De acuerdo con la Real Academia de la Lengua, se denomina riesgo a la contingencia o proximidad de un daño. Riesgo es entonces la posibilidad de que suceda un daño o perjuicio y sus posibles consecuencias. Los riesgos se clasifican según su intensidad (alto, moderado o bajo) y la frecuencia con la que pueden ocurrir. Generalmente se refieren en porcentaje.
La administración de riesgos es una función no solo de las organizaciones que implica alinear estrategias, procesos, personas, tecnologías y conocimiento para manejar la incertidumbre que además de la empresa también enfrenta la vida cotidiana de una comunidad. No se refiere solamente al riesgo de contingencias, sino a los peligros inherentes a toda actividad y las amenazas de siniestros naturales.
De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), el 41 por ciento del territorio nacional y el 31 por ciento de la población están expuestos a huracanes, tormentas, terremotos y erupciones volcánicas, es decir, que el 30 por ciento del producto interno bruto (PIB) es vulnerable a tres o más riesgos, y el 71 por ciento, a dos fenómenos de la naturaleza.
2017, fue un año representativo en lo que se refiere a la materialización de riesgos. Un ejemplo de las pérdidas que puede causar un desastre natural son los sismos de septiembre de 2017. La AMIS estimó que éstas alcanzaron 30 mil millones de pesos.
Uno de los principales instrumentos que existen para administrar riesgos es la contratación de seguros. En el 2017, el sector asegurador representó el 2.3 por ciento del PIB, mientras que el promedio de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es de un 8.9 por ciento. Los sismos de 2017 provocaron que se presentaran 73 mil 124 solicitudes a aseguradoras por clientes que vieron afectado su patrimonio.
Desde el punto de vista de la administración pública, los desastres naturales no pueden controlarse, pero sí el contar con programas y presupuesto para enfrentarlos. La constitución de fondos o fideicomisos destinados a enfrentar estas contingencias representan el principal instrumento público de financiamiento para enfrentar desastres naturales. Con esta finalidad, en México se creó el Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
El Fonden fue un instrumento de coordinación intergubernamental e interinstitucional que tiene por objeto ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural perturbador, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil.
EL 28 de julio del año pasado, la Secretaría de Hacienda (SHCP) oficializó la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), al publicar el acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Actualmente no existe un fondo que prevea recursos para atender desastres, por lo que los recursos serían tomados del presupuesto general; lo cual, puede significar un desequilibrio financiero por no prevenir la materialización de un riesgo. A esta situación debemos añadir las actuales deficiencias del sector salud; por lo cual, como país nos encontramos muy vulnerables frente a cualquier contingencia de desastre.
Debido al cambio climático, cada vez es más grande la probabilidad de que ocurran riesgos catastróficos. Nos quedan dos cosas: primero, evitar construir en zonas de alto riesgo y, segundo, que las especificaciones de la construcción sean las apropiadas para que ésta pueda soportar un sismo o alguna otra eventualidad.
A efecto de identificar y prevenir los riegos de desastres naturales de acuerdo a la ubicación geográfica, se crean los “Atlas de Riesgos” que son un sistema integral de información sobre los agentes perturbadores y daños esperados, resultado de un análisis espacial y temporal sobre la interacción entre los peligros, la vulnerabilidad y el grado de exposición de los agentes afectables, de acuerdo al artículo 2 de la Ley General de Protección Civil.
El abandono institucional, la informalidad, la precariedad o la falta de planificación urbana y gestión del riesgo son algunas de las causas que provocan muertos y afectados por los fenómenos naturales. Como siempre los más vulnerables son los más pobres. Sin embargo, a pesar de los discursos, no se ve interés por proteger a este sector vulnerable de los estragos de la naturaleza, que más temprano que tarde se materializan.
