Tercera parte…
El caso de “El Rey de los Dragones”, el constructor Luis Carlos Castillo Cervantes, puso al descubierto cómo el dinero público alimenta cuentas de actividades ilícitas. Al mismo tiempo que el empresario ganaba, en licitaciones o con adjudicaciones directas, obras públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de gobiernos estatales -desde Chihuahua hasta Aguascalientes y Oaxaca-, creaba una red de lavado de dinero que mezclaba recursos oficiales con dinero ilícito, hasta que la DEA intervino y reveló cómo operaba el sistema de “El Rey”. En México, asegura el especialista Salvador Mejía, consultor de la agencia Asimetrics, ni el gobierno federal ni los estatales están remotamente preparados para hacer frente al problema del lavado de dinero.
En el país, asegura, no se ha pasado de la visión penalista para atacar las operaciones realizadas con recursos de procedencia ilícita, es decir, únicamente se investigan cuando ya se ha cometido un delito, sin trabajo de investigación previo que evite la construcción de emporios como los de Castillo Cervantes.
De acuerdo con Mejía es indispensable que los gobiernos federal, estatales y municipales cuenten con una unidad de inteligencia que intervenga en procesos realizados por dependencias tan diversas como las secretarías de Obras, Turismo y Seguridad Pública, que se dedique a la recopilación información para detectar cuando una empresa que pretende ser contratista del gobierno cuente con vínculos con la delincuencia organizada.
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Actualmente, la descoordinación es absoluta, “no hay ningún vínculo, la información que cada dependencia genera es guardada celosamente por cada una”, explica.
En los estados, aunque el trabajo de compartir información podría resultar más sencillo, agrega, tampoco hay una coordinación eficiente entre la Procuraduría, la Secretaría de Seguridad Pública, Obras y Finanzas, “no tienen una metodología para que la información sea procesada y se sepa si hay o no algo que amerita una investigación, esa debiera ser la tarea de una unidad de inteligencia estatal”.
En casos como el de Castillo, que obtuvo contratos de obra pública hasta por dos mil 400 millones de pesos -en Oaxaca se le adjudicaron más de 500 millones en seis años- al mismo tiempo que creaba una red de lavado de dinero internacional, es indispensable que el gobierno de México deje su tarea de comparsa o de simple espectador de las investigaciones del gobierno de Estados Unidos, en especial de la Agencia para el Control Antidrogas (DEA).
“Las dependencias de procuración de justicia de Estados Unidas trabajan de acuerdo con el escenario en el país, en México han ido cambiado durante los diferentes sexenios, han tenido sus favoritos, en un momento fue la PGR, luego el Ejército, en algún momento la Secretaría de Seguridad Pública, la Marina, depende del momento. Se manejan con secrecía porque siempre ha existido la idea de que los cuerpos de procuración de justicia están penetrados por el crimen organizado”, asegura.
Los “operadores financieros”
El 27 de marzo de 2016 la Policía Federal detuvo en Oaxaca a Juan Manuel Álvarez Inzunza, “El Rey Midas”, principal “lavador” de dinero de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera e Ismael “El Mayo” Zambada, a quien se le acusa de haber blanqueado unos cuatro mil millones de dólares en la última década; en julio pasado fue detenido Juan Manuel “N”, presunto operador financiero del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG); ese mismo mes fue capturado Nahum Abraham N, quien supuestamente se encargaba de las finanzas de “El Mini-Lic”, uno de los aspirantes a sucesor de Guzmán Loera en el cártel de Sinaloa. Son algunos ejemplos de detenciones de personas que supuestamente operan las redes de grandes cárteles del narcotráfico, que, sin embargo, no permiten despejar una duda inquietante y que se escucha poco pero cada vez con más fuerza en el país: ¿dónde está el dinero de los narcotraficantes detenidos por las autoridades mexicanas?
-Los operadores financieros no están siendo detenidos porque las autoridades no están preparadas, lo único que hacen es detener a los capos, a los sicarios, los presentan en medio de un show mediático y de vez en cuando detectan a un operador financiero, que de operador financiero no tiene más que el pagar una nómina, sobornos a la policía, mantener la operatividad de algunas células, pero de eso a ser las personas que maneja las fortunas de los líderes de la delincuencia, ni remotamente, las autoridades mexicanas no están ni remotamente preparadas para ese tipo de investigaciones -responde Mejía y agrega:
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-No veo preparado al gobierno federal para realmente atacar las finanzas del crimen organizado, un auténtico operador financiero del narcotráfico es un abogado, un economista, un contador, que tiene sus oficinas en las zonas más lujosas de Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México. Yo no veo cómo le va a hacer el gobierno mexicano para atacar a los grupos financieros, su papel es meramente reactivo, detiene a quien se le atraviesa en el camino.
-¿El dinero del crimen organizado sigue circulando y se mezcla con actividades lícitas?
-Tan sigue circulando que muchos políticos, muchos legisladores han hecho esa misma pregunta, dónde está el dinero de “El Chapo”, dónde está el dinero del Azul, dónde está el dinero de todos los capos que han sido detenidos, el día que lo encuentren modificaremos el discurso, en este momento hay detenciones pero no hemos asegurado una mínima parte del capital que han podido acumular.
-Si se tuviera que hablar de un porcentaje del dinero que tiene el crimen organizado, ¿cuál sería, 10 por ciento, 5 por ciento?
-1 por ciento, quizá, no lo sé. Yo no he visto más que se decomisen de pronto algunos inmuebles, unas cuentas de banco, algunas joyas. El dinero del narcotráfico se mide en cientos de millones de dólares, ¿dónde están?
A las empresas no les importa de dónde viene el dinero
Gobiernos y empresas en México comparten un punto en común: les interesa más hacer dinero que saber de dónde viene es dinero. A los gobiernos les interesa anunciar que han generado inversión y a los empresarios les interesa generar ganancias a través de esa inversión. Ni uno ni otro está 100 por ciento seguro de que el dinero queda exento de sus operaciones.
“A lo único a lo que le ponen atención es a la obtención de ganancias y no en pocos casos no les importa el cómo”, señala Mejía, consultor dedicado al asesoramiento de gobiernos y empresas en la creación de protocolos de gobierno corporativo, que garantizan cumplir con la legislación antilavado y anticorrupción.
Esta tarea se realiza a través de análisis de riesgos, quién eres, qué haces, por qué lo haces, qué legislación te toca, la idea es que las empresas puedan estar tranquilas en que su operatividad está blindada en contra del empuje de los capitales de la delincuencia organizada”, agrega el especialista.
Pese a esta situación, el interés de las empresas en blindarse es aún muy poco debido a que en el país hay una cultura de “no invertir en algo que no les vaya a dar dinero, el gobierno corporativo está en ese supuesto”.
La falta de conocimiento, sin embargo, no exime a las personas, “si se detecta que una empresa hizo negocios con una persona involucrada en actividades del crimen organizado, corre el riesgo de que las autoridades lo señalen también en el ilícito”.
