El evidente fraude electoral en Venezuela del pasado domingo provocó una revuelta social que el represor Maduro se esfuerza en sofocar. Esto pone en evidencia para qué sirve a las tiranías tener el control de todos los poderes y órganos autónomos. En el caso de Venezuela, su Consejo Nacional Electoral (CNE), contrario a su naturaleza, operó y avaló el robo de una elección. El poder legislativo y el poder judicial venezolanos, ambos cooptados por el dictador hicieron lo propio en contra de la voluntad popular expresada en las urnas. México tácitamente dio su aval al gobierno venezolano en la última sesión de la OEA. Los órganos electorales y jurisdiccionales de Venezuela dieron por ganador a Maduro, como acto de fe, sin exhibir las actas como lo marca la legislación de ese país.
En México, el actual régimen se esfuerza por reducir y controlar los órganos autónomos; cooptar tanto al poder legislativo como al poder judicial; así como, apropiarse de todas las gubernaturas de los Estados. El “al Diablo con las instituciones” y “no me vengan a decir que La ley es la ley” son una realidad. Se apela a la democracia para construir una antidemocracia.
El control del poder legislativo se busca arrebatar a través de la sobrerrepresentación de Morena en el Congreso vía la asignación de diputaciones y senadores plurinominales. Es importante recordar que los espacios plurinominales representan un avance democrático para dar espacio a las minorías, que, aunque no tuvieron el número mayoritario de votos, si tienen una representación legítima. Es decir, los espacios plurinominales son electos también en las urnas. Si el partido ganador se asigna más espacios se rompe con el principio que dio origen a esta representación y entonces tenemos un desequilibrio contrario a la voluntad expresada en urnas, pero muy beneficioso para el régimen. El objetivo es tener la mayoría calificada en el Congreso para, de esa forma hacer los cambios constitucionales que deseen, por supuesto a beneficio del mismo régimen.
La reforma al poder judicial lleva el mismo fin, tener jueces, magistrados y ministros a modo; no para hacer valer la ley sino todo lo contrario, para pasar por encima de ella. Solo hay que observar el desempeño de los últimos ministros afines al régimen para darse cuenta de la incapacidad jurídica, que poco importa, pero con una alta lealtad al régimen como el caso de Lenia Batres. Esta reforma contraviene tratados internacionales como el T-MEC.
La reconstrucción de la dictadura perfecta está en marcha, los mismos modos, los mismos personajes de antaño, aunque con otro membrete para limpiarse la cara y expiar sus culpas. El pseudo humanismo que se invoca solo provoca pobreza y muerte, así como finanzas públicas “quebradas”. Se desaparecen Fondos que tardaron décadas en construirse, sin contar el saqueo a las arcas aprovechando la opacidad de información al cooptarse también los órganos autónomos competentes.
Se aprovechan de la necesidad de la gente, a quienes buscan hacer cada vez más dependientes de la dadiva oficial para apropiarse de la voluntad popular a través de corromper a ese pueblo “bueno y sabio”. Para muestra, recientemente diputados aprobaron en comisiones un paquete de reformas al artículo 123 constitucional en beneficio de jóvenes y trabajadores, además de incluir el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Se avalaron cuatro de nueve dictámenes. El primero, es para otorgar un apoyo económico mensual, hasta por 12 meses, a jóvenes de entre 18 y 29 años de edad que no estudien ni trabajen, a fin de que se capaciten para el trabajo.
La segunda reforma, establece que toda persona trabajadora tiene derecho a recibir una pensión justa por vejez. La reforma plantea que los trabajadores de 65 años, que empezaron a cotizar en 1997 en el IMSS y aquellos bajo el régimen de cuentas individuales en el ISSSTE, recibirán una pensión equivalente al salario mensual promedio registrado cada año al 1 de enero.
La tercera reforma aprobada fue para que los salarios mínimos nunca aumenten por debajo de la inflación; además, que el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores establezca un sistema de vivienda que permita obtener crédito barato y suficiente para su adquisición o mejora.
Si bien, nadie cuestiona que las reformas sean justas, no hay dinero que alcance para sostenerlas. Quién pagará los costos será el mismo pueblo vía impuestos, inflación y deuda pública.
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