La austeridad en el manejo de los recursos públicos, tanto federales como estatales o municipales, es buena, luego de una larga y dramática experiencia de excesos y abusos en nuestro país.
Pero también es muy peligrosa si con ella se conduce a la falta de lo mínimamente necesario para la operatividad institucional y social; para la subsistencia individual y colectiva y, sobre todo, si esta austeridad cuesta vidas de seres humanos y más aún si éstos son niños.
Quienes saben de administración en general, y en particular de administración pública (para lo que existe la carrera muy bien cimentada en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México y en otras instituciones de estudios superiores en el país) saben que administrar bien los recursos de una institución o de una empresa o de un comercio o, incluso, los bienes familiares, significa hacer eficiente lo que se tiene para obtener mejores resultados y lograr beneficios.
Si esto es así en el ámbito personal o de trabajo, lo es más en el caso de la administración pública de un estado, municipio o país. Administrar los bienes públicos es orientar el recurso para que todos los habitantes tengan lo justamente indispensable…
… Para esto trabajan y producen y comercian y aportan a la hacienda; para que con ese dinero que se le entrega al gobierno se dote a todos de servicios eficientes de salud, de estímulo al trabajo, de servicios públicos de calidad y seguros, de casa, de educación de excelencia, de alta producción, de seguridad pública, de cultura e incluso solaz y tanto más que hace falta.
Una sociedad a la que se le devuelven sus impuestos en beneficios públicos es una sociedad siempre dispuesta y presta a participar con su trabajo –cuando lo hay– porque sabe que con esto la calidad de vida de todos se mejorará sustancialmente.
Por supuesto no faltan los listillos que evaden pagar impuestos –para lo que hay sanciones– o quienes se aprovechan de los recursos públicos y hacen y deshacen con ellos en beneficio personal o familiar: Esto último se llama corrupción.
Y ya está. El pueblo trabaja, produce y genera riqueza. El gobierno recibe estos recursos y tiene que devolverlos en servicios y beneficios productivos. Por supuesto tiene que ahorrar parte de estos bienes para tiempos difíciles o de vacas flacas. Es parte la regla de convivencia republicana.
Pero también puede ser corrupción no administrar bien los recursos. Utilizarlos para beneficio político del gobierno.
Es dañino para un país el manejar los recursos de manera discrecional y hacerlo de forma en que daña no sólo el proceso económico de la nación como también puede ocasionar daños severos e irreversibles en la vida social.
Esto viene al caso porque de un tiempo a esta parte se ha dado como enseña ideológica nacional a la ‘austeridad republicana’. Y visto así en sus términos absolutos está bien. Ya eran muchos años de abusos y de saqueos; de corrupción y de engaños.
Miles de enriquecidos con los recursos públicos los hubo y lo sabíamos y lo reprobábamos y reprochábamos. Queríamos que las cosas cambiaran, aunque el problema no se ha erradicado y aún hay abusos y corruptelas.
Pero es una austeridad muy mal entendida el regatear recursos, por ejemplo, para no adquirir las medicinas que son absolutamente indispensables para salvar vidas y quitar dolores. Es el caso de los niños con cáncer a los que a lo largo de los meses se ha sometido a condiciones extremadamente dañinas. Es un asunto de vida o muerte que no puede estar en el escritorio de los desquites institucionalizados.
Lo mismo que para la adquisición de los medicamentos que en general se requieren para millones de mexicanos, sobre todo para los de muy escasos recursos y a los que se dice proteger y para los que se dice gobernar.
Pero asimismo se aplica austeridad de forma discrecional para deprimir instituciones o programas y proyectos en los que se requieren recursos básicos, nada opulentos y sí necesarios: Los fideicomisos están amenazados de muerte. Los organismos autónomos también. Organizaciones de apoyo para solucionar condiciones de vida o seguridad y derechos humanos se quedan vacíos.
Lo más reciente es la famosa consulta del primero de agosto que habrá de organizar el Instituto Nacional Electoral y para lo que se aplica la austeridad republicana. Una consulta nacida del ánimo de revancha en la que se le endosa la solución a los ciudadanos del país, para decir luego que fue mandato popular cuando debiera aplicarse la ley si se tienen los elementos de procedimiento.
Esta es la pregunta envenenada: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
¿Cuáles son esas acciones pertinentes? ¿Por qué no se procede ‘por decisiones políticas’ del pasado de acuerdo con la ley vigente? ¿Por qué no también las del presente?
Son ejemplos mínimos de lo que hoy en México se entiende como austeridad y que es muy peligrosa como también manipuladora. Si: Hay que oponerse a la corrupción y al dispendio. Pero también se debe oponer al uso indebido de una austeridad intoxicada, en perjuicio de todos.
