Así que en dos horas y casi en lo obscurito, el jueves pasado el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de Ley de Seguridad Interior.
Es una ley que pretende otorgar atribuciones supra-legales al Presidente de la República y bajo cuyo criterio –sí, su sólo criterio– se utilizarán las Fuerzas Armadas lo mismo para perseguir al crimen organizado, narcotráfico y violencia criminal, como a expresiones sociales, manifestaciones y libertades otorgadas ya en la Constitución mexicana.
El PRI, acompañado del PVEM, Nueva Alianza y Encuentro Social, favorecieron el controvertido documento que se impondría en la capital, estados y municipios.
Corresponde ahora al Senado de la República analizarla y, en su caso, aprobar o no, esta iniciativa presidencial que sin duda es un peligro más que una solución. ¿Qué uso le habrán de dar en año electoral? ¿Qué uso en caso de discrepancias sociales con el gobierno?…
Esto de las Fuerzas Armadas haciendo labores anticrimen comenzó durante el primer año del gobierno del panista Felipe Calderón en 2006 y continuó a lo largo del gobierno del priista Enrique Peña Nieto. Por supuesto, tiene que ver, también, con la incapacidad de las fuerzas públicas del orden, preventivas y de administración de justicia.
Tiene que ver con el estado de descomposición el que se ha inmerso estas fuerzas de seguridad tanto federal, como estatales o municipales. Por entonces se dijo que no había de otra, que el impacto del crimen organizado y el narcotráfico afectaba la vida de Michoacán, en aquel caso, y que esta participación sería la gran solución.
Pasó el tiempo y no fue así. A lo largo del sexenio Calderón y el gobierno de Peña Nieto el fenómeno criminal se ha incrementado, no se ha abatido la corrupción, la impunidad y sí, por otro lado, se ha contaminado a un Instituciones que habían sido ejemplo de integridad, pulcritud y afecto nacional.
Ahora se entra en otra fase. Se les da carte-blanche a las Fuerzas Armadas de México para intervenir en algo en lo que no debería involucrarse, como también se amplía su espectro a todo aquello que, a criterio presidencial, se considere que afectará la Seguridad Interior del país.
A la lectura del documento se perciben amenazas graves para México:
Por ejemplo: ‘Otorga a las Fuerzas Armadas facultades de policía: “Permitirles acciones ‘preventivas’ a su criterio”. No existen controles para verificar el respeto a los derechos humanos, tan sólo dice que ‘se respetarán’.
‘Permite a las Fuerzas Federales –incluye a las militares- intervenir contra protestas sociales si consideran que NO son pacíficas. Esto es: ellos determinarán el grado de ‘pacíficas’ de las manifestaciones sociales.
‘La regulación del uso de la fuerza es inexistente, remite a protocolos deficientes y no supervisados. Va contra las libertades de expresión cuando afirma que ‘toda información sobre medidas de seguridad interior será confidencial’. Esto es, se considerará que se atenta a la Seguridad Interior al informar sobre hechos en la materia. No hay límite de tiempo a las afectaciones de seguridad interior…
‘No obliga a que autoridades estatales y municipales fortalezcan a sus policías civiles en tiempos y conforme a metas concretas. Intervendrá lo militar en áreas de inteligencia civil. No establece controles ni contrapesos definidos. Imprecisiones del documento remiten a la figura de Seguridad Interior…’ (Con datos de Animal Político)
Pero sobre todo, se otorgan facultades supremas al presidente de la República para que a su criterio decida la intervención de las Fuerzas Armadas si considera que ‘algo-algunos’ ponen en peligro la Seguridad Interior…
La discrepancia, las expresiones de rechazo, las libertades de expresión pública, el descontento o inconformidad con hechos de gobierno podrían considerarse –a criterio presidencial- atentatorios de esa Seguridad Interior que se dice defender con esta Ley de 34 artículos y 4 transitorios, pero que al mismo tiempo contrae las libertades, es persecutoria, inhibe bajo amenaza de acción militar a lo social y nunca deja en claro qué se entiende por expresiones ‘no pacíficas’ y, aun si fueran extremas, existe la figura de las fuerzas de la seguridad pública para el control de esos extremos.
Esto es: hay una gran necedad del gobierno mexicano para atribuirle estas tareas a las fuerzas militares. Sin duda éstas cuentan con integrantes probos y dispuestos a las libertades, y sin duda, también han sido miembros de estas fuerzas quienes han criticado esta participación pública del Ejército y la Marina nacionales.
Pero en ningún momento se plantea el fortalecimiento, la capacitación, la dignificación, la limpieza de las fuerzas públicas del orden.
La Ley de Seguridad Interior es, sin duda, una amenaza para las libertades, las garantías individuales, los derechos y la soberanía individual y nacional. ¿Se da cuenta el Senado de esta su responsabilidad ahora? Una vez aprobada será difícil su derogación. ¿Lo han pensado?
