Desde la antigüedad, en las etapas más primitivas del ser humano, la prevalencia de la ley del más fuerte caracterizó su convivencia social. Desde las primeras formas de organización, el tema central ha sido como proteger a los individuos de los abusos de los más fuertes. Surgen entonces patriarcas, jueces, líderes, monarcas, quienes son los encargados de impartir justicia. Por otro lado, surge la ley, como instrumento para establecer reglas claras de convivencia, evitar que la libertad de uno, invada la del otro; y así, proteger la vida y la propiedad de las personas. También para evitar que quien ostente el poder abuse de él. Es así como nace el Estado, como forma de organización, y el Estado de Derecho.
El ejercicio del poder alcanzó su máxima concentración en las monarquías absolutas. En este tipo de gobierno, el pueblo quedaba a merced de las virtudes del monarca, quien ejercía el poder de manera vitalicia. El ejemplo más representativo fue Luis XIV, el llamado el Rey Sol, máximo representante del absolutismo francés, quien acuñó su famosa frase: “el Estado soy yo”.
El despotismo fue una forma de gobierno que tenían algunas monarquías europeas del siglo XVIII; en ella, los reyes mantenían el poder absoluto bajo la máxima “Todo para el pueblo, pero sin el pueblo”.
La existencia de contrapesos para regular el poder resulta indispensable. Para ello, surge la “división de poderes”. El antecedente más antiguo sobre la separación de poderes lo encontramos en Aristóteles que distingue tres direcciones del poder del Estado.
Es Montesquieu en su obra “El Espíritu de las Leyes”, quien establece claramente y por primera vez la separación de poderes, el reparto del poder del Estado es necesario para evitar la acumulación en una sola persona que pueda ejercerlo de manera despótica. Para ello, debe dividirse en tres partes, cada una con una misión específica y diferente, que supongan un equilibrio y contrapesen la actuación de las demás.
Según Montesquieu, la división de poderes en tres (legislativo, ejecutivo y judicial) y su atribución a instituciones diferentes es garantía, contra un gobierno tiránico y despótico. “Todo estaría perdido si el mismo hombre, el mismo cuerpo de personas principales de los nobles o del pueblo ejerciera los tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o las diferencias entre particulares”.
La república, es una forma de organización pública avanzada que presupone la división de poderes para controlar la concentración de poder. También puede referirse específicamente a un gobierno en el que las personas elegidas representan el cuerpo ciudadanos y una república que ejerce el poder de acuerdo en el marco de un Estado de Derecho, con una constitución que establece la separación de poderes, con un jefe ejecutivo electo por los ciudadanos, y el respeto por los derechos individuales. El concepto de democracia es inherente a la república y se establece como una forma de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que confieren legitimidad a sus representantes.
Se conoce como dictum de Acton a una célebre frase del historiador católico británico conocido como Lord Acton en 1887. En su redacción original decía: “El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”.
Aunque México es una república, representativa y federal, de instituciones y con órganos autónomos ciudadanizados, con una constitución que establece claramente la división de poderes; la alta votación que en 2018 obtuvo un solo partido, gracias a la figura de un neo caudillo, nos ha retrocedido a la época del presidencialismo. Con una mayoría en las cámaras tanto de senadores como de diputados, así como en varios congresos estatales. Este fenómeno aunque legal y democrático afecta fuertemente el contrapeso al poder, y ha traído de regreso los poderes meta constitucionales al Presidente, quien a todas luces controla tanto a los poderes legislativo como al judicial, dando a su mandato un ejercicio discrecional del poder sobre el cumplimiento de la Ley.
No importa si se percibe al gobernante como “bueno” o “malo”, la excesiva concentración de poder siempre será dañina para una democracia, que con el tiempo se vuelve contra el mismo pueblo que con su voto lo permitió.
