigurosos, sin mentiras y mucho menos politizado. Los jueces y magistrados electos por Morena el 2 de julio será otro factor de desconfianza y peligro.
Mientras tanto habrá que esperar a cuántos más de estos personajes de la política nacional les será negada o revocada la visa de acceso a EUA en los días que siguen. Ya veremos.
