“Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional, extrema carencia de acceso a la alimentación”, con ese objetivo principal el presidente Enrique Peña Nieto anunció en 2013 la estrategia estrella para combatir uno de los principales flagelos del país y del estado, la pobreza alimentaria.
Para el momento en el que el presidente firmó el decreto por el que creó la Cruzada Nacional contra el Hambre, el 21 de enero de 2013, en México 23.3 por ciento de la población carecía de los recursos suficientes para adquirir una canasta básica alimentaria aun si gastara todos los ingresos disponibles en su hogar, eran aproximadamente 23.1 millones de personas, un millón de las cuales radicaba en Oaxaca y que esperaba salir de esta categoría de pobreza.
De los 405 municipios en que inició a operar la estrategia en 2013 –cuyo trabajo era coordinar programas de las diferentes dependencias federales sin contar con recursos monetarios específicos–, 133 se encontraban en la entidad por estar en al menos una de las cuatro categorías consideradas: mayor número y mayor porcentaje de personas en situación de pobreza alimentaria; y mayor número y porcentaje de personas en condición de pobreza extrema. Un año después, el padrón nacional de municipios beneficiados se amplió a mil 12 y a 290 en la entidad.
Los números de la pobreza en Oaxaca, sin embargo, continuaban en niveles muy similares a los de antes de Sin Hambre. Los reportes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), reportaron un crecimiento drástico del porcentaje de población oaxaqueña que no podía comprar alimentos suficientes: del 26.4 por ciento reportado en 2012, pasó a 31.7 por ciento en 2013, y a 36.1 en 2014: el porcentaje cayó a 32.5% en 2015, un millón 306 mil personas radicadas en Oaxaca en pobreza alimentaria.
Insuficientes recursos, devaluación y peso mataron a Sin Hambre
¿Cómo se explica el crecimiento del número de pobres en el periodo en el que se puso en marcha la estrategia nacional Sin Hambre? Una de las respuestas es que los recursos de los programas sociales han sido insuficientes y que estos siguen excluyendo a una gran cantidad de personas susceptibles de ser beneficiadas, además de que son vulnerables a fenómenos económicos como la depreciación del peso frente al dólar y la creciente inflación.
Uno de los componentes de Sin Hambre, el Programa de Apoyo Alimentario (PAL) –que atiende a personas en situación de pobreza y pobreza extrema excluidas de Prospera, da muestra de cómo los recursos que otorga la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a los beneficiarios quedan superados ampliamente por el entorno económico.
En 2010 y 2012, por ejemplo, la línea de bienestar mínima marcada por el Coneval se colocó en 974 y mil 120 pesos. Los apoyos otorgados por ese programa en el periodo fueron de entre 310 y 860 pesos mensuales. Esos montos no han variado. Cada familia recibe actualmente 330 pesos mensuales como apoyo más dos complementos, uno alimentario por 140 pesos y otro infantil de 120 pesos por cada hijo menor de nueve años, con un tope de hasta tres hijos. La única modificación visible realizada a partir de la estrategia del gobierno federal es el apoyo adicional de 88 pesos que se da a cada familia bajo el rubro “Sedesol SIN Hambre”.
El PAL nació muerto
¿Los apoyos del PAL, de hasta 918 pesos aproximadamente son recursos suficientes para familias que carecen de ingresos? “Claro que no lo son”, asegura enfático el doctor en economía Luis Huesca Reynoso, investigador del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, con sede en Sonora, coautor de un análisis del PAL en el periodo 2010-2012 publicado en 2016.
“El programa PAL fue creado con un propósito, que es el de atender con un mínimo de recursos monetarios y en especie a los excluidos por los Programas Oportunidades-Prospera, y que se habla de un periodo de transición en el que los beneficiarios del PAL pasarían a ser parte de estos programas; hasta entonces, reciben este mini-apoyo que apenas les otorga un monto con el que podrían adquirir alimentos básicos para los niños, la mujer en estado de gestación y/o un adulto mayor en una familia en pobreza extrema alimentaria.
Para adquirir los satisfactores de la canasta no alimentaria, como le llama Coneval, se requiere un monto de 2 mil 318 pesos en el año 2012, es decir, que la transferencia del PAL es inferior en 2.7 y hasta 7.5 veces dependiendo que nivel de subsidio le fue otorgado a la familia beneficiaria”, explica el especialista.
-En una evaluación externa realizada por el CIAD al programa en 2011-2012 se señala que el PAL carece de planeación de mediano y largo plazo donde se establezcan las metas de cobertura y alcance temporal para combatir la desnutrición. ¿Hay algún avance para solucionar el problema de dejar fuera a una gran cantidad de la población que pudiera ser beneficiaria?
-No lo hay, Sedesol no ha pretendido dárselo, sino continuar con metas de gabinete y de baja cobertura. Se escucha que el PAL tiende a desaparecer en el corto plazo, para pasar a unirse ya a Prospera, de tal suerte que la población en pobreza extrema alimentaria pueda estar migrando hacia el primero y pueda existir un solo padrón de beneficiarios, el cual por cierto, apenas cubre de manera constante a 1/3 de la población en condiciones de pobreza.
–¿Hay alguna evidencia de que en el combate a la pobreza alimentaria alguno de los otros programas que acompañan la Cruzada Nacional Contra el Hambre cumpla ese papel de aportar una mayor cobertura a la población no beneficiaria del PAL?
-No hay evidencia, solo la decisión reciente de “migrar” a los beneficiarios del PAL hacia Prospera pero nada de mayor cobertura, incluso, una estimación reciente nos dice que se le asignaron menores recursos al programa en los años 2014 y 2016, con niveles inferiores a 2012, es decir, un 0.42% del PIB.
Prospera redujo su presupuesto (de 0.45 a 0.42% del PIB) aun cuando su cobertura entre los pobres no ha superado el 30 por ciento. Entonces el 0.04% del PIB en el PAL (unos 4 mil millones de pesos) tiende a desaparecer y englobarse al Prospera. Se debe recordar que Prospera recibe apoyo financiero internacional (Banco Mundial esencialmente) y no todo proviene de recursos fiscales. Se debería quintuplicar el gasto social en este rubro para poder incidir de manera significativa, alrededor de unos 3.5 puntos del PIB. Se requieren 3.5% del PIB para implementarlo, cantidad que es monto similar al que se aplica en España para universalizar cinco de sus programas básicos.
-Programas como Prospera han sido criticados porque pese a que son efectivos para evitar que la pobreza se reproduzca, los beneficiarios encuentran problemas como la falta de alternativas ya sea para continuar su educación o para encontrar empleo.
-Uno de los problemas de este círculo vicioso es la ausencia de una cobertura total de los pobres en México tanto en sus zonas urbanas como de las rurales. A ello se le suma que la economía mexicana no ha podido generar la cantidad de empleos que las nuevas generaciones requieren, tanto pobres, como pobres graduados de los apenas grupos de familias que han sido o son cubiertas por los programas asistencialistas que otorga la Sedesol.
Por ejemplo, en el país, la exclusión de los pobres o llamada “error tipo 1” llegó hasta 44 por ciento en las áreas rurales y en las urbanas fue superior, de hasta el 82 por ciento de excluidos, es decir, por derecho debieron haber contado o tenido acceso al programa Prospera, pero no lo tuvieron.
Entre las razones, Sedesol arguye que es la falta de recursos para que el programa llegue a ser universal y la segunda razón relevante es la falta de la infraestructura para llegar a los pobres. El error tipo 1 en Oaxaca en el año 2014 se ubicó en un 29.5 ciento en las zonas rurales y de 54.2 por ciento en las urbanas, lo que habla de un mejor papel del programa y de la Sedesol en esta entidad.
Respecto a los programas asistencialistas, se remarca además que comienzan a tener mayor relevancia en un contexto en el que la aportación de la producción del campo al PIB pierde terreno, pasando de 10.07 por ciento en 1985 a 3.84 por ciento en 2016. ¿Son elementos vinculados, se puede observar como una tendencia del Estado el distribuir menos recursos al apoyo a campesinos y dirigir esos recursos a los programas asistencialistas?
-Estoy de acuerdo en la medida que los gobiernos en turno han dejado que el libre mercado regule cada vez más los precios de los productos básicos. México ha perdido soberanía alimentaria, de tal suerte que al día de hoy una tercera parte de los granos básicos los estemos importando de EU para nuestro consumo interno, es decir, del frijol y maíz.
Hay que agregar que la transferencia de Procampo con el fin de estimular la producción de dicho campesinado organizado, cada vez con menos capacidad en tierras para producir, ha ido a parar a grandes rentistas en todo México y dicha transferencia se ha convertido en regresiva, apoyando solo a unos cuantos y a una agricultura que realmente no requería dicho apoyo.
La pobreza, asegura el doctor, miembro nivel II del Sistema Nacional de Investigadores, debe enfocarse no solo desde la Secretaría de Desarrollo Social, sino desde áreas estratégicas para el etiquetamiento de recursos como la Secretaría de Hacienda, con estrategias que permitan avanzar en el debate del desarrollo social como la instauración de una pensión universal.
“Este problema no se va a poder solucionar en el corto plazo, en la medida primero que el gobierno federal recaude mejor, una vez recaudando más y mejor de los más ricos pueda allegarse de recursos etiquetando a los programas de combate a la pobreza así como a la posible pensión universal. Esta estrategia incluye a más empresas, y no solo a la informales, sino a las que aun siendo formales eluden tanto la ley fiscal del Impuesto Sobre la Renta (ISR) como la del Impuesto al Valor Agregado (IVA), esta última bajo la forma de devoluciones por pertenecer al esquema de actividad de tipo ‘primaria’, esto es, dedicarse a la agricultura, ganadería o forestal.
“En países desarrollados, Canadá, España, Francia, Italia, Inglaterra y los Países Bajos se han preocupado en esta vía, de la pensión universal garantizada por el Estado, entonces sí es una vía en la que México debe seguir trabajando”.
-Hace al menos una década las palabras de Mohamed Yunus, Premio Nobel de la Paz por haber creado el “Banco de los Pobres” -que para 2011 cubría 95 por ciento de las comunidades pobres de Bangladesh y tenía 8.3 millones de prestamistas- comenzaron a replicarse tanto como su modelo de atención a la pobreza, “los pobres merecen recibir un préstamo tanto como cualquier otra persona en el mundo”, en México parece que esta alternativa no ha sido escuchada pese a que ha demostrado ser una vía más exitosa que la del asistencialismo.
-Estoy de acuerdo con Yunus y su propuesta de crear un mercado de crédito para los pobres, ya que ellos son muy buenos para pagar, inclusive ahorran de sus ya de por sí precarios ingresos. Esta propuesta ha sido en mi parecer muy débilmente vista y aplicada en México, entonces gran parte de esta carencia viene de la falta de interés tanto de instituciones financieras así como de los gobiernos en turno y de una ausencia de política integral financiera para los pobres, al no ser un mercado redituable.
La Cruzada Nacional contra el Hambre nació rebasada
El 22 de enero de 2013, el presidente Enrique Peña Nieto firmó el decreto por el que creaba el Sistema Nacional contra el hambre (Sin Hambre) para atender a 7.4 millones de personas de zonas de 400 municipios consideradas como de atención prioritaria por su nivel de marginación urbano o rural. En ese año, sumando la cantidad de personas que sufrían problemas de salud relacionados con la falta de alimentación o que se encontraban en inseguridad alimentaria severa de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud 2012.
