La Comisión Especial de Seguimiento a las agresiones a periodistas de la Cámara de Diputados, presentó a través de su presidenta, una denuncia por la violencia contra la libertad de expresión y los comunicadores en México, ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU-DH).
La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Brenda Velázquez, titular del organismo parlamentario, señaló que el Estado Mexicano debe ser considerado responsable por las omisiones que han generado un ambiente de violencia y peligro a la integridad y la vida de los periodistas mexicanos.
La legisladora señaló que la queja tiene como propósito que la ONU se pronuncie sobre la impunidad que priva en el territorio mexicano en cuanto a las desapariciones y asesinatos de comunicadores, la cual se debe a la actuación omisa de las autoridades en los tres órdenes de gobierno.
El principal responsable, puntualizó la diputada Velázquez, son el Presidente de la República, por violaciones al artícuo19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; los artículos 1, 6 y 7 de la Constitución; el artículo 70 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; así como el artículo 24 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Dichas faltas también son atribuibles al titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Miguel Osorio, que también ha incurrido en violaciones al artículo 24 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; el artículo 70 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El caso es el mismo para el titular en turno de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes; y el nuevo titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Ricardo Sánchez.
La panista añadió que el recurso presentado ante la ONU incluye la solicitud de intervención internacional en el caso del periodista michoacano Salvador Adame Pardo.
En tanto, la fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en San Lázaro llamó al resto de las fuerzas parlamentarias a analizar y aprobar, la reforma al artículo 102 constitucional, que dotaría de autonomía plena a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
El propósito, es garantizar un adecuado acceso a la justicia y la aplicación de la misma, de forma pronta y expedita, indicó el vicecoordinador Virgilio Caballero.
El legislador y periodista indicó que según el Comité para la Protección de Periodistas, nuestro país ocupa el sexto lugar en el Índice Global de Impunidad 2016, en materia de agresiones a los colaboradores y trabajadores de medios de comunicación.
A ello se suma, dijo, que en 2015 ocho periodistas fueron asesinados; y en lo que va del 2017, al menos seis comunicadores también fueron ultimados, se teme que en todos los casos, a causa de su labor periodística.
Expuso que de acuerdo al informe 2016 de la organización “Artículo 19”, las agresiones a ese grupo en México, se incrementaron en 80 por ciento en los dos primeros años de la actual administración; mientras que en el sexenio pasado, se registraron mil 92 agresiones, lo que representa un promedio de 182 ataques al año.
Esto significa, dijo que en los primeros dos años del sexenio de Presidente Enrique peña, el número de agresiones fue de 656, equivalentes a 328 al año.
Ante esos hechos, insistió, el trabajo del Fiscal Especial ha sido insuficiente e insatisfactorio, pues desde la creación de dicha instancia, hace 10 años, de los más de 700 expedientes acumulados, solo en 31 la investigación tiene que ver con homicidios y en 25 con desapariciones.
