Es verdad que para millones de mexicanos la Reforma Judicial que propuso el presidente López Obrador, y que envió como iniciativa al Congreso mexicano para su aprobación, resulta incomprensible. No sólo porque no se entiende bien a bien cuáles son las particularidades y los puntos básicos legales en los que se sustentan los cambios y ¿por qué?
El tema ha quedado cerrado entre quienes emitieron la propuesta: Palacio Nacional, y los que la recibieron en la Cámara de Diputados. Pero, sobre todo, el tema es más político que jurídico, aunque lo jurídico esté en vilo porque el impacto de esta reforma significará un enorme retroceso en la administración de justicia en el país.
El presidente insiste en que la Suprema Corte de Justicia debe ser reformada. Argumenta sueldos altos. Falta de criterio jurídico —cuando se trata de sus propias iniciativas que han sido inconstitucionales y, por lo mismo rechazadas por la Corte, como fue el tema eléctrico y que generó la inquina y hasta el odio presidenciales.
Desde hace tiempo, el gobierno mexicano ha enviado una serie de spots y anuncios para ser transmitidos con extremada frecuencia en todos los medios electrónicos, digitales e impresos; mensajes que subrayan la necesidad de cambiar al Poder Judicial deficiente, prometiendo que ahora sí se hará justicia para todos, aunque no subrayan el eje central de la propuesta presidencial: la pérdida de autonomía del Poder Judicial.
Y ha desplegado todos los instrumentos a disposición para convencer a los mexicanos de que esta reforma debe ser, y debe ser aceptada porque así conviene “a la Nación”, según insisten. No obstante, está claro que es una propuesta que nace de la indignación, de la venganza, del rencor y del sentido de poder presidencial por el que todo debe ser obediencia y silencio.
Los medios proclives a la 4-T han dado muestras de ferviente obediencia y los operarios políticos como legisladores del círculo morenista juran y perjuran que lo que propone su jefe supremo, el Ejecutivo, es lo más correcto y lo que debe ser, aunque en el fondo no estén de acuerdo: pero la disciplina y la obediencia son factores de sobrevivencia política y de poder político del que no quieren desprenderse: el poder político es un vicio para muchos que lo ostentan.
Uno de los más fervientes operadores de la Reforma Judicial en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier y Velazco, líder de la bancada morenista y de sus partidos asociados, Verde y del Trabajo, así como presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, anunció que será esta misma semana cuando se votará la Reforma Jurídica presidencial.
Por supuesto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está a la expectativa y ojalá tengan el antídoto legal y constitucional frente a la embestida que ya está encima. Cuerpos y colegios de abogados de todo el país reprueban este modelo al que consideran dañino para la justicia en México, los Institutos de Investigación Jurídica, asimismo.
Entre muchos de los puntos que tratarán en la Cámara de Diputados: Elección popular de los cargos del Poder Judicial. Elimina los cuerpos colegiados para la calificación de aspirantes. Suprime la antigüedad del título profesional para acceder a un cargo dentro del Poder Judicial. Establece un promedio general de calificación de 8.0 y de 9.0 en las materias relacionadas con el cargo.
Se realizarán dos elecciones para elegir a la totalidad de ministros, magistrados y jueces, el primer domingo de junio de 2025, en la que se elegirán aproximadamente 800 cargos, y la otra en 2027.
Cada Poder de la Unión podrá postular tres candidatos para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados de la Sala Superior del TEPJF e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial. No se garantiza la pureza de la selección por lo que agentes dañinos podrían involucrarse en la administración de justicia, a su favor.
Cuando se rebase el número de candidatos se hará una lista con 10, para elegirse a los candidatos en tómbola, como propuso en una Mañanera el presidente López Obrador.
El proyecto de dictamen señala que la ley preverá la extinción de la sala regional especializada del TEPJF a más tardar el 1 de septiembre de 2025, por lo que sus magistraturas no se renovarán en la elección extraordinaria.
Establece que se crearían tres Comités de Evaluación, uno en cada Poder de la Nación, para que examinen los expedientes de todos los que aspiren a participar en la elección. Lo que no garantiza la pureza y calidad calificada de la elección.
Con todo, tanto jueces como magistrados que ven en todo este proceso de evaluación y temporalidad como una muestra de lo vacuo y elemental de la selección del personal judicial y que representa una propuesta que será manipulada por el gobierno en turno en su favor, harán un “paro pacífico” el 21 de agosto próximo.
La Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito reclamó que los foros realizados por la Cámara de Diputados sobre la reforma judicial fueron una “simulación” de consulta parlamentaria para argumentar la participación social, pero nada: la voz de los analistas que no concuerdan con esta Reforma no fue escuchada ni divulgada ni considerada en la Reforma.
Todo parece indicar que la Reforma será aprobada por Morena y sus aliados en unos cuantos días, y que en junio de 2025 será la selección de los cargos que llevarán a cuestas la responsabilidad de la justicia en México.
Pero, sobre todo, ese día, lo más dramático y lamentable es que el día que se apruebe la Reforma Judicial, habrá de concluir la República Mexicana; una República que garantizaba la división de poderes como factor de equilibrio, de justicia, de igualdad, de legalidad, de transparencia y de democracia en México.
¿Lo saben los legisladores morenistas? ¿Lo saben los legisladores de oposición? ¿Lo saben los mexicanos?
