Ojalá que no se cumplan los presagios de que con los nombramientos de ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) durante el presente sexenio de gobierno federal, se vulnere la independencia, la autonomía y sobre todo la separación de poderes establecidos por la Constitución de México para la conformación de la República Mexicana.
Junto con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, el Poder Judicial es uno de los tres poderes públicos del Estado mexicano y se encarga de preservar el orden institucional establecido en la Constitución.
La Corte, en su papel de guardiana de la Constitución, garantiza la separación de poderes -y esto es básico como factor de equilibrio justo y legal en el país-; el principio democrático y los derechos fundamentales para beneficio de todas las personas que habitan México.
Esto y mucho más es la SCJN como institución garante de equilibrio político, social y de justicia. Y en estos momentos hay que subrayar uno de los elementos que le dan sentido: garantizar la separación de poderes. De no ser así se incurre en un grave acto de inconstitucionalidad.
Es cierto. A lo largo de muchos años esta institución de justicia ha sido dañada por intereses externos que la han sometido a sus caprichos y necesidades políticas. No es novedad.
Pero también es cierto que debido a la fortaleza de la SCJN a lo largo de tantos años –fundada poco tiempo después de la independencia de México, en la segunda década del siglo XIX, ha participado con rigor y hondura legal durante casi doscientos años de su existencia.
A su recinto han llegado ministros de todo orden. Un requisito indispensable para ser ministro de la Corte es el ser un estudioso y conocedor de las leyes mexicanas, de la Constitución; cuidadoso de la verdad frente a intereses particulares o políticos y, por supuesto, ser titulado en la materia, con conocimientos reconocidos por una universidad.
A lo largo de más de un año, la SCJN ha sido sometida a embates recios desde los otros dos poderes que conforman a la República. Dos poderes que tienen intereses similares si se observa que en el Legislativo hay una mayoría de diputados y senadores morenistas que están sometidos –por propia voluntad- al mandato del Poder Ejecutivo.
Esto ha generado diversas controversias con la SCJN. Por su parte, la minoría opositora no ha podido impedir las acometidas cada vez más graves en contra de la institución.
Una de las razones por las que se arremete en contra de la SCJN desde Palacio Nacional, es que han llegado a la consideración de esta Corte Suprema iniciativas que han merecido el rechazo, argumentado en ley y en lo constitucional, debido a distintas razones de orden absolutamente legal y no político.
Esto no le gusta al Ejecutivo y por tanto arremete-arremete-arremete día a día en contra de esta Institución y de su presidenta Norma Piña. Olvida que el Poder Judicial es otro, no Ejecutivo.
Lo más reciente fue la salida del presidente de esta Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea quien el 7 de noviembre de 2023 sometió su renuncia a consideración del presidente de México; y el 8 el titular del Ejecutivo federal manifestó expresamente su aceptación de la dimisión. Días después ratificaría esta renuncia el Senado de la República.
Y lo que ya se suponía ocurrió enseguida: Días después se incorporaba en apoyo de la señora Claudia Sheinbaum, candidata presidencial desde Palacio Nacional, y por Morena y aliados.
Siguiendo la ley, el presidente envió una terna para que de ahí surgiera el nuevo ministro: tres mujeres. Y siguiendo la ley el Senado no la aprobó. En segunda vuelta también fue rechazada la nueva terna. Con esto la mayoría morenista a propósito dejaba que el presidente de México decidiría a ese nuevo ministro. Fue Lenia Batres la elegida desde Palacio Nacional.
Ella fue consejera adjunta de Legislación y Estudios Legislativos de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y afín a la 4-T. Había sido una puntual crítica de la Corte, siguiendo los criterios presidenciales, argumentando excesos salariales de sus ministros y más: Todo como fiel espejo de lo que se ha dictado durante los últimos meses desde Palacio Nacional.
Pero eso: fue Lenia Batres la elegida por el presidente y fue ella misma quien el 4 de enero, al recibir la toga que corresponde a los supremos jueces –que son ministros- rendir protesta y jurar respeto a la constitución, hizo advertencias más en tono político y más dirigidas a ser escuchada en Palacio Nacional que para ser escuchada por los mexicanos todos.
Acusó de a la SCJN de extralimitarse y estar enfocado en casos con fuertes implicaciones políticas que afectan al orden público y al interés. Dijo que el máximo tribunal ha incurrido en excesos que indican que no se tiene una Corte subordinada a la Constitución, sino una Carta Magna subordinada a la Suprema Corte… y más.
Con esto, da la impresión de que lleva a la SCJN el mandato presidencial adverso a la institución.
Y esto es grave porque podría vulnerar la separación de poderes y la independencia y autonomía de criterios de justicia en la SCJN.
Ojalá que la llegada de Lenia Batres, y otros enviados desde Palacio Nacional, no traicionen a la Constitución y se conviertan en fieles cumplidores de los mandatos presidenciales.
Al día siguiente, el presidente de México felicitó de forma elocuente la llegada de la señora Batres como Ministra de la Corte.
