Según la consultora Etellek, del 7 de septiembre de 2020 –inicio del proceso electoral 2021– y hasta el 21 de marzo de este año, se registran 238 agresiones contra políticos, con un saldo de 218 víctimas entre precandidatos, candidatos, ex alcaldes, regidores, funcionarios partidistas o de gobierno. De este total, 61 fueron asesinados, lo que da dos en promedio por cada semana,
De seguir así la tendencia será este el proceso electoral más sangriento en la historia reciente de México.
Lo que es una muestra de cómo se han incrustado intereses criminales en la política activa nacional y el crimen político o crimen organizado quiere imponer a sus candidatos –o anular a quienes no le son afines- y establecen así sus propias reglas en lo que se presume “las elecciones más grandes de la historia de México”. Están en juego 21 cargos de elección popular, ni más, ni menos.
Y esto, ya configurará el modo cómo se hará política y cómo se administrarán los recursos públicos en esos lugares y, a fin de cuentas, determina quién mandará ahí, lo que asimismo configura una forma de gobierno peligrosa y patética.
Cada vez más, algunos funcionarios públicos de distinto nivel están vinculados con estos grupos y manejan la administración en torno a esas ambiciones y a sus propios intereses. Así, tienen en sus manos la decisión, no los partidos políticos, no la ciudadanía electora: ellos.
Por supuesto, el pretexto del crimen organizado da espacio para que políticos en activo de distinto color partidario, con interés por mantenerse en la línea de poder, obscuras deciden a los candidatos o desahogan con otras viejas rencillas personales… y dañan o aniquilan.
Y día con día, sabemos de la muerte de tal o cual precandidato, candidato o funcionario o político en activo. Nada parece contener esta ola trágica que arrasa, golpea, aniquila… ¿Quiénes son? ¿Y qué hace la autoridad responsable de prevenir, cuidar, vigilar, que nada de esto ocurra?
Apenas el 4 de marzo pasado, en vista de lo que ocurre, la secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, presentó la “Estrategia de Protección de Contexto Electoral”, para dar protección a candidatos a puestos de elección popular en los próximos comicios, y ‘evitar que el crimen organizado y de cuello blanco amenazan, agreden, intimiden u obliguen a declinar por amenazas’.
Ese día la funcionaria dijo que se llevarían a cabo mesas de trabajo con la participación de la Secretaría de Gobernación (Segob), Consejería Jurídica, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ‘para tomar las previsiones necesarias y proteger a candidatos o aspirante amenazados por el crimen organizado y de cuello blanco’.
Pero nada. Parece inexistente esta autoridad. De apoyo nulo. Porque desde entonces a la fecha las cosas empeoran. Han muerto más precandidatos o aspirantes a puestos de elección popular en distintos estados de la República sin asomo de prevención.
[Aparte: Ya se ha dicho que una forma de solución es el fortalecimiento económico del país, programas de desarrollo, trabajo bien remunerado y garantizado a largo plazo. Educación de buen nivel. Sistema de salud sin vaivenes ni regateos. Solaz. Cultura.
Esto habrá de contener la incorporación de muchachos a las filas de la delincuencia. No dádivas. No caridad. No compra de voluntades electorales. Se requiere algo bien estructurado, a largo plazo y firme, lo que involucra al gobierno federal, gobiernos estatales y municipales.]
Mientras tanto las elecciones 2021 son de color escarlata en muchos estados del país y se convierte en una lucha de facciones –ya no de partidos políticos o grupos organizados en democracia—.
Y esto debiera ser la preocupación de todos en México por el grado de deterioro en el que se encuentra la vida pública mexicana: La democracia y el ya deteriorado sistema de partidos en México.
Apenas la mañana del sábado 20 de marzo fue asesinada en Oaxaca, en ataque armado, la exdiputada Ivonne Gallegos Carreño y actual precandidata a la presidencia municipal de Ocotlán por la coalición PAN, PRI y PRD “Va por Oaxaca”. Hace seis años fue asesinado su esposo, José Luis Méndez Lara. La indignación en la entidad exige justicia. ¿Quién se hace cargo?
El nuevo fiscal del Estado de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, tiene que esclarecer pronto este homicidio, como muchos otros que siguen en “expediente abierto” que es una de las razones por las que él buscó el puesto y fue nombrado: procurar justicia en la entidad.
El panorama electoral de México alcanza niveles de tragedia. Y eso podría dar la razón al general Glen VanHerk, jefe del Comando Norte de Estados Unidos, quien dijo el 18 de marzo en Washington que el crimen organizado controla entre 30% y 35% del territorio de México. Si esto es cierto: ¿Cuál es la solución?
Ya se mencionó aquí alguna. Pero sobre todo está la de que la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, autoridades de seguridad y las fiscalías estatales así como los municipios y todos los organismos involucrados, tienen en las manos acabar con este fenómeno electoral. Siempre con la justicia y con la ley en la mano. Si no, no.
