El descubrimiento del Rancho Izaguirre en Teuchitlán como espacio de exterminio y cremación clandestina, ha visibilizado y puesto en la agenda pública un tema que las autoridades de todos los niveles han querido ocultar o minimizar: la desaparición de personas. Este tema requiere toda la atención de nuestras autoridades y de la sociedad en su conjunto. De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda existen más de 124 mil personas que se encuentran en calidad de desaparecidas en México, y 6 mil fosas clandestinas encontradas en todo el país.
En México existen más de cien colectivos de búsqueda de personas desaparecidas conformados mayoritariamente por familiares de las víctimas, quienes realizan búsquedas en campo de cuerpos y restos humanos, identifican personas enterradas en fosas comunes, buscan en las calles y en sitios como hospitales, cárceles o lugares de trabajo sexual. Los colectivos de búsqueda desde 2006, son ejemplos del coraje y la resiliencia de quienes, a pesar de la adversidad, no cesan en su búsqueda de justicia y verdad.
La desaparición de personas en México es un fenómeno que se da desde hace décadas por diferentes motivos. Este problema es multifacético, abarcando desde el crimen organizado hasta la corrupción institucional, y revela profundas fallas en el sistema de justicia y protección de derechos humanos. La desaparición de personas en México está íntimamente vinculada con la violencia del narcotráfico y las organizaciones criminales, además de bandas que se dedican al tráfico de personas. Estas entidades, en su lucha por el control de territorios, así como el tráfico de drogas y personas, recurren a la desaparición de individuos, ya sea como una estrategia para sembrar el terror o como parte de sus enfrentamientos con el Estado y otros grupos. Sin embargo, la situación no solo se limita a la acción de los carteles. En algunos casos, las fuerzas de seguridad, incluidos policías y militares, han sido señaladas por su participación activa en desapariciones. En algunas regiones, los criminales tienen tanto poder e influencia que incluso las fuerzas de seguridad locales o federales no se atreven a actuar en contra de ellos, lo que contribuye a la falta de respuesta ante las desapariciones.
El tráfico de personas es un problema grave que implica la explotación de individuos para fines como el trabajo forzado, la prostitución, la explotación sexual, la esclavitud moderna y el reclutamiento para actividades criminales.
La falta de avances en las investigaciones y la escasa persecución de los responsables perpetúan un ciclo de violencia y sufrimiento. La ineficacia del sistema judicial y la corrupción en diversos niveles de gobierno hacen que las víctimas no puedan encontrar justicia ni reparación. Las autoridades, en lugar de proteger a los ciudadanos, a menudo terminan siendo parte del problema, lo que genera una profunda desconfianza en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y los derechos humanos.
Las autoridades evaden el tema. Cuando en 2023, al anterior presidente le preguntaron sobre jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco; el presidente contesto burlonamente “no oigo”. Anteriormente, al inicio de su sexenio, cuando periodistas le preguntaron sobre las desapariciones contestó que “eso no sucedía en México, que era cosa del pasado”. La actual presidenta ha querido desviar la atención diciendo que es una campaña política pagada en su contra.
El senador del PAN, Marko Cortés, propuso un punto de acuerdo para que la titular del Poder Ejecutivo Federal promueva un acuerdo con la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) para la implementación de un Grupo de Investigación Interdisciplinario Independiente para el caso del Rancho Izaguirre en Teuchitlán. Sin embargo, morenistas, verdes y petistas abandonaron el salón de plenos dando la espalda al pueblo de México en un tema tan delicado en este momento.
¿Porque las autoridades evaden este tema? Investigar lleva a encontrar, y encontrar los lleva a encontrarse a ellos mismos. La complicidad de las autoridades en este tema se da por acción o por omisión.
Es fundamental que el Estado mexicano garantice el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación para las víctimas, además de implementar políticas eficaces que aseguren que nunca más se repita esta tragedia.
@aguilargvictorm
