El estado de derecho es un principio fundamental que establece que todas las personas, instituciones y autoridades, incluyendo al gobierno, están sometidas a la ley. En un estado de derecho, las normas legales deben ser claras, justas y aplicadas de manera equitativa. Esto implica que nadie está por encima de la ley, ni siquiera los gobernantes o las autoridades, y que los derechos humanos y las libertades individuales deben ser respetados y protegidos.
En un estado de derecho, todos los individuos son tratados de manera justa ante la ley, lo que previene la arbitrariedad y la discriminación. Un estado de derecho asegura que los derechos fundamentales de las personas sean respetados, independientemente de su estatus social, económico o político. Las personas tienen confianza en que sus disputas y problemas serán resueltos de manera imparcial y conforme a la ley, lo que promueve un ambiente de paz y seguridad. El hecho de que los gobernantes estén sometidos a las leyes previene el autoritarismo y la corrupción, asegurando que el poder no sea utilizado en beneficio propio, sino para el bienestar común. Un sistema legal confiable fomenta la inversión, el comercio y el desarrollo, ya que tanto individuos como empresas tienen seguridad jurídica sobre sus derechos y obligaciones.
El estado de derecho es esencial para una sociedad justa, democrática y equitativa. Sin él, las instituciones y los derechos de las personas podrían estar en riesgo, lo que afectaría negativamente a la cohesión social y al progreso económico y político.
La ley para una sociedad civilizada es un conjunto de normas y reglas establecidas por el mismo pueblo a través de representantes que democráticamente elige y que representan al Poder Legislativo, cuya finalidad es regular la conducta de las personas y garantizar la convivencia armoniosa dentro de esa sociedad. Estas leyes deben estar basadas en principios de justicia, equidad y respeto a los derechos humanos, y se aplican de manera generalizada y sin discriminación.
Todos los gobernantes en México al asumir sus cargos protestan “Cumplir y hacer cumplir la ley”.
La ley es fundamental para que una sociedad civilizada funcione de manera justa y equitativa. Sin un marco legal claro y respetado, el orden social se vería afectado, y las personas estarían más expuestas a injusticias, abusos y conflictos.
Desde 2018 el estilo caudillista de los gobernantes, se resume en la frase lapidaria del anterior presidente “no me vengan con que la ley es la ley”. Lo característico es el desmantelamiento de las instituciones y el debilitamiento del andamiaje jurídico. El caudillo esta sobre la ley.
Se han aprobado reformas que dejan desprotegido al ciudadano frente a disposiciones gubernamentales que le afectan, y en un gobierno sin contrapesos resulta más peligroso aún, ya que pone en riesgo la seguridad y la propiedad de las personas frente a decisiones gubernamentales injustas. Hoy en día, el único contrapeso que tiene el actual gobierno, contrario a una posición soberana, ha resultado ser el presidente de los Estados Unidos, con su amenaza de imposición de aranceles y su política de combate a los cárteles mexicanos.
El gobierno ha claudicado en hacer cumplir la ley hasta llegar al horror de descubrir verdaderos centros de exterminio y entrenamiento de los cuales solo tenemos referencia en la Segunda Guerra Mundial. No hay nada que amenace la soberanía nacional como los cobros de derecho de piso por grupos delincuenciales que controlan grandes territorios de México desplazando a las legítimas autoridades. La política de guerra frontal contra el crimen no es la idónea, pero tampoco lo es la política “abrazos, no balazos”
La reforma judicial representa el desmantelamiento del Poder Judicial que aun con sus fallas garantizaba un apego a la legalidad, Mediante una farsa electoral se pretende imponer a un grupo de personas juzgadoras con compromisos diferentes al apego a la ley. Incluso, como en casos específicos se ha denunciado, existe el riesgo de que delincuentes se integren al poder judicial.
Como escribe José Luis Arebasturi en un interesante artículo publicado en 2020, San Agustín planteaba “Un Estado sin Justicia sería solo una banda de ladrones”. Lo que San Agustín señalaba como una posibilidad, hoy lo vemos convertido -y bien sufrido- en su más evidente REALIDAD: desde hace tiempo estamos gobernados por una “banda de ladrones”.
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