Integrantes de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), bloquearon este jueves las carreteras federales de la región para protestar contra el megaproyecto Transístmico, al cual consideran como despojo de tierras de uso común en la agencia municipal de Puente Madera, San Blas Atempa.
Encabezados por Betina Cruz Velázquez, fundadora de dicha organización, los habitantes denunciaron acoso institucional por oponerse a la instalación de un parque industrial en terrenos, señalando directamente a funcionarios estatales y a sus representantes comunales de autorizar y promover la cesión de derechos de las tierras que les pertenecen.
Cruz Velázquez y su esposo Rodrigo Flores Peñalosa, promovieron acciones de presión en contra de la instalación de parques eólicos en los municipios de Juchitán de Zaragoza, Unión Hidalgo y Santo Domingo Ingenio, y lograron que las empresas eólicas le financiaran viajes al extranjero para observar y valorar el funcionamiento de los aerogeneradores en España y otros puntos.
Cerca de las 09:00 horas de ayer, pequeños grupos de habitantes de diversas comunidades del Istmo, en su mayoría agencias municipales, bloquearon la carretera Transístmica a la altura de la carretera de acceso a Puente Madera.
Más tarde, habitantes de diversas poblaciones de la Zona Oriente bloquearon la carretera Panamericana Cristóbal Colón en la población de Santo Domingo Zanatepec, por lo cual la vía terrestre hacia la capital oaxaqueña y al estado de Chiapas permaneció incomunicada.
Cabe destacar que diversos pueblos del Istmo se han sumado a las acciones de presión emprendidas por los habitantes de Puente Madera, en solidaridad porque forman parte de la RED Nacional de Resistencia Civil, quienes demandan el reconocimiento constitucional de la energía eléctrica como un derecho humano y por una tarifa social justa para un borrón y cuenta efectivo.
En tanto, los manifestantes demandan transparencia e información pública de documentación agraria y convenios entre autoridades de los tres niveles de gobierno por imposición del parque industrial en tierras de uso común; además de la cancelación del mismo por omisión.
Así como desistimiento de las demandas penales y órdenes de aprehensión en contra del agente municipal, David Hernández Salazar, y de 17 habitantes más de la misma comunidad.
