En medio del Proceso Electoral 2024, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca inhabilitó por el periodo de un año a la consejera presidenta del IEEPCO, Elizabeth Sánchez González, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, así como participar en adquisiciones.
Y es que la resolución de la Segunda Sala Unitaria Especializada, alcanza también a Noemí Sánchez Gutiérrez, encargada de despacho de coordinación administrativa del Órgano Electoral Local, “como presuntas responsables de la falta administrativa grave de desvío de recursos públicos”.
De acuerdo al fallo de la titular de la segunda sala unitaria especializada en materia de responsabilidades administrativas y combate a la corrupción, Amparo Arias Rivas, acreditó la plena responsabilidad de ambas funcionarias, “en la comisión de la falta administrativa grave de desvío de recursos públicos”.
Justifica el Tribunal la decisión de inhabilitar a la presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca en que, “sanciona la conducta de Sánchez González como servidora pública y no en sus atribuciones como consejera electoral”.
En la resolución también admiten que, “no quedó acreditado que hayan obtenido un beneficio económico a su favor, pero con su actuar sí causaron un perjuicio al servicio público, como son los servicios financieros del IEEPCO”.
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Resalta que la denuncia fue interpuesta por la coordinación de quejas, investigación y desarrollo administrativo de la Contraloría General del IEEPCO, cuyo titular, Salvador Cruz Rodríguez, ya agotó el periodo para desempeñar el cargo.
Cabe recordar que en un primer intento, la Contraloría del Órgano Electoral local intentó remover del cargo a la consejera presidenta del IEEPCO, Elizabeth Sánchez González, al acusarla del desvío de al menos 19 millones de pesos.
Sin embargo, fue la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien ordenó la restitución del cargo a Sánchez González, dado que es el INE el único facultado para remover a las consejerías electorales.
Asimismo, el máximo tribunal electoral en el país dio a conocer que para garantizar el ejercicio de la función electoral vinculada con la organización de los comicios, la Sala Superior ha determinado que durante el desarrollo de las elecciones, es conforme a derecho suspender los procedimientos de ratificación o remoción de las y los servidores públicos de los OPLES.
