La organización Artículo 19 denunció que el gobernador Miguel Barbosa Huerta emprendió una nueva campaña de hostigamiento contra los medios de comunicación e-consulta y El Popular, que han mantenido una línea editorial crítica respecto de su administración.
En un comunicado, la organización señala que esta vez el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, emprendió procedimientos de auditorías en los que exige a esos medios más de 20 documentales desglosadas, en un plazo de 15 días.
En el caso de e-consulta, el gobierno estatal reclama la presentación de documentos de los años 2018 y 2019, y para El Popular, de 2019 y 2020, y les advierte que, de no proporcionarlos en forma completa, correcta y oportuna, podrá imponerles sanciones de 19 mil 350 a 58 mil 070 pesos y solicitar medidas de apremio, como el auxilio de la fuerza pública, además de practicar el aseguramiento precautorio de bienes, entre otras.
Artículo 19 recuerda que estos requerimientos se suman a una serie de ataques, hostigamiento y desgaste contra ambos medios informativos desde 2019, que han incluido demandas judiciales, descalificaciones y campaña de desprestigio, así como bloqueos informativos y agresiones digitales.
La organización refiere que durante los meses de enero y febrero de 2020, diversas autoridades del gobierno de Puebla desataron un acoso judicial contra los medios señalados, a través de demandas por supuesto daño moral.
En el caso de e-consulta, se mantienen vigentes siete demandas por daño moral en contra de su director, Rodolfo Ruiz, en las que se le reclama el pago de 37 millones de pesos por indemnizaciones.
“Es importante señalar que dichas demandas han tenido en común una misma estructura de argumentación y un mismo cuerpo de abogados”.
Además –abunda–, el 4 de noviembre de este año se inició una campaña de desprestigio contra Carolina Fernández, directora de El Popular, pues a través de un medio de comunicación se señaló que la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del estado acudió ante la Fiscalía General del estado (FGE) para denunciarla por lavado de dinero.
“Es importante mencionar que por diversas vías se ha buscado conocer si efectivamente existe esta investigación, sin embargo, hasta el día de hoy no se tiene conocimiento de que la FGE realmente tenga abierta una carpeta contra la periodista. Estas acciones tienen como objetivo restar credibilidad a la periodista, además de infundir miedo y censura”, sostiene Artículo 19.
Añade que estos medios han abordado temas críticos frente a la administración de Barbosa Huerta, como el aumento de actividades de grupos dedicados al huachicol y otros relacionados con violencia, y posibles fraudes dentro del gobierno estatal.
La organización exige a la Secretaría de Planeación y Finanzas frenar el hostigamiento administrativo en contra de los medios de comunicación como represalia por su postura crítica frente al gobierno encabezado por Miguel Barbosa.
También reclama al gobierno de Puebla cumplir su obligación de garantizar el libre ejercicio periodístico en el estado y exhorta al Poder Judicial a aplicar estándares emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de libertad de expresión y ejercicio periodístico, para el estudio y resolución de los procesos civiles contra Rodolfo Ruiz y el medio e-consulta.
