Al echar mano de la Ley para la Protección de Sujetos que intervienen en el Procedimiento Penal del Estado de Oaxaca, es recurrente el uso de la figura de testigo protegido en el sistema de procuración de justicia en la entidad, como ocurre con las investigaciones sobre el caso de la activista Claudia Uruchurtu Cruz.
En los últimos 10 años, varios casos incluyeron en las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y de la Fiscalía General de la República (FGR), datos sobre personas que contribuyeron en diversos delitos cometidos en el territorio oaxaqueño.
En la estadística se encuentran casos como la detención de Luis Díaz Pantoja, en el cual sus familiares denunciaron que la FGR sustentó los cargos en su contra por acusaciones de un testigo protegido.
El caso más reciente, donde se incluye esta figura, fue en el ataque y asesinatos de Pamela Terán y de la fotoperiodista, María del Sol Cruz Jarquín, ocurrido en junio de 2018 en el municipio de Juchitán de Zaragoza.
En el ámbito político también se han hecho presentes quienes colaboran con las autoridades para otorgar datos relevantes por los delitos de presuntos desvíos de recursos, como ocurrió en su momento con Gerardo Cajiga ex funcionario del gobierno estatal.
Aunque a nivel estatal no existen datos sobre los gastos y protección que reciben quienes se acogen a esta medida de colaboración, un estudio denominado Protección de Testigos, Análisis comparado entre Estados Unidos, Italia y México del Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentaria de la Cámara de Diputados Federal destaca que del 2004 al 2007 el Gobierno Federal gastó poco más de 36.2 millones de pesos para la manutención de testigos protegidos y más de 12.4 mdp en arrendamiento.
En Oaxaca, la Fiscalía General del Estado informó que no existe un programa especial enfocado para esta figura, sin embargo, en caso de solicitarse protección por parte de las o los involucrados, se trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública (SSPO) para establecer medidas cautelares.
En el caso de la activista desaparecida en Nochixtlán, las autoridades de procuración de justicia se reservaron sobre la aportación o colaboración de esta figura, toda vez que el proceso se encuentra en curso.
