La Administración Portuaria Integral (API) de Salina Cruz, está constituida como una puerta abierta a la corrupción, incluso con la llave puesta en el picaporte. Es la segunda instancia del gobierno federal con mayor riesgo de corrupción en el país, apenas por detrás de Laboratorios y Reactivos de México (Birmex) que se ha encargado de la compra de vacunas en el país, dio a conocer el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) que difundió el estudio Índice de Riesgos de Corrupción. Compras públicas de México 2018-2022.
La opacidad en gastos y contratos ha sido creciente; el informe indica que el puerto oaxaqueño se caracterizó por la falta de publicación del documento del contrato: solo 14% de las licitaciones públicas realizadas contaron con este insumo fundamental de información.
La terminal marítima es parte fundamental del proyecto de Corredor Transístmico Salina Cruz-Coatzacoalcos, Veracruz, que estipula tender un puente terrestre ferroviario de 310 kilómetros que reduciría en 10 días el viaje de buques y contenedores que utilizan el canal de Panamá, lo que representaría ahorros de más de 2 mil millones de dólares, de acuerdo con un estudio y datos del gobierno federal.
El IMCO colocó a la Administración Portuaria Integral de Salina Cruz en la lista de los pesos pesados de entre las instancias de mayor gasto federal, pues superan operaciones de 3 mil millones de pesos. En total son 27 instituciones que representan el 10% de las firmas estatales pero que, en su conjunto, representan el 84% de total de gasto federal en contratos, licitaciones, adjudicaciones directas, compra, etc.
Dentro de estos “pesos pesados”, la API Salina Cruz fue la institución de mayor gasto que más aumentó su puntaje de riesgo de corrupción en las compras y contratos que realiza. Incrementó 43 puntos con respecto a la edición anterior, sobre todo por la falta de competencia en compras de mantenimiento de bodegas y la adquisición de materiales para el rompeolas oeste, obra pública que forma parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec
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De acuerdo con datos publicados por una de las empresas del consorcio constructor, GAMI Ingeniería e Infraestructura Marítimo Portuaria:
El rompeolas tendría un costo de cuatro mil doscientos millones de pesos; el rompeolas del muelle de Pemex que tendrá una longitud de mil 600 metros y una profundidad de 24 metros” y, presuntamente, se terminaría de construir el pasado mes de mayo del 2023. No fue así, dado que la compra, el acarreo de material y retiro de desechos ha generado una acre disputa entre sindicatos, transportistas y contratistas del gobierno federal.
En su presentación, el IMCO señala que revisó las operaciones de más de 260 instituciones del Gobierno Federal, a través de 27 indicadores de competencia, transparencia y cumplimiento de la ley y Salina Cruz no salió bien parada, sobre todo en el último año analizado: 2022. La API oaxaqueña se ubicó en la segunda posición con una calificación de 68, lo que representa un incremento de 43 puntos por riesgo de corrupción.
El documento recuerda a las instancias con malas prácticas que las compras públicas deben caracterizarse por ser íntegras, es decir, por garantizar un alto nivel de competencia, transparencia y cumplimiento de la ley.
El gobierno federal emitió el pasado 12 de mayo la declaratoria para seis polos de desarrollo industrial del Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec para los estados de Veracruz y Oaxaca se trata de los polos Coatzacoalcos I, Coatzacoalcos II, Salina Cruz, San Blas Atempa, San Juan Evangelista y Texistepec ubicados en Veracruz y Oaxaca.
Además, apenas el 21 de junio el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) publicó las convocatorias de la licitación pública internacional para obtener una concesión por 2 años, con posibilidad de compra, para cinco Polos de Desarrollo para el Bienestar. Tras la convocatoria y presentación de interesados, se tenía programado participar en una sesión informativa el 26 y 27 de julio. Para Salina Cruz la visita está programada el 5 de septiembre.
El índice de riesgos de corrupción
¿Qué mide el Índice de Riesgos de Corrupción? Veamos la nota metodológica del IMCO:
Porcentaje de adjudicaciones directas que no cumplen con la publicación del contrato. Invitaciones restringidas que no cumplen con convocatoria, junta de aclaraciones, apertura de propuestas, fallo y contrato.
Además, porcentajes de licitaciones públicas que no cumplen con convocatoria, junta de aclaraciones, apertura de propuestas, fallo de adjudicación y contrato; el porcentaje de procedimientos presenciales; procedimientos sin junta de aclaraciones; sin acta de propuestas, procedimientos sin fallo de adjudicación; Procedimiento sin contrato y aquellos sin enlace a Compranet. Casi en todos esto rubros la API de Salina Cruz mostró retrocesos severos.
En tal sentido, se señala que “en 20% de los procesos de compra de esta institución y que concentran 76% de su presupuesto, no es posible consultar el documento del contrato. Como el Imco ha documentado previamente, cuando no se puede acceder a los detalles de precio, condiciones y plazos de entrega del contrato, se crean barreras para el monitoreo y la rendición de cuentas en los procesos de compra”.
En este sentido, el IMCO es claro, pues “otorgar contratos a empresas riesgosas puede implicar un incumplimiento de las condiciones de calidad y entrega de los bienes y servicios, o bien, un esquema de corrupción que derive en el desvío de recursos”
EL IMPARCIAL ha dado cuenta de retrasos en las obras del Transístmico que Andrés Manuel López Obrador pretende inaugurar entre agosto y septiembre. Los retrasos se observan en fincado y corrección de vías, en la edificación de puentes, de acuerdo al Avance de Resultados 2022 del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
El documento señala que el mayor rezago se observa en el retiro del rompeolas existente del Puerto Comercial, que el informe señala que se realizaría entre julio de 2022 y marzo de 2023 y que, sin embargo, apenas lleva un avance físico del 14.55%, para el cierre del año pasado.
La corrupción reduce el potencial de crecimiento y desarrollo económico de los países, debilita la confianza en las instituciones públicas, erosiona la democracia y la capacidad de los gobiernos para cumplir sus funciones, concluye el IMCO.
