Causó enorme conmoción en todo el país, y en el mundo, la imagen de una mujer de 74 años -Carlota N-, quien el pasado martes 8 de abril llegó con sus hijos en un vehículo a un domicilio en Hacienda de Guadalupe, Chalco, México, para exigir la devolución de la casa que es de su propiedad -o de su hija-.
De pronto la mujer que evidentemente es mayor, sacó un arma y al acercarse las personas que presuntamente invadieron la propiedad, ella dispara. En el hecho murieron dos personas y una más resultó herida. Uno de quienes la acompañaban también iba armado, pero no usó el arma.
La tragedia ha polarizado a la opinión pública en el país. Por un lado están quienes justifican el hecho, con la salvedad del exceso mortal. Esto porque refieren que la señora iba a defender su propiedad que presuntamente fue invadida por gente que acostumbra estos actos.
Es su propiedad, o propiedad familiar, y por tanto exigió el desalojo, no obstante todo se salió de las manos, aunque también se sabe que hubo antecedentes legales, pues la familia de Carlota N, había denunciado la invasión a su casa ante las autoridades del Estado de México, sin embargo, poco o casi nada hizo esta autoridad para la cual el tema no les parece de mayor importancia y no hubo esa solución que pudo salvar vidas y transformar por siempre la de la familia propietaria.
El tema de las invasiones a propiedades ha sido frecuente no sólo en la capital del país, sino en toda la República. Existen agrupaciones –¿o debemos decir pandillas?- de invasores de propiedades ajenas de las que no salen o cuesta mucho trabajo sacarlos de ahí por cuenta del propietario, en tanto que la autoridad hace caso omiso al tema porque sabe que va a enfrentar a grupos beligerantes y violentos que defienden sus fechorías.
Por otro lado, respecto de lo ocurrido ese martes 8 de abril, otra parte de la opinión pública repudia el hecho porque –dicen- por ningún motivo se debe tomar la justicia por propia mano. Que para eso están las leyes y que bajo ninguna circunstancia se debe llegar al exceso del agravio físico u homicidio.
Otro caso ocurrido recientemente en la comunidad de San Miguel Xochitecatitla, municipio de Nativitas, Tlaxcala, en donde una turba retuvo a un hombre. Lo ataron a un asta bandera. Lo golpearon hasta matarlo y luego le quemaron sus genitales.
El hombre era Rodrigo N., de 35 años de edad, a quien acusaron de haber abusado sexualmente de una niña de 11 años de edad, cuando esta se dirigía a la escuela en compañía de su hermana.
Según testimonios, ambas niñas caminaban sobre una avenida, cuando una de ellas fue raptada por un hombre que circulaba a bordo de una motocicleta. El agresor la tomó por la fuerza, la subió a la moto y se la llevó; más tarde la niña fue localizada con indicios de haber sido agredida sexualmente.
La madre, enardecida solicitó el auxilio de los pobladores; entre todos tenían que localizar al agresor y hacer justicia. Todo lo que sabían de él, era que iba a bordo de una motocicleta con franjas amarillas. Con un altavoz, enardecidos, exigían “¡Justicia, justicia!”.
Luego, sin tener la certeza, minutos más tarde retuvieron a un hombre que pasaba por el lugar a bordo de una motocicleta con vivos amarillos. Entre todos comenzaron a golpearlo. Lo desnudaron, lo ataron al asta bandera, lo dejaron inconsciente. Finalmente, lo arrojaron al centro de la explanada y allí le arrojaron gasolina y le prendieron fuego en sus genitales: “¡Con los niños no, desgraciado!”, fue la exclamación general.
El gobierno del estado repudió los hechos y pidió a la población no hacer justicia por su propia mano, porque “para eso está la autoridad y están las leyes”, se dijo.
Nadie en sus cabales estará de acuerdo con este tipo de actos criminales. Nadie con sentido de lo justo y la legalidad ve bien que una persona o una multitud pudieran cometer actos en los que la naturaleza humana parece perder sentido y someterse al sentido animal y primitivo.
Y uno quisiera que nada de esto ocurriera en pleno siglo XXI cuando se supone que la evolución humana tiene a la mano el resguardo, la prevención, la ayuda, la procuración y la administración de justicia prevista en la Constitución y en sus leyes e instituciones. Y por lo mismo, quienes, de forma individual o grupal cometieron estos delitos deben ser castigados en ley.
Pero también es cierto que ya es tiempo de que las autoridades de todo el país tomen en serio las denuncias ciudadanas por abusos cometidos en contra de particulares o grupos sociales. No hacerlo genera el uso de “la ley por propia mano” y eso nadie lo quiere y a nadie conviene.
Como también, no puede ser que con toda frecuencia las fiscalías resuelvan todo con la creación de “carpetas de investigación” que se quedan en eso, permanentemente cerradas y sin solución.
La eficiencia, el sentido de la responsabilidad y la ética deben predominar en el gobierno y en sus operarios para el resguardo de la sociedad, la justicia y la legalidad. Este es un ideal. Si.
Pero se da el caso de que no siempre cumplen con ese deber, ya por falta de interés, o falta de capacitación o falta de sensibilidad humana y social o desidia o flojera; la burocratización y la corrupción son dos de los grandes problemas de nuestra seguridad y de nuestros derechos.
La sociedad mexicana quiere el cumplimiento pronto y exacto de la ley. La garantía de que podemos estar seguros de que nadie abusará de la ley porque les será impedido mediante el cumplimiento estricto de lo legal y de la ética de seguridad pública. Y sí, es el ideal, pero también es lo menos que se puede esperar de los aparatos de seguridad y justicia. Y eso es responsabilidad de gobierno.
