El estimado reciente es que en México han sido asesinados por lo menos diez y seis aspirantes a puestos de elección popular en lo que va de esta campaña electoral 2024, que es un mes y medio: 4 de la Coalición PAN-PRI-PRD; 1 de Movimiento Ciudadano y 11 de Morena. Son cifras, pero cada una de ellas representa a seres humanos.
Claro: Han ocurrido más homicidios a lo largo de los meses en los que ya se prefiguraba quien estaría en las listas de aspirantes, la contabilidad final será unos meses después del 2 de junio, para ver si quienes ganaron estos cargos son o no agredidos. Ojalá no.
(Habrá que estar atentos a quienes sustituyen a los fallecidos, toda vez que podrían ser los personajes elegidos por ese espectro ajeno a lo electoral y a la democracia. Y además habrá que observar a quienes ocupen estos puestos en zonas extremadamente “calientes”).
En el ambiente enrarecido de estas elecciones, también hay candidatos que son amenazados, candidatos acosados por grupos de interés perverso; también a los que se presiona para que en caso de ganar respondan a esos intereses criminales y no a su responsabilidad política y social.
Ya desde hace mucho tiempo distintos analistas de lo político mexicano han advertido la presencia de la violencia extrema en política, y sobre todo en la elección de quién habrá de gobernar en estados de la República y en municipios. Es notable que quienes han sido agredidos son aspirantes a gobierno; puestos de mando y orden. No para el Legislativo.
Estas muertes parecen no estar en el espacio de responsabilidad del gobierno federal ni de los gobiernos estales o municipales.
Ante los crímenes “se abren carpetas de investigación” y hasta ahí. Y permanecerán ‘abiertas’ hasta el día del Juicio Final.
Poco se sabe de quién cometió el atentado y quien lo ordenó. El por qué, queda claro. Pero es como si estos gobiernos no quisieran meterse en problemas y hacen mutis cómplice frente a un evidente deterioro del proceso democrático que debiera transcurrir en paz, con transparencia y con certezas en los resultados.
Hoy vivimos unas elecciones teñidas de escarlata. Quien debería responsabilizarse de que esto no ocurra mira para otro lado. Promete que todo habrá de esclarecerse y que “no vamos a permitir que esto ocurra en México”. Luego inventa noticias estruendosas para distraer la atención pública y estos hechos queden en el absurdo silencio.
Por supuesto en primera instancia es responsabilidad del gobierno federal velar por la integridad física y patrimonial de los candidatos a elección popular sean del partido que sean. Es parte de la seguridad pública y es parte, incluso, de la seguridad nacional, toda vez que se trata de atentados a la democracia mexicana. Si. Pero no.
Se insiste en que los candidatos que quieran vigilancia y apoyo logístico de seguridad lo soliciten al gobierno federal, pero es una protección que se da a cuenta gotas y que debiera ser obligatoria. De otra forma, con frecuencia se argumenta que “este candidato no solicitó el apoyo de seguridad que le ofrecimos”. Y punto. Que es decir: ‘él -o ella- tuvo la culpa’.
Luego, se utilizan algunos casos para politizar de forma pueril la tragedia ocurrida. Como fue el caso de la aspirante a la presidencia Municipal de Celaya, Gisela Gaytán Gutiérrez, muerta el 1 de abril y para lo que de inmediato se lanzaron todas las baterías en contra del gobierno panista de Guanajuato acusándolo de negligencia en estos este atentado, descuido y hasta falta de probidad.
Las acusaciones salieron raudas de Palacio Nacional y enseguida el “coro fácil” repitió la consigna: el problema es Guanajuato. Claudia Sheinbaum como siempre, repitiendo lo dicho en Palacio Nacional; Mario Delgado dirigente de Morena y tantos más.
Un gobierno panista al que le achacan ser el ejemplo de la violencia criminal en el país. Nada se dice de lo ocurrido en Tamaulipas, apenas, o lo de Oaxaca, con gobiernos morenistas. Nada se dice de Guerrero o Zacatecas y su situación de violencia extrema. En todo caso no es un asunto de partidos, porque cada uno de ellos tiene sus defectos históricos: Lo dicho: es un asunto de seguridad pública y democracia.
Muchos candidatos han decidido renunciar a sus aspiraciones. Candidatos en zonas peligrosas del país –que son muchas-. Prefieren el viejo lema de “Aquí corrió y no aquí quedó”. Y esto es porque no hay garantías para evitar ataques mortales. Y esto es porque las amenazas les agobian y les generan miedo.
En estas condiciones ¿Hay garantías para que los ciudadanos salgan el 2 de junio de 2024 a emitir su voto en esos municipios y estados de la República peligrosos? ¿Qué se está haciendo para que no representen peligro?
Estamos viviendo un proceso electoral si, de color escarlata. Pero todavía es tiempo, si se tiene voluntad, de proteger a la democracia mexicana; de proteger al futuro del país que debe estar en manos de gente que garantice que la función pública y el trabajo político y social son a favor de los mexicanos y no de otros intereses. Todavía hay tiempo: si se quiere, porque si se quiere, se puede.
