No es un delito, dice el control de crisis del gobierno federal. Pero, entonces ¿por qué lo hacen de forma subrepticia, secreta y casi de modo delincuencial, con desconfianza en las instituciones mexicanas de resguardo e inversión en nuestro país? ¿Por qué lo ocultan?
¿Garantizar sus capitales y sus bienes en el extranjero –adquiridos en México– es mejor que en nuestro país? ¿Y qué hay de que en 2016 quien hoy es presidente de México dijo –al conocerse los “Panamá Papers”–, que eso, bajo toda circunstancia era lavado de dinero, hoy ya no?
¿Se hará una investigación imparcial para detectar delitos de capital, sin defender a unos e hundir a otros según el color de su partido y origen político? ¿Hay registro fidedigno de que pagaron los impuestos correspondientes a la salida de capitales y que no es lavado de dinero ni ocultamiento en la adquisición de bienes? ¿Pagaron los impuestos generados por esos capitales?
¿De dónde provienen tantos recursos depositados en el exterior? ¿Cómo se hicieron de ellos? –sobre todo los de los políticos mencionados.
Mucho, pero muchísimo, está por aclararse de lo que hoy es la revelación que involucra a gente vinculada a la 4-T, a la empresa, al capital privado, al comercio, a artistas…: Los “Pandora Papers”
[Cuando Pandora –como regalo del Olimpo– se presentó ante Epimeteo, lo hizo acompañada de otro regalo de Zeus: una caja cerrada, que bajo ningún concepto debía ser abierta. Epimeteo, ignoró la promesa hecha a su hermano Prometeo de no aceptar jamás regaló alguno de los dioses del Olimpo, pues eran astutos y traicioneros, y la aceptó como compañera, aceptando al mismo tiempo la caja, que escondió en lugar seguro…
[Pero la curiosidad de Pandora hizo que un día que Epimeteo dormía le robara la caja, y la abrió para espiar su contenido. Al levantar la tapa, fue grande su desilusión al encontrarla vacía, pero era porque en ese mismo momento escaparon de ella todas las desgracias y males que podían afectar al hombre, y se extendieron por el mundo: enfermedades, sufrimiento, guerras, hambre, envidia, ira… Sólo pudo salvar a la Esperanza, que no consiguió escapar…]
El domingo 3 de octubre el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (en el que participaron 600 periodistas de 150 medios en el mundo incluido Quinto Elemento Lab, por México, así como Proceso, El País-México…) reveló registros de 14 despachos globales especializados en crear empresas de papel y complejos esquemas para quienes buscan la secrecía y privilegios fiscales.
Según estos documentos, unos 3,047 personajes de la élite política y del poder empresarial y artístico mexicanos tienen activos ocultos en paraísos fiscales.
De ellos, al menos 80 son personajes visibles de la política nacional, activos e inactivos, quienes se han valido de estas sociedades pantalla para llevar millones de dólares a lugares que ofrecen privilegios fiscales bajo la sombra del anonimato, fuera del alcance de las autoridades hacendarias y de las agencias reguladoras.
El tema no es cualquier cosa. Es la salida de una cantidad enorme de recursos cuyo origen y destino es desconocido y se mantiene oculto con fines no esclarecidos. Se han creado –por ejemplo– empresas tan sólo en papel, sin domicilio fiscal ni recursos propios, para la adquisición de lujosas propiedades, jets privados y yates, así como pagar menos impuestos; para gestionar inversiones, abrir cuentas bancarias y guardar las utilidades de sus negocios.
Están en la lista dada a conocer nombre como el de Julio Scherer Ibarra, hasta hace unas semanas Consejero Jurídico de la Presidencia de México; Jorge Arganis Díaz Leal secretario de Comunicaciones y Transportes; el senador por Morena, Armando Guadiana –el mismo que hace unas semanas enfático exigía cuantas a las Universidades del país–…
… Está Julia Abdala, pareja de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad; Enrique Martínez y Martínez, exgobernador de Coahuila; Francisco Labastida Gómez, hijo de Francisco Labastida Ochoa, quien fue candidato presidencial por el PRI en 2000; Arturo Montiel Yáñez, hijo del exgobernador del Estado de México; Jesús Murillo Ortega, empresario, hijo del exgobernador de Hidalgo, Fernanda Castillo Cuevas, esposa del gobernador del Estado de México… y más.
El 4 de octubre el presidente de México en su Mañanera, dijo que sabía que esta información sería dada a conocer, y salió en defensa de su Secretario de Comunicaciones, Arganis Díaz Leal, argumentando que él le informó de sus inversiones en el extranjero y que le tomaron el pelo, porque le cometieron fraude.
De quienes no están en su gobierno pero que tienen vínculos con la 4-T, ya como exfuncionarios o familiares de funcionarios, dijo que deberán aclarar su propia situación, lo que incluye a Scherer Ibarra, a la compañera de Manuel Bartlett y más. Esto no significa que no pudiera ayudarles de forma subrepticia, no por ellos, pero sí para que su gobierno no salga perjudicado con estos actos a los que en 2016 calificó de forma genérica como de “lavado de dinero”.
Pero lo dicho: Importa, y mucho, que los mexicanos conozcamos tanto el origen de estos recursos, si cumplieron con las normas legales para que estos capitales salieran del país, si fueron reportados en sus declaraciones de bienes, si se conoce la existencia de estos capitales en sus distintas formas ya en dinero o bienes muebles y si han pagado los impuestos correspondientes cuando hubieran obtenido rendimientos de capital…
Ojalá que quienes pregonan el apotegma Juarista de “Nadie por encima de la ley”, hagan las investigaciones de forma imparcial y se someta al imperio del Estado de Derecho si se prueba que cometieron un delito. Sería transparencia y lucha contra la corrupción, objetivo y fin de la 4-T. ¿Será?
