Este 26 de septiembre se cumplen 10 años de la noche trágica que enlutó 43 hogares en Ayotzinapa, Guerrero, donde se forjaban los sueños de estudiantes normalistas que buscaban el desarrollo educativo en sus comunidades. A una década de esa tragedia que cimbró Mexico y el mundo, y después de dos sexenios, los padres, madres, hermanos y amigos de estos 43 estudiantes desaparecidos, siguen buscando respuestas.
Han sido 3 mil 650 días tristeza, dolor, ira, desilusión y también de convicción por encontrar verdaderos indicios de estos jóvenes que se forjaban en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, de quienes no se supo nada más entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Lo que se tiene preciso es que los normalistas se alistaban para ‘botear’ en la ciudad de Iguala, con el objetivo de reunir fondos para viajar a la capital del país, donde marcharían el 2 de octubre, dentro de la conmemoración por la matanza de Tlatelolco, en 1968.
Qué se iban a imaginar que ellos, de entre 17 y 25 años, serían las víctimas de una tragedia de la que hasta ahora las autoridades nada saben con precisión.
EL INICIO DEL CALVARIO
Después de estar desaparecidos, se especuló que habían sido detenidos por órdenes del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, ya que presuntamente intentarían boicotear un evento de su esposa María de los Ángeles Pineda, titular del DIF municipal.
Ante esta versión se dijo que los policías de Iguala abrieron fuego contra los cinco camiones en los que viajaban los normalistas, detuvieron a 43 de ellos y posteriormente ya no se supo nada de ellos.
EPN Y SU “VERSIÓN HISTÓRICA”
Para salir de una ola de críticas y acusaciones, en el 2015 la Procuraduría General de la República (PGR, ahora Fiscalía) que dirigía Jesús Murillo Karam, maquinó una “versión oficial”, conocida como “verdad histórica”, en la que señalaba que fue un grupo del crimen organizado el que había confundido a los estudiantes con rivales y eso los llevó a secuestrarlos y asesinarlos, para luego borrar los indicios calcinándolos en el basurero municipal de Cocula, Guerrero.
DEMIENTEN LA “VERDAD HISTÓRICA”
Las investigaciones y presentimiento de los familiares no creyeron el “circo” que armó el estado y con ayuda de instituciones de derechos humanos, así como del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), dedujeron la implicación del Ejercito.
Entre sus indicios rechazaron la versión oficial, y lograron esclarecer la muerte de tres de ellos: Alexander Mora Venancio, Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz, cuyos restos fueron identificados tras una serie de análisis de ADN hechos en la Universidad de Innsbruck, Austria, sin embardo, del resto de los normalistas no se ha esclarecido nada.
UN SEXENIO SE VA SIN AVANCES CLAROS
La importancia del tema no quedó fuera de la política y fue retomando por el ahora presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como promesa de campaña. En ese lejano 2018, AMLO dijo a las familias consolidar una comisión de la verdad para dar con los desaparecidos.
Al ganar las elecciones, López Obrador enlistó en el número 89 de 100 compromisos, la “Investigar a fondo la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa; se conocerá la verdad y se castigará a los responsables”, pero ya pasaron seis años y esa promesa no se esclareció, a pesar de la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj).
La Covai, dirigida por Alejandro Encinas, delató que hubo muchas omisiones por parte de las autoridades en aquella noche trágica del 2014, en Iguala, Guerrero. A la par, reveló que se manipularon y ocultaron pruebas, se crearon falsas escenas del crimen; se permitió la operación del crimen organizado en la policía y se torturó a detenidos para la obtención de confesiones, hechos que ya en su momento habían denunciado los expertos del GIEI.
A raíz de estas investigaciones se confirmó la consigna que abanderó las marchas de los últimos años en las que acusaban al Ejército de haber participado en los hechos, por lo que se giraron y ejecutaron órdenes de aprehensión.
A unos días de acabar su sexenio, López Obrador, ha defendido a capa y espada al Ejercito, alegando que no “es real” esta imputación.
Mientras tanto, los abogados de los centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y de la Montaña ‘Tlachinollan, mantienen la implicación de la institución castrense en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Lejos del descrédito oficial, los defensores de esta lucha indican que “Sin duda (las descalificaciones de AMLO) obedecen a que no hemos callado nuestros señalamientos sobre la persistencia en el presente de la impunidad, la violencia y el encubrimiento al Ejército (…) Eso nos ha llevado a denunciar la existencia de la tortura en la investigación inicial que llevó a la ‘verdad histórica’, que paradójicamente es la que hoy respalda el presidente de la República con sus dichos”.
Es así como el martirio de las familias de estos 43 normalistas seguirá, y en gran medida combatiendo la indiferencia de autoridades, a las que se han enfrentado desde el día uno, pero el amor por sus hijos los llevará a mover montañas para saber de ellos.
