Por probables actos de corrupción e ineptitud en el desempeño de sus funciones, un ministerio público y un juez fueron denunciados ante la Fiscalía Anticorrupción por un familiar y su representante legal de Ivana Mingo, joven fallecida tras un accidente automovilístico cuando se hacía acompañar de Alfredo Delgado Cervantes, exlíder juvenil del PRI en Oaxaca.
Silvia López Ramos, víctima indirecta, dentro de la causa penal 843/2019, fue quien compareció ante la autoridad Anticorrupción para denunciar a Alejandro Pacheco Concha, juez de control del circuito Judicial de Valles Centrales, Oaxaca, Sede Tanivet.
Asimismo, solicitó tanto al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se le investigue en sus finanzas personales, respecto a sus ingresos y egresos legales, para poder verificar si ambos corresponden a la realidad legal y verificar si no gasta más de lo que legalmente gana.
Ante esta situación solicita se excuse inmediatamente de conocer del juicio que se lleva contra Alfredo Delgado Cervantes.
La misma situación ocurre con Suzzete Soto Pinacho, juez; Vicente García Baltazar, agente del ministerio público adscrito a la Vicefiscalía General Zona Centro de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y con la Ministerio Público, Roxana Reyes Vásquez, quienes dejan mucho que decir de la persecución de los delitos y la procuración de justicia.
En su denuncia, Silvia López Ramos detalló que el 21 de octubre de 2018, a las 02:50 horas aproximadamente, su hija Silvia Ivana perdió la vida en un accidente automovilístico en la calle de Las Etnias, en el sector de la colonia Reforma, al norte de la ciudad de Oaxaca, iniciándose al respecto la carpeta de investigación 10472/OAXACA/2018, teniendo como imputados a Alfredo Delgado Cervantes y a Rebeca Leticia Cervantes Navarro, exdelegada estatal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Primeramente se inició la carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo en contra de Alfredo, negándose posteriormente la Fiscalía del Estado a ejercitar acción penal contra el mismo por el delito de abandono de persona por deber de cuidado, destrucción, alteración y desaparición de evidencias y ocultamiento de cadáver.
Así también se negó a proceder penalmente en contra de Rebeca Leticia Cervantes por el delito de destrucción, alteración y desaparición de evidencias.
Ante tanta insistencia y peregrinar, se ha logrado que se finquen responsabilidades contra Alfredo por el delito de destrucción, alteración y desaparición de evidencias, pero no así contra Rebeca Leticia.
De acuerdo con la denunciante, seguirá luchando contra esta negatividad, incluso ante los tribunales federales constitucionales para que sea procesada a pesar de la resistencia del Estado para hacerlo.
Denunció también que en la diligencia de levantamiento de cadáver, Israel Juvenal Vásquez Gómez, Agente Estatal de Investigaciones, realizó la diligencia respectiva sin el apoyo de peritos e incluso, menciona en la diligencia que por órdenes de la agente del ministerio público, Fluvia Rocío Hernández Cruz, dicho levantamiento de cadáver se tenía que realizar sin asistencia de peritos, imponer razón de ello y contraviniendo a todo principio legal y procesal, tanto quien ordena como quien ejecuta dicha orden.
La denuncia en contra de la juez, Suzzete Soto Pinacho, se basa en la audiencia de comunicación de imputación que se llevó a cabo y en la cual se dio a conocer a Alfredo Delgado la imputación que existe en su contra por el delito culposo de homicidio y el delito de abandono de persona.
Durante esta audiencia, la juez soslayó el hecho de que el ministerio público y el asesor legal se mostraron incompetentes e iletrados en la materia, sin que se apercibiera a dichas personas ministerio público y asesor de la víctima y sin que mandara a llamar al defensor de oficio ante la incapacidad de quienes los asistieron, lo cual resulta un grado de corrupción o de ignorancia o desconocimiento de la material penal por parte de la juez de control.
Otras anomalías señaladas ocurrieron cuando Alfredo Cervantes no compareció ante el juez para la audiencia de comunicación del delito de destrucción, alteración y destrucción de evidencias, pretextando que se encontraba enfermo.
La denunciante hizo ver las anomalías respecto a un justificante como el certificado médico que exhibió el imputado.
Acusó que tanto el Ministerio Público como el juez soslayaron los argumentos y a la Ley General de Salud, aduciendo que la suscrita no es perito médico y no quisieron ahondar en el tema, lo cual evidencia que ambos funcionarios están coludidos con el imputado y su defensa en actos de corrupción o que ambos funcionarios son ineptos y por demás ignorantes del derecho.
“No pasa desapercibido que el hecho para la suscrita que dicho imputado es político y persona cerna a los círculos del poder Ejecutivo y Legislativo del estado de Oaxaca, pues se ha desempeñado como Presidente del Comité Directivo del Frente Juvenil Revolucionario del Partido Revolucionario Institucional Estatal, mismo que postuló al Gobernador actual, quien además era diputado plurinominal electo hasta que por resolución judicial del Tribunal Federal Electoral, Sala Jalapa, dejó de ser, por lo que existe la tercera hipótesis de tráfico de influencias”.
