De pronto Emilio L., acepta ser extraditado a México, luego de ser detenido en España, buscado por las autoridades mexicanas para ser procesado por presuntos delitos de ‘asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho’.
Esto derivado de la venta de la planta de Agro Nitrogenados, y del caso de Odebrecht. Emilio L., estaba prófugo desde mayo de 2019, detenido luego en España y en julio de 2020 llegó a México luego de que la Audiencia Española aceptó la extradición.
Inmediato, en México, fue llevado a un hospital “por motivos de salud”. Ahí permaneció varios días; luego fue trasladado a su domicilio particular. Se supo entonces que se había acogido al “Criterio de Oportunidad” para favorecer su causa a cambio de información útil respecto de los temas de los que se le presumen.
[El Criterio de Oportunidad es una figura jurídica que está establecida en el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como una competencia del Ministerio Público, y está regulada por el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Nació con la reforma constitucional de seguridad y justicia de 2008. Establece en su artículo 218 que el Ministerio Público podrá desistirse de ejercer la acción penal del imputado, siempre y cuando haya un Criterio de Oportunidad que hubiera sido debidamente justificado. El Artículo 256 establece los casos en los que el Criterio de Oportunidad podrá ser otorgado a la persona que enfrenta un procedimiento judicial.]
“… Se trate de delitos de contenido patrimonial cometidos sin violencia sobre las personas o de delitos culposos, siempre que el imputado no hubiere actuado en estado de ebriedad, bajo el influjo de narcóticos o de cualquier otra sustancia que produzca efectos similares (…) Cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa, y se comprometa a comparecer en juicio…”
Así que, a cambio de ‘aportar información esencial y eficaz…’ obtienen beneficios para disminuir el grado de sanción o, incluso, como es el caso de Emilio L., poder llevar a cabo su proceso desde su domicilio. Está bien. No tiene por qué no ser. Mientras esté en ley…
Sin embargo, y digamos que desde entonces el uso que se está haciendo de este recurso es por razones de índole política y de persecución política más que por esclarecer trasgresiones cometidas en contra de los bienes del país.
Poco a poco, desde julio pasado, Emilio L., ha desgranado nombres de gente que pudo ser beneficiada con los recursos en cuestión. Y desde el gobierno federal se fueron dando a conocer algunos de estos señalamientos para en modo político-electoral.
Este caudal informativo paró cuando se supo la presunción de que el hermano del presidente de México, Pío López Obrador ‘habría recibido recursos de procedencia incierta y para uso incierto’.
Pero ya está sembrada la semilla, aunque mientras persista el proceso, los datos, nombres y circunstancias del delito que se presume deberán mantenerse bajo secreto hasta que el mismo procedimiento legal lo permita.
Rosario R., bajo proceso por la presunción de haber participado en “La estafa maestra” solicitó mediante sus abogados llevar su proceso desde su domicilio, con las garantías que le imponga la ley, esto –argumenta- debido a su edad y riesgo de salud. No se le ha concedido.
De pronto Emilio Z., ex Oficial Mayor de la Secretaría de Desarrollo Agrario, así como de la Secretaría de Desarrollo Social, solicitó en octubre de 2020 acogerse a la figura de testigo protegido. Esto según el Gobierno Federal, informó que el exfuncionario acudió a la Fiscalía General de la República para solicitar este Criterio de Oportunidad.
Poco tiempo después Rosario Robles hizo lo mismo: solicitó beneficiarse con este recurso, pero le fue negado…
Ahora el Criterio de Oportunidad está de nuevo en la mesa de las discusiones. El empresario Alonso A., fue extraditado de España a México. Es señalado de haber vendido la empresa Agro Nitrogenados a Pemex, a un sobreprecio excepcional, a sabiendas –ambas partes- de que la planta era “chatarra” y que presuntamente la inversión es un delito con recursos públicos.
A su llegada a México, a través de sus abogados solicitó permanecer en libertad hasta en tanto se defina si será vinculado o no a proceso por lavado de dinero y, para ello, ofrecieron una garantía de dos millones de dólares, la entrega de sus dos pasaportes, el mexicano y el estadounidense; su presentación periódica en el Centro de Justicia y someterse a la utilización de un brazalete electrónico, para el caso de que se le permita permanecer en prisión domiciliaria.
Y ya se menciona que podría acogerse al Criterio de Oportunidad, a fin de dar a conocer información y nombres de quienes podría estar vinculados con el asunto por el que está en proceso legal en México. De nueva cuenta, joyas electorales.
El eje central de todo esto es el uso del Criterio de Oportunidad para la exposición de cartuchos políticos, y más mientras se acerca el 6 de junio, día de la elección de 21 mil cargos de elección.
Ya veremos de aquí a entonces, cómo se sueltan esos cartuchos políticos y hacia dónde los disparan. Pero también cómo a través de este recurso podría configurarse impunidad, la misma por la que, se dijo, se lucharía durante este gobierno, para erradicarla.
