La inseguridad que se ha vivido en Oaxaca en los últimos tiempos y que el Fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez, detalló en 888 homicidios en lo que va del año, le ha generado ya a Oaxaca serios problemas de imagen a nivel internacional. El pasado martes 22 de agosto, el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, advirtió a sus connacionales -aunque se dice que sólo funcionarios- el riesgo de viajar a Oaxaca, principalmente a los Valles Centrales, la Costa y el Istmo de Tehuantepec.

En 2006, a raíz del conflicto político y social que vivió nuestra entidad, dicho país además de otros europeos, prohibió materialmente a sus connacionales pasar siquiera por Oaxaca. El peligro decían sus comunicados, la constante agitación social que se manifestaba en protestas callejeras. A ello hubo que agregar la campaña negativa que los mismos oaxaqueños le hacían a su terruño, en una abierta campaña de descrédito del régimen de Ulises Ruiz, que se había puesto en la mira de los enemigos de nuestra entidad. Los señalamientos de peligro en nada contribuyen a recuperar nuestra deteriorada imagen, de por sí vapuleada por bloqueos carreteros y otros atropellos a los derechos civiles.

Esta campaña de desprestigio -eso es y no más- sólo podrá superarse en tanto exista en la actual administración voluntad política para promover a Oaxaca, sus destinos culturales, naturales y de playa, como un imán para seguir atrayendo a los turistas, del país y, sobre todo, del extranjero.

De ninguna manera los mandos de las áreas gubernamentales competentes, nos referimos a las Secretarías de Turismo y la de Cultura y Artes, deben cruzarse de brazos ante una realidad inminente que nos afecta y nos lacera. Sorprende que entidades como Chiapas y Michoacán tengan campañas para promover el turismo y de la nuestra no se sepa nada, ni siquiera en temporadas como la pasada en el mes de julio. Nada se logrará sólo con lamentar que nos sigan poniendo “tache”. Hay que hacer algo y de inmediato antes de que esa campaña negativa siga permeando y afectando aún más a nuestra devastada industria sin chimeneas. En verdad, ni en la administración pasada ni en ésta, se ha observado que el turismo sea concebido como un motor del desarrollo económico. Seguir en la medianía de los eventos anuales: Semana Santa, fiestas de julio, festejo de Los Muertos o La Noche de Rábanos, será condenarse a la mediocridad.

Crimen impune

Hay una justificada indignación popular, por el crimen de Zeferino Soriano, asesinado a golpes presuntamente en los separos de la Policía Municipal de Santa Lucía del Camino, luego de ser detenido, se dice que por escandalizar en la vía pública. Aunque hasta el momento sólo se sabe que la Fiscalía General del Estado liberó las órdenes de aprehensión en contra de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), que presuntamente habrían ido a interrogar a la víctima. Lo que ha permeado en la opinión pública es que la Policía Municipal del citado municipio conurbado se ha extralimitado en sus funciones, prueba de ello es la cantidad de denuncias que ha acumulado en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), la cual ha emitido decenas de recomendaciones al respecto.

Los abusos, los atropellos y los excesos cometidos en los supuestos operativos de alcoholímetro, rebasan desde cualquier punto de vista el propósito de estas acciones.

Entre los objetivos del llamado operativo de alcoholímetro, aquí en Oaxaca como en cualquier parte del país, realizado con los equipos e instrumentos de medición de la alcoholemia, es tratar de inhibir el hecho de que personas que hayan ingerido cantidades superiores a las permitidas, conduzcan vehículos de motor, poniendo en riesgo la vida de otras personas al ser protagonistas de accidentes mortales. No son instrumentos violatorios a los derechos humanos, mucho menos, parte del negocio de quienes lo instrumentan con el avieso propósito de obtener rentabilidad económica.

Sin duda alguna, dichos operativos se han convertido en el gran negocio para operadores y autoridades municipales de Santa Lucía del Camino, pues quienes los siguen capitalizando cuentan con la protección del presidente municipal, Raúl Cruz y del Cabildo. Es decir, los operativos de alcoholímetro han perdido su razón de ser y se han convertido en un vertedero de acciones contra Derecho. En este sentido, el asesinato del ciudadano que mencionamos al principio, no puede quedar impune.

Un supuesto delito de corte administrativo no puede derivar en un asesinato. La Fiscalía General del Estado tiene en sus manos un hecho consumado, por el que se deben fincar responsabilidades y llegar el esclarecimiento de estos hechos aberrantes. Insistimos, en enero de 2017 creímos ingenuamente que con esta administración cambiaría el destino del citado municipio conurbado. Hay que reconocer que nos equivocamos.