Hay una obsesión fatal. Es la obsesión del gobierno de la 4-T en contra del periodismo; no en contra de quienes hacen periodismo y alarde de los buenos hechos de gobierno, si del que hace periodismo con observaciones críticas a hechos de gobierno, aun cuando estas observaciones discurran como contribución para mejorar el cambio, para hacerlo eficiente, veraz y trascendente.
De esta manera se ha generado un discurso de odio. De confrontación y polarización. De los buenos y los malos. Por un lado “los periodistas honorables que dicen lo que el gobierno hace” y por otro lado “el periodismo del adversario, del conservador, del neoliberal, del chayotero, del fifí, del que traiciona a la patria, de aquel al que se le terminaron las dádivas y por lo mismo es crítico…” Y así.
Es el discurso por el que la población proclive al régimen habrá de descalificar, de desoír, de desatender y de contraponer la información, el análisis y las propuestas ‘que no valoren a la 4-T en sus virtudes, en sus cualidades y en su trabajo’.
Así, de pronto se escucha a quienes defienden al régimen que “el periodismo mexicano está constituido por enemigos de México y del gobierno bueno por el sólo hecho del cambio”. No hay más argumento que este. Y siguen las descalificaciones, los adjetivos y las maldiciones eternas.
Pero esto no se queda ahí, se traslada a una especie de “Guerra civil” digital que, en las redes sociales, encuentra su campo de batalla. Es ahí en donde ejércitos de seguidores enfrentan a todo aquel que ose dar opinión distinta a la de quienes ejercen el poder político y la política económica y social del país.
Y se suelta a ejércitos de troles –aquellos que están ahí para responder y agredir al ‘adversario-conservador-fifí-neoliberal’—y lo hacen mediante el lenguaje extremo de la descalificación y la grosería. Están también el ejército de ‘bots’, que son equipos programados para contestar y multiplicar ad infinitum las descalificaciones y las amenazas. Todo esto pagado con recursos públicos.
En todo caso está claro que el periodismo sin adjetivos sigue y seguirá ejerciendo su función de información y análisis; que está ahí para poner en la mesa del conocimiento lo que pasa por la vía de la verdad, que está ahí y seguirá, para sustentar y no para convertirse en vocero oficioso de ninguna especie de gobierno. No es propio del periodismo serio aplaudir: sí informar y analizar para dejar que el público saque sus propias conclusiones.
Los operarios de gobierno tienen ‘enemigos a vencer’. Los encargados de la comunicación social de gobierno se asumen como defensores del titular de la dependencia que les contrató. Es propio que así sea, ha ocurrido antes. Pero ahora –con excepciones–, se da el caso de que su trabajo se nutre del discurso principal: el de la polarización y el odio.
Y al cumplir sus tareas se expone al repudio a quienes, según su criterio institucionalizado, mienten o transforman ‘la verdad’. Y en ese ejercicio envían el mensaje a la nación: “el periodismo puede ser dañino y peligroso: ¡cuidado!”. Con lo que buscan la desinformación y el accionar peligroso.
Y así, queda el periodista en la indefensión, porque no sólo se le expone al repudio intelectual, como también al verbal y a los hechos mismos de agresión física.
Y esto ocurre porque en México hay un panorama de impunidad y corrupción que agrava el entorno. Y en este caso no sólo es un tema federal, lo es también estatal y municipal.
Se estima que el 90 por ciento de los homicidios en contra de periodistas siguen impunes, no se ha perseguido a quienes cometieron el agravio y con toda frecuencia las famosas carpetas de investigación abiertas, siguen abiertas o se han cerrado sin concluir las investigaciones y enjuiciar a los culpables. El no ser sometidos a la ley estimula los agravios en contra de periodistas en México.
Y esto viene al caso porque, según informó el lunes 12 de julio la Secretaría de Gobernación, “van 43 periodistas asesinados durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el poder el 1 de diciembre de 2018”
Informó que el “Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas” cuenta con 1,478 personas beneficiarias en la mayoría de las 32 entidades federativas. De los 43 periodistas asesinados, 7 eran beneficiarias de este programa.
Esto, dice la dependencia, visibiliza “el nivel de riesgo” de esta actividad profesional. Al conocer el informe, el presidente de México dijo que lamentaba estos fallecimientos y agregó que:
“Trabajamos todos los días para salvar vidas, es una entrega total a la causa de la justicia y a proteger la vida de los mexicanos”.
El problema es que en nombre de una austeridad mal entendida, se han disminuido los recursos asignados para la salvaguarda y protección de los periodistas que trabajan en zonas de alto riesgo o de aquellos que se han visto amenazados, o sus familiares.
Un síntoma de salud democrática es la libertad de expresión. El de esa misma libertad, ejercida sí, con responsabilidad y rigor, pero libertad al fin. Es la base de todas las libertades y se debe salvaguardar, como también se debe garantizar el ejercicio pleno del periodismo en todo el país.
Y muy particularmente se debe garantizar la integridad y la seguridad personal, patrimonial y familiar de periodistas que trabajan en zonas de peligro, en ciudades o poblaciones pequeñas, en municipios en donde predominan los cacicazgos políticos o sociales de alto riesgo para todos.
Un país que quiere su libertad, comienza por defender a la de la expresión y del pensamiento. Una de las grandes virtudes de nuestras constituciones a lo largo de la historia, desde la de Apatzingán, es que en ellas predomina, en todo momento, la libertad de imprenta y libertad de expresión como primordial e ineludible.
Pero para esto habrá que respetar y garantizar el trabajo del periodista, del analista, del cronista, del reportero, del editor, del fotógrafo, del camarógrafo… y de tantos que conforman el mundo de la información que llega cada día a cada uno, para hacer pensar, reflexionar y decidir. Eso es.
