El problema más grave es la pérdida de vidas. El problema también es que muchas familias quedan en el abandono y muy dañadas, en todos sentidos. El problema es una sociedad herida y que la democracia mexicana da pasos en contra cuando se suponía que caminaba hacia su consolidación:
La violencia electoral es una muestra exacta de la polarización que vive México en estos momentos y que parece ser muy cierto aquello que la tercera parte del territorio nacional está dominado por la violencia criminal. Lo que significa ingobernabilidad.
Los aparatos de seguridad del gobierno federal, estatales o municipales o son rebasados por la criminalidad o son incapaces para hacer frente a lo que se supone el crimen organizado, aunque no se descartan intereses políticos, ambiciones, desahogos, revanchas, venganzas…
En todo caso el tema central es que de forma alarmante estas elecciones intermedias en México son cada vez más violentas y más trágicas, como nunca antes. Día a día se conocen más agresiones, más atentados, muertes de candidatos o personas vinculadas con el proceso electoral, sobre todo en los municipios del país, la parte más frágil en los protocolos de seguridad… si existieran.
En promedio, según la consultora Etellekt, ‘al momento en México ocurren 25 ataques al día contra involucrados en la contienda electoral; suman 89 actores asesinados y 724 delitos contra ellos’, detalla. Y por lo mismo las voces de alarma suenan a todo volumen en todo el país para pedir auxilio, para pedir que se pare esta masacre, para que se sepa bien a bien quién o quiénes son los responsables de cada uno de los agravios y si la ingobernabilidad tiene solución.
Apenas el 26 de junio pasado la misión de observadores extranjeros de la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó “profunda preocupación” por la violencia en la campaña electoral hacia los comicios intermedios de México y lamentó la pérdida de vidas.
Esto porque, según Etellekt entre candidatos y precandidatos ya suman 35 víctimas, de un total de 89 políticos asesinados desde que inició el proceso electoral, en septiembre pasado.
“La misión [OEA] hace un llamado a todos los sectores políticos en México para erradicar el discurso violento y la retórica agresiva como recursos de contienda política. La violencia no tiene lugar en la democracia” insiste el grupo presidido por el argentino Santiago Cantón, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De los 89 políticos asesinados durante el actual proceso electoral, el 44% de las víctimas pertenecían a los partidos de la alianza “Va Por México”; es decir, PAN, PRI, PRD, en tanto que el 28% militaba en los partidos de la alianza Morena, PVEM y PT, según Etellekt. Movimiento Ciudadano ha sido otro de los muy afectados en este episodio trágico.
Para millones de mexicanos que están alarmados por esta situación, esto es el resultado exacerbado del discurso de polarización que desde el gobierno federal se ha manejado de un tiempo a esta parte. La forma de confrontar a una sociedad tiene consecuencias para todos, por desgracia.
Y esto llama la atención fuera del país en donde, a través de las agencias informativas mundiales o corresponsalías destacadas en México, se reproduce en medios informativos de todo el mundo.
En el país los medios que tienen que informar lo que pasa y lo que ocurre, porque esa es la tarea del periodismo profesional serio, se han cubierto de información que oscila entre la nota roja y la política: en estos casos una misma. Y día a día se dibuja ese ambiente tenso en muchas regiones y el generalizado temor entre candidatos de que podrían ser víctimas de atentados.
Por su parte el gobierno federal intenta minimizar el estado de la situación. Se reitera que “antes era peor”, que “antes no se hacía tanto ruido a esta violencia electoral que –dicen- ya ocurría”; y que, en todo caso, los que reproducen este panorama electoral hacen “amarillismo periodístico”.
El jueves 27 de mayo lo dijo así el presidente de México: ““Los medios, no todos, con el afán de enrarecer el ambiente, antes se llamaba sensacionalismo, ahora es amarillismo, la nota roja adquiere un papel relevante. Entonces, como hay ahora una polarización política obvia, de que se agrupó todo el conservadurismo contra nuestro proyecto, los medios han tomado partido, todo esto se magnifica, es normal, es un asunto de la temporada”.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos está ausente de todo esto –y de todo lo demás que ocurre en el país–; la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) prometió cuidar y resguardar a los candidatos desde el 4 de marzo, sin resultados, como se ve. NI la Guardia Nacional, ni las policías estatales o municipales contienen este panorama terrorífico…
¿Quién gana con todo esto? ¿El crimen organizado? ¿La ingobernabilidad? ¿Intereses políticos superiores? ¿Las viejas rencillas políticas? ¿Por qué estos candidatos han sido eliminados? ¿Qué candidatos serán los que queden?
La suspicacia surge en que si ¿en efecto los candidatos electos que quedan en sustitución de los fallecidos defenderán los intereses nacionales, públicos y colectivos, o serán vigilantes de intereses particulares y son sus rehenes?
¿Qué va a ocurrir en México el 7 de junio próximo como resultado del proceso electoral? Es responsabilidad del gobierno mantener la seguridad y la paz social: ¿lo harán?
