La región del Istmo ha sido considerada por diversos gobiernos como un sitio estratégico para el desarrollo del país; un proyecto relevante como lo es la energía eólica.
Ante la necesidad de generar fuentes alternas de energía, en 1986 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) instaló estaciones anemométricas en el Istmo para realizar diferentes evaluaciones del potencial eólico.
Lo anterior con el apoyo del Laboratorio Nacional de Energía Renovable de los Estados Unidos, este último a petición del Gobierno del Estado de Oaxaca y financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En 1994, la CFE logró realizar la construcción del primer proyecto experimental de energía eólica, La Venta I, de 1.575 megawatts de capacidad que se ubicó en el poblado de La Venta, agencia municipal de Juchitán, donde se instalaron siete aerogeneradores con una capacidad de 225 kilowatts cada uno.
En el 2006, con la participación de la empresa eólica Gamesa, y de la constructora Iberinco, ambas españolas, se llevó a cabo la inauguración del parque eólico La Venta II que cuenta con 98 aerogeneradores, de los cuales cada uno producen 850 kilowatts y una central con 83.3 megawatts con capacidad para generar electricidad para aproximadamente 45 mil viviendas.
Se instalaron en varios municipios
A partir de ahí se inició la instalación de diversos parques eólicos en municipios de la región, siendo los principales, Santo Domingo Ingenio, Unión Hidalgo, Espinal, Asunción Ixtaltepec, Ixtepec y Juchitán, los cuales fueron beneficiados con apoyos económicos y obras de beneficio social.
Durante este proceso, expertos en aves advirtieron que muchas especies corren peligro de morir en las aspas gigantes, provocando una reacción ambiental en cadena en todo el continente, ya que varias de ellas son migratorias, lo cual fue ignorado por las empresas transnacionales y minimizado por las autoridades de los tres niveles de gobierno.
En ese tiempo, las autoridades municipales recibieron varios millones de pesos, entre ellas Juchitán con 65 millones, para autorizar el cambio de uso de suelo y permisos de construcción.
Con el paso del tiempo, los apoyos económicos que otorgaban las empresas eólicas a los municipios y agencias municipales en donde tienen presencia, fueron suspendidos, por lo que las autoridades locales se vieron en la necesidad de modificar su ley de ingresos, tratando de obligarlas a pagar impuestos.
Por lo anterior, las empresas eólicas buscaron amparo de la justicia federal, acción que obligó a los ayuntamientos municipales a desistir por varios meses de exigir el pago de impuestos.
Gracias a la intervención del Gobierno del Estado, las autoridades municipales fueron exigidas a firmar un convenio con las empresas eólicas denominado “Memorándum de Entendimiento”, en donde a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca se realizarían inspecciones de seguridad en los parques eólicos.
Motivo por el cual, las empresas están tienen que pagar a los ayuntamientos municipales, de manera anual, un monto específico por la seguridad de sus parques eólicos.
Por su parte, los Presidentes Municipales en turno desistieron de imponer su ley municipal de ingresos.
El gobierno cobra
Emilio Montero Pérez, actual edil de Juchitán de Zaragoza, informó que su ayuntamiento recibe anualmente un poco más de doce millones de pesos por el concepto de Protección Civil.
Aclarando que el recurso es cobrado por el Gobierno del Estado a las empresas eólicas, quien a su vez retiene para sí, entre el catorce y dieciséis por ciento.
Expuso que como autoridad han buscado una renegociación con la otra parte, pero no lo han logrado, sin embargo, no pierden la esperanza de que su municipio reciba lo justo y lo legal.
Por ello, en diversas ocasiones han demandado transparencia en el manejo de los recursos que le cobran a las empresas, pero el gobierno estatal se ha negado.
“Por error de los colaboradores, nos entregaron un documento en donde consta la retención de un porcentaje considerable del dinero que destinan los eólicos para Juchitán, escrito que poco después nos arrebataron”, señaló el alcalde.
Obras de “Interés Social”
El edil juchiteco informó que en la actualidad las empresas eólicas cuentan con dos mecanismos para apoyar a las poblaciones en donde tienen presencia, en la primera no se le informa al ayuntamiento y se le entrega de manera directa a las agencias municipales a través del programa “Interés Social”, en donde se realizan obras de beneficio social.
Como el caso de la agencia municipal La Ventosa en donde se han pavimentado calles, la construcción de un Centro Cultural, entre otros beneficios; aclarando que en el caso de la comunidad de La Venta las autoridades auxiliares no han informado el tipo de obras realizadas.
Respecto a la cabecera municipal, las empresas apoyaron con la reconstrucción del parque Santa Martha, ubicado en la Séptima Sección el cual quedó totalmente devastado por el terremoto del 2017; además de que en el 2019 aplicaron un monto aún desconocido para contrarrestar las afectaciones que generaron los sismos.
Piden cobros directos
El munícipe destacó que en días pasados visitó a los representantes legales de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDE) en la ciudad de México, a quienes pidió coordinación entre las partes, para poder fusionar los recursos y tener obras de mayor impacto.
No obstante, dejó claro que su ayuntamiento no ve mal a las empresas eólicas, se les ve mal a los políticos que han administrado los recursos y no le han dado transparencia.
Por lo antes expuesto, los municipios han solicitado información al gobierno federal entorno a los pagos de impuestos que presuntamente realizan las empresas eólicas, con el objetivo de buscar un concepto dentro de la Ley de Ingresos que les permita tener un cobro directo, algo que no ha sucedido.
ENTRA LA 4T
El pasado 29 de abril de 2020, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), publicó el acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus Covid – 19.
Por medio de este acuerdo se establece que las centrales eléctricas eólicas y fotovoltaicas no contribuyen en la regulación primaria del control de la calidad de la frecuencia ni a la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.
Se estableció que a partir del 3 de mayo de 2020 quedaban suspendidas las pruebas preoperativas de las Centrales eléctricas intermitentes eólicas y fotovoltaicas en proceso de operación comercial.
Por los anterior, las empresas eólicas sortean la embestida del gobierno federal, que a través de la Secretaría de Energía (Sener) busca ponerles un freno y recuperar la rectoría del sector energético del país.
