El número incalculable de unidades irregulares que prestan el servicio de transporte de pasajeros, la circulación de mototaxis y la suma de los problemas de movilidad generados por la pandemia del Coronavirus, impactaron en la economía de los concesionarios de taxis.
Durante el 2011, de manera gradual inició la circulación de mototaxis, con el paso de los meses el Gobierno del Estado otorgó 1,769 concesiones dando legalidad a este medio de transporte pese a protestas de los propietarios ruleteros, urbaneros y camionetas de alquiler.
Pocos ingresos
“O pagamos o comemos”, citó de manera tajante Martín Antonio Aquino, concesionario de taxi de esta ciudad juchiteca, quien dio a conocer que a cinco meses del confinamiento ordenado por los tres niveles de gobierno, los ingresos económicos son raquíticos, por lo que no cuentan para cubrir sus deudas.
El trabajador del volante destacó que un gran número de sus compañeros corren el riesgo de ser embargados por las concesionarias a través de la cual adquirieron los vehículos del año, con el que prestan el servicio de transporte de pasajeros.
“La mayoría de los compañeros taxistas conducen unidades que se encuentran en pésimo estado, tanto físicas como mecánicas, el cierre del primer cuadro de la ciudad nos obliga a concentrarnos en el crucero de acceso en espera de un viaje a poblaciones vecinas”.
A pesar de las malas condiciones en los que se encuentran sus unidades, los taxistas se arriesgan a viajar en carretera, por lo que varios de ellos han tenido que ser auxiliados mecánicamente, o han tenido accidentes leves.
Exigencias
A pesar de lo anterior, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Movilidad (Semovi), exige a los concesionarios de taxis el pago inmediato de sus derechos, para ello deberán de cubrir una serie de requisitos, entre ellos contar con un vehículo de modelo reciente, y que se encuentre en óptimas condiciones mecánicas y físicas.
Aquellos transportistas que adquirieron unidades para taxis, no han logrado cubrir los pagos de junio a la fecha, por lo que las financieras amagan con iniciar el procedimiento legal en su contra.
