Representantes de organizaciones sociales de Tehuantepec, Matías Romero, Mixtequilla, Palomares, San Juan Guichicovi, Salina Cruz, y de esta ciudad, entre otras, anunciaron que por acuerdo de asamblea no permitirán los trabajos del Megaproyecto Transístmico en sus comunidades ante las afectaciones que representa en el medio ambiente y el escaso beneficio para los pobladores.
Carlos Beaz Torres representante de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), denunció prácticas agravadas por el despojo de las tierras comunales que promueven el Gobierno del Estado y la Federación, como sucede en la comunidad de Santa Cruz Tagolaba Tehuantepec, en donde a través de asambleas de comuneros manipuladas autorizaron la cesión grandes extensiones de terrenos.
Detallando que, con la ejecución del megaproyecto Corredor Interoceánico, el gobierno federal ha venido violando el derecho a la consulta y a la información a los pueblos del Istmo de Tehuantepec, aun cuando el presidente de la república reconoce es la continuación del viejo proyecto porfirista que repite las prácticas de los gobiernos neoliberales.
En marzo del 2019, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, realizó una consulta simulada en donde se violentaron los principios del consentimiento previo, libre e informado, dejando en claro que el diseño del Plan Maestro lo realizó la empresa de Singapur Surbana Jurong, el cual no retoma las necesidades y propuestas de las comunidades indígenas.
Entre las empresas contratadas para la realización de los trabajos de modernización del ferrocarril, se encuentran algunas con un pésimo historial, como La Peninsular propiedad de los Hank Rhon; la manifestación de impacto ambiental adolece de graves fallas y la contratación de los trabajadores ha sido mediada por organismos sindicales que mantienen prácticas gansteriles como el Sindicato Ferrocarrilero de Víctor Flores y a privado la opacidad en la información sobre la inversión extranjera comprometida.
Esas prácticas agravadas por el despojo de tierras comunales como viene ocurriendo en la comunidad de Tagolaba, en Tehuantepec; la realización de asambleas amañadas para autorizar la cesión de tierras para la creación de parques industriales en San Blas Atempa, Mixtequilla o en Rincón Vaquero, o el ingreso por parte de los trabajadores de las empresas a los terrenos ejidales sin contar con el permiso de las asambleas mixes del municipio de Guichicovi, han provocado el malestar y el legítimo reclamo de las comunidades afectadas.
Ante esta situación, los pueblos, organizaciones, colonias y ejidos que demandan al Gobierno federal, respetados el derecho a la Consulta e Información, basta de provocar divisionismo al interior o entre comunidades y de simular consultas sin brindar información, tomar en cuenta la voz de las mujeres istmeñas que hasta ahora no hemos sido escuchadas.
Atender las demandas y responder a las necesidades prioritarias de los pueblos, agua potable suficiente, Hospitales, Universidades, servicio eléctrico de calidad y con tarifas preferenciales.
Recursos financieros para restauranteros, ganaderos, sorgueros, maiceros, artesanas, totoperas y pescadores, entre otros, por lo que no descartan movilizarse en los próximos días para exigir el establecimiento de una mesa de diálogo con las autoridades federales.
