Que la mayoría de crímenes en México cada día son cometidos con un arma fabricada en Estados Unidos, y que entre el 70 y el 90 por ciento de las armas aseguradas en lugares de crimen han sido traficadas de forma ilegal desde EUA…
Que del total de armas estadounidenses recuperadas en crímenes violentos, el 68.4 por ciento fueron producidas por siete empresas: Smith & Wesson, Beretta, Century Arms, Colt, Glock, Ruger y Barrett; y el distribuidor Interstate Arms. Y que cada año se trafican ilegalmente más de 500 mil armas desde EUA y que solo en 2019 fueron responsables de más de 17 mil homicidios dolosos.
Esto argumenta el gobierno mexicano en su demanda civil de daños en contra de fabricantes y distribuidores de armas del país norteamericano. Es una exigencia legal en contra de particulares y no en contra del gobierno estadounidense.
Para armar el documento, el gobierno mexicano utilizó a un equipo de abogados que por dos años instrumentó el sustento legal con el que se presentaría la demanda en la corte de Boston, Massachusetts, EUA., por ser en ese el estado en donde mayormente radican las empresas acusadas. La Corte dio procedencia a la demanda el 20 de agosto.
A lo largo de los años recientes, el gobierno mexicano ha insistido al de Estados Unidos parar el tráfico de armas que salen de Estados Unidos en carretadas, hacia México. Muchas de las cuales se adquieren allá de forma extremadamente fácil por cualquiera, en cualquier armería o, incluso super mercado con área de venta de armas.
El pretexto para esto es la famosa Segunda enmienda de la Constitución de EUA que ‘protege el derecho del pueblo estadounidense a poseer y portar armas. Y que ni el gobierno federal de los Estados Unidos ni los gobiernos estatales y locales pueden infringir el derecho a portar armas.’.
Así que prácticamente todo mundo allá puede comprarlas y poseerlas, como Pedro por su casa, lo que de tiempo en tiempo ha producido un debate en el sentido de esta facilidad para poseer armas que han producido un gran número de atentados masivos en vía pública, escuelas, universidades, mercados… Y muchos muertos.
Así que de forma subrepticia, individual o en envíos arreglados por las armadoras y distribuidores, las hacen llegar a territorio mexicano en donde se comercian y hacen que hoy, en este país, muchos posean armas que no son para defensa sino para agresión, delincuencia, crimen.
A todo esto atribuye el gobierno mexicano, y los gobiernos de los estados y municipios, el incremento de la delincuencia, el fortalecimiento del crimen organizado, la violencia, el asesinato doloso, asaltos y demás formas de agresión social.
Es cierto también que en gran medida este fenómeno criminal tiene que ver con la incapacidad del gobierno para perseguirlo y contenerlo; para procurar justicia y detener la impunidad y la corrupción.
El alto grado de criminalidad, el exceso en el crecimiento del crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia en general mediante el uso de armas letales se debe a esa falta de estrategias que ni la Guardia Nacional, ni la participación militar o naval han conseguido detener.
La política de “abrazos y no balazos” es un recurso retórico que ha llegado al grado de que algunos miembros de organizaciones anti-ley tengan aterrorizadas a ciudades y poblaciones enteras y se permitan amenazar a miembros de la sociedad civil o periodistas, considerándose bajo resguardo de esa tenue decisión moral de gobierno.
Así que tan sólo en los primeros cuatro meses de 2021 fueron 11 mil 595 personas las que perdieron la vida víctimas de un homicidio doloso o un feminicidio. Se trata, en promedio, de casi 97 hombres y mujeres asesinadas todos los días en el país.
Sí, es bueno que se haya hecho esta demanda en contra de estos fabricantes estadounidenses y distribuidores. Son ellos los que se enriquecen a manos llenas con la inseguridad y muerte en México. Son ellos mismos quienes fabrican armas bajo modelo y a petición de organizaciones violentas mexicanas…
Y son ellos quienes en su defensa han dicho que el problema de la inseguridad pública en México no es su responsabilidad sino del gobierno mexicano. Y en esto tienen razón. Pero no la tienen en cuanto a trasladar a México la Segunda enmienda estadounidense por la que hoy muchos delincuentes-criminales-violentos- andan armados por todos lados en el país.
Es probable que esta demanda del gobierno mexicano no prospere. La fuerza económica y legal de aquellas empresas sabrá salir del asunto. Pero sí es un paso adelante del gobierno mexicano para intentar parar ese arsenal que llega a México y que se pone en manos dañinas.
Lo que sigue es ver que de veras el gobierno mexicano cumpla con su promesa de campaña de abatir la delincuencia y acabar con la criminalidad y la inseguridad pública. Cosa aparte. Se prometió y no se ha cumplido. Está esta asignatura pendiente que es de extrema urgencia.
