La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara para analizar la controvertida reforma al Poder Judicial tras la admisión de cinco acciones de inconstitucionalidad presentadas por diversos partidos políticos, incluyendo el PAN, PRI, y Movimiento Ciudadano. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá ha tomado la delantera en este proceso al dar entrada a las impugnaciones, aunque decidió no frenar la implementación de la reforma.
ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE SENTENCIA
Desde este momento, el ministro Alcántara Carrancá deberá elaborar un proyecto de sentencia que será discutido por el Pleno de la SCJN.
Para avanzar en este análisis, ha ordenado que se dé vista a la Cámara de Diputados y al Senado de la República, así como a los poderes legislativos de las 32 entidades federativas, requiriendo informes sobre la situación.
En particular, se solicitó al Poder Ejecutivo Federal una copia certificada del Diario Oficial de la Federación que documente la publicación del decreto en cuestión. Además, los congresos locales deberán proporcionar los antecedentes relacionados con esta reforma.
OPINIONES DE ENTIDADES INVOLUCRADAS
El ministro también ha requerido a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que, en un plazo de diez días naturales, emita su opinión sobre las acciones de inconstitucionalidad.
Asimismo, Guadalupe Taddeí, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), deberá entregar en tres días una copia certificada de los estatutos vigentes de los partidos promoventes y la certificación de sus registros actuales.
También se ha pedido al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Coahuila que envíe, en un plazo similar, copias certificadas de los estatutos del partido Unidad Democrática de Coahuila.
RECHAZO A LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN
En el mismo acuerdo, el ministro Alcántara Carrancá ha rechazado la solicitud de suspensión presentada por los promoventes, quienes buscaban frenar la implementación de la reforma judicial.
El ministro aclaró que la admisión de una acción de inconstitucionalidad no conlleva automáticamente a la suspensión de la norma, un criterio que ha sido consistentemente aplicado en su labor como instructor de este tipo de casos.
La SCJN se encamina así hacia un proceso clave que podría tener implicaciones significativas en el futuro del sistema judicial en México.
