La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) comprobó la violación de los derechos fundamentales de 559 niños en casas y comedores del programa de apoyo a la educación indígena en el estado de Oaxaca.
A través de un comunicado, detalló las violaciones a los derechos de los niños indígenas consistentes en “violencia física y psicológica, instalaciones deterioradas, falta de atención médica y alimentación de mala calidad”.
El organismo señaló como responsables a empleados del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
Personal de la Comisión documentó hechos de violencia física y psicológica como forma de castigo a los niños, omisión de la obligación de tomar medidas para protegerlos, y la falta de protocolos de atención y prevención de la violencia, precisó en el documento.
Aseguró que nueve de las 41 casas del programa de apoyo a la educación indígena que visitó no cumplen con condiciones que las hagan habitables, al presentar humedad, filtraciones y daños estructurales que ponen en riesgo a los infantes.
Aunado a que en las valoraciones médicas realizadas a los niños en 10 casas y dos comedores, se detectaron “diversas afectaciones a la salud y datos clínicos de desnutrición infantil”, sostuvo el organismo.
En la investigación abierta por una queja de la Comisión Permanente de Derechos Humanos del Congreso local, la CNDH visitó 41 casas y 6 comedores y entrevistó a 339 niños sobre el trato que reciben y las condiciones de vida en las casas, además de valoraciones médicas y psicológicas.
También se revisaron las instalaciones, se obtuvieron 1,059 encuestas, se realizaron 14 entrevistas grupales a 393 niñas, niños y adolescentes, en relación con el trato que reciben y sobre las condiciones de vida en las casas, así como valoraciones médicas y psicológicas, obteniendo 5,225 fotografías de esas visitas.
Las anomalías consisten en violencia física y psicológica, instalaciones deterioradas, falta de atención médica y alimentación de mala calidad, atribuibles a personal del IEEPO, CDI, SSO y DIF-Oaxaca, por lo cual dirigió la Recomendación 52/2017 al gobernador Alejandro Murat Hinojosa, y a la titular de la CDI, Nuvia Mayorga Delgado.
La CNDH documentó hechos de violencia física y psicológica como forma de castigo en agravio de los infantes, imputables a personal del IEEPO, así como omisiones a las obligaciones de adoptar medidas de protección en favor de las víctimas y la ausencia de protocolos de atención y prevención de la violencia escolar.
La Recomendación
El Ombudsman solicita a la CDI otorgar prioridad y gestionar el presupuesto ante las autoridades hacendarias para lograr la rehabilitación, el mantenimiento y el mejoramiento de esas Casas y Comedores.
Además de generar estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos y acciones de coordinación con las instituciones y autoridades involucradas en la atención a las niñas, niños y adolescentes, para el efectivo cumplimiento del Programa de Apoyo a la Educación Indígena en la entidad; revisar las reglas de Operación de ese Programa, para incluirle supervisión integral, acompañamiento, monitoreo y evaluación del funcionamiento de esas instalaciones.
Además, impulsar y reforzar la atención y otorgamiento permanente de servicios de salud; diseñar y presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Cámara de Diputados un plan integral de alimentación y rehabilitación de las Casas y Comedores; colaborar con la CNDH en la queja que se promueva ante el Órgano Interno de Control de la CDI contra los servidores públicos que intervinieron en los hechos; designar un funcionario de alto nivel como enlace con la CNDH para dar seguimiento a la Recomendación.
Al Gobierno de Oaxaca le pide que el personal del IEEPO adopte medidas de protección, en observancia del principio del interés superior de la niñez; se revisen perfiles y requisitos para la selección de personal responsable de las Casas y Comedores y se formulen mecanismos eficaces para su evaluación y capacitación; elaborar protocolos para prevenir, investigar, sancionar y reparar los casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en los centros educativos, las Casas y Comedores, se les dé la debida publicidad y se otorgue capacitación sobre su cumplimiento.
