Estamos a unas cuantas semanas de que el presidente López Obrador concluya su mandato. El primero de octubre comenzará el gobierno de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Dicho así, simple y sencillamente parecería que el mar está en calma. Que el vuelo del cambio ocurrirá sin turbulencias… Sí. Pero no.
Resulta que ya por estos días estamos en turbulencia y todo parece indicar que así será hasta el último minuto de septiembre de 2024 o incluso después.
A la vista está la Reforma Judicial que envió a la Cámara de Diputados el presidente de la República. El meollo radica en que esta iniciativa surgió del enojo, de la indignación, de la venganza en contra de Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) porque simple y sencillamente no aprobó, por inconstitucionales, algunas de las iniciativas presidenciales que fueron aprobadas por diputados o senadores del partido Morena, y sus aliados, “sin quitarles ni una coma”.
En la construcción de esta Reforma se busca avalar el ingreso al Poder Judicial de quienes no tienen las calificaciones indispensables para tomar decisiones basadas en la exacta interpretación de la Ley y de la Constitución, con ética y buen criterio jurídico.
Se subraya que deberá ser el pueblo el que decida quiénes ingresan como jueces, magistrados o ministros… sin la garantía de que en esa elección no intervenga el chanchullo y la mentira, el engaño y el apoyo a gente incapaz pero proclive al gobierno en turno o a intereses criminales.
Un ejemplo de la razón del enojo presidencial es la reforma eléctrica que, como otras propuestas del Ejecutivo, se salían de los preceptos constitucionales y, por lo mismo, fueron desechados.
El dilema radica en que, o la Suprema Corte de la Nación asume la responsabilidad de velar por la Carta Magna y aplicar la ley o, de otra manera, someterse al mandato del Ejecutivo, como ha ocurrido en muchas ocasiones antes, pero que esta vez —como se nos prometió en 2018— los mexicanos suponíamos que todo eso cambiaría y que se acabaría con las aberraciones pasadas y que durante este sexenio se respetaría la división de poderes que le dan sentido a la República.
El tema de fondo es eso: la inquina del Ejecutivo hacia la Corte. Y en particular hacia su presidenta Norma Piña a la que se ha denostado y se descalifica diariamente desde Palacio Nacional.
También se acusan fallas en la administración de justicia. Se acusa a jueces y ministerios públicos de corrupción: y sí. Es seguro que en muchos casos la hay. Es seguro que, en muchos casos, jueces deciden culpabilidad o inocencia utilizando un criterio corrupto. Sí. Como hay corrupción en el aparato de gobierno del Ejecutivo en todos sus niveles, como también lo hay en el Legislativo.
Esto se tiene que arreglar. De hecho, se prometió que este sería el sexenio de la lucha contra esa corrupción. Que la corrupción sería desechada del gobierno y de los otros dos poderes.
Cierto: Urge limpiar de esos malos elementos al Poder Judicial, los que se han enriquecido medrando con la justicia. Hay jueces y ministerios públicos que merecen ser castigados por su inoperancia y por actos de corrupción; al igual que los corruptos del poder político o de gobierno en el Poder Ejecutivo, como también en el Legislativo.
Pero de eso a querer acabar con uno de los poderes de la República al modificar la Constitución y ponerlo a disposición del Ejecutivo es otra cosa muy distinta.
Porque es cierto. Una vez que se apruebe la Reforma Judicial y se reste autoridad a la Suprema Corte de Justicia a través de sus emisarios-obedientes, el gobierno de la 4-T habrá dado un golpe mortal a la República, cuyas bases de fortaleza y sustento es la división y autonomía de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
En defensa del Poder Judicial y, sobre todo, de su autonomía, a partir del lunes 19 de agosto miles de trabajadores del Poder Judicial en la Ciudad de México y otros estados iniciaron un paro escalonado para expresar su repudio a la Reforma Judicial, movimiento que crece cada día en toda la República. En contraposición el presidente llamó a los trabajadores: “Paleros de los corruptos”.
Si cada uno de los tres poderes respetara al otro y actuara con base en el criterio republicano, no tendríamos a un Legislativo sometido a los designios del Ejecutivo, como ocurre hoy mismo con la mayoría morenista y sus rémoras: Verde y del Trabajo.
A esta turbulencia se suma el tema de la sobrerrepresentación para que Morena obtenga una mayoría calificada y, a partir de septiembre, pueda modificar la Constitución a su modo y con base en los intereses del gobierno en turno: esta vez para favorecer a la 4-T y a su heredera universal.
Y está el gran problema con Estados Unidos y la captura de uno de los narcotraficantes más buscados por ellos. La forma cómo se llevó a cabo esta detención indignó al presidente de México porque no se le notificó del operativo. Acaso porque temían los estadounidenses que desde aquí se filtraría la información para evitar esa detención.
Por lo pronto, el presidente mexicano indignado le pica las costillas a su socio comercial, Estados Unidos, acusándolo de injerencia en asuntos de México al apoyar con recursos a Mexicanos Contra la Corrupción, que son críticos del gobierno de la 4-T.
El gobierno estadounidense contesta con indiferencia y menosprecio al mandatario mexicano. La violencia criminal crece cada día sin que el gobierno haga algo para contenerla. Lo que es una forma de ingobernabilidad y de “abrazos, no balazos”.
La turbulencia aumentará cada día por lo que pueda aparecer en los días siguientes. Pocas veces, como esta, el cambio de gobierno ha sido tan complicado y con un gobierno tan incierto como el que llega a partir de octubre.
